DOMINGO 6 DE MAYO


Comisión Federal de Electricidad

Viejas y ¿nuevas? irregularidades

El pasado 25 de abril se presentó ante el secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Barrio Terrazas, una nueva denuncia por quebranto patrimonial en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad y en el que estarían involucrados diversos funcionarios de la paraestatal a lo largo de 15 años. En la demanda, que también se presentó ante la Procuraduría General de la República y que la semana próxima se entregará certificada en la Presidencia de la República, se le solicita al titular de la Secodam que se separe de sus cargos y funciones a los funcionarios involucrados "en los acuerdos de inicio DR/045/00 y DR/044/00, para evitar que sigan entorpeciendo la investigación y encubriendo el ilícito".Esta es la historia

Emilio LOMAS M. * Fotografías: Rosaura POZOS

Toda la furia del poder se desató el 31 de agosto de 2000, cuando el entonces director de administración de la Comisión Federal de Electricidad, Gerardo Ruiz Esparza, llamó a su oficina al que era gerente del área de transmisión y transformación central, Marco Polo Díaz García, para comunicarle "por instrucciones del director general, Alfredo Elías Ayub, su cese como trabajador, por haberle perdido la confianza y realizar actos que afectan gravemente el prestigio e intereses de la paraestatal".

En días previos, Díaz García se había negado a firmar una minuta indebida, inexacta y falta de verdad que permitiría al proveedor Sistemas Eléctricos de Potencia, Automatización y Control (SEPAC) liberarse de sus compromisos contraídos con la CFE en el contrato 98-1-0048-PEE, para suministrarle equipos "fuera de tiempo y sin las especificaciones mínimas requeridas" para el Sistema Integral de Control Local de Estación (SICLE).

enegia8El mismo día, el asistente de Díaz García, el ingeniero Oscar Leonardo Rodríguez Alcaine Hernández --sobrino de La Güera Rodríguez Alcaine--, también fue separado de la institución, no sin que antes Ruiz Esparza le ofreciera mejorar su situación laboral y económica, "siempre y cuando no se prestara a las maniobras de su jefe". En otro momento del 31 de agosto, sin que mediara explicación alguna, fue "removido" como titular del Organo de Control Interno de la CFE Manuel de Jesús Olvera Mazariegos.

Alguien, aún no identificado, supuso que un documento de la Contraloría Interna de la CFE publicado el mismo 31 de agosto en las páginas de La Jornada había sido "filtrado" por alguno de esos personajes, en el cual se daba cuenta puntualmente de una serie de irregularidades que 25 funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad realizaban precisamente con la empresa SEPAC, la cual hasta la fecha se encuentra embargada por la Secretaría de Hacienda en virtud de que no ha cumplido oportunamente con sus obligaciones fiscales.

Esto último según lo reconocieron el 30 de marzo de 2001 los apoderados legales de la paraestatal, Ricardo Zeta Gutiérrez y Edgar Uribe Espinosa de los Monteros ante el juez noveno de distrito en materia civil. Es decir que aun a sabiendas de que esta empresa no podría participar en licitación alguna, "alguien" de adentro de la paraestatal le permitió a SEPAC seguir concursando, y no sólo eso sino que, además, le allanó el camino y hasta le dio facilidades para que se le asignaran licitaciones ilícitamente, sin que la empresa ofreciera las mínimas condiciones técnicas para la CFE.

Todas estas irregularidades y su divulgación empezaron a generar irritación de ese personaje aún no identificado en esta historia, al grado de que Marco Polo Díaz García y Oscar Leonardo Rodríguez Alcaine recibieron reiteradas amenazas de muerte vía telefónica en sus respectivos domicilios, y el segundo hasta fue baleado.

La explicación que ofrecieron ambos en el curso de la semana que concluyó en sendas reuniones encabezadas por el subsecretario de Normatividad y Control de Gestión de la Secodam, Alejandro Torres Palmer, es que "ha existido complicidad de los encargados de la operación del sistema eléctrico (Arturo Hernández Alvarez, Néstor Moreno Díaz, Octavio Larios González, Oswaldo Gangoiti y Julián Adame Miranda) con los proveedores, provocando un quebranto patrimonial millonario a la CFE, fácil de comprobar".

Según la información entregada tanto en la PGR como en la Secodam, "proveedores de la paraestatal han realizado innumerables negocios al margen de la ley en complicidad con los responsables de las ocho áreas de control y sus respectivas subáreas, así como con las contralorías internas".

Apenas hace unos días, en otra reunión a la cual no pudo asistir el titular de la Secodam, Francisco Barrio, pero en la que estuvo presente el director general de Auditores Gubernamentales, Roberto Muñoz Leos --hermano del director de Petróleos Mexicanos--, un grupo de técnicos de la paraestatal explicó cómo "desde 1985 se han venido adquiriendo equipos innecesarios para diversas áreas, que sólo han servido como botín personal de los responsables del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)".

*¿Qué hay detrás de la luz?

"Supongo que ni en los mejores tiempos del priísmo se realizaron fraudes tan burdos dentro del gobierno", le habría dicho el joven ingeniero Rodríguez Alcaine al subsecretario de Normatividad de la Secodam, Alejandro Torres Palmer.

Mire usted, agregó, "el subdirector de Transformación y Control de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno Díaz, liberó ilegalmente a Sistemas Eléctricos de Potencia, Automatización y Control de sus compromisos legales contraídos con la CFE, y en una situación inédita provocó que este proveedor demandara civilmente a la paraestatal, a Marco Polo Díaz García, a Antonio Caudillo Joya y a Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, reclamando daños económicos por más de 16 millones de pesos, y de paso a quien escribe, por daño moral, pues según la querella, la información publicada el 31 de agosto de 2000 en La Jornada afectó la imagen internacional de SEPAC".

"Es decir, esta demanda intentaría por un lado desvirtuar fraudulentamente el quebranto y, por el otro, acallarlo periodísticamente, o por lo menos dejar constancia de que 'alguien' no permitiría que este tipo de informaciones se ventilen más en los diarios", dijo en su oportunidad Díaz García al subsecretario de la Secodam.

Pero lo más importante, comentaron, es que a la fecha los equipos del sistema siguen sin recibirse y los que se han entregado no operan al 100% como estaba estipulado en el contrato, amén de que a SEPAC se le continúan adjudicando contratos directamente, o por medio de los llamados paqueteros como Isolux, Siemens, ABB y Techint, entre otros.

Esto aquí y en China se llama quebranto patrimonial, remató Díaz García.

Pero un detalle más, le habría dicho Juan Manuel Bellacetín al funcionario de la Secodam: "A estas alturas SEPAC ya no se llama SEPAC". "¿Cómo?", preguntó. "Sí señor, el dueño de SEPAC, el ingeniero Louise Lechevalier, ex funcionario de la CFE, le cambió el nombre y ahora la razón social de SEPAC es Lebiam, SA de CV". El funcionario no pudo más y exclamó: "son chingaderas".

Los argumentos siguieron fluyendo el lunes, el miércoles y el jueves pasados en la Secodam y, después de ocho largos meses, el ex funcionario, su asistente y un grupo de asesores pudieron despepitar: "Señor subsecretario, dentro de la CFE se han perpetrado quebrantos millonarios . Le anexo copia simple de la contestación certificada del juzgado noveno de distrito en materia civil en el Distrito Federal, donde está radicada la citada demanda que ofrece la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la CFE".

energia4"En esa contestación queda claramente demostrado que nuestro proceder para proteger los intereses de la CFE fue en todo momento fundamentado en la ley y que a pesar de que el ingeniero Néstor Moreno Díaz, el licenciado Gerardo Ruiz Esparza, el ingeniero Oswaldo Gangoiti Ruiz --entonces director de Operación--, el licenciado Fernando Bueno --coordinador de Asuntos Jurídicos--, la licenciada Martha Leticia Pinto Palmer --ahora contralora interna en la CFE-- y el licenciado Antonio Caudillo Joya --director de Responsabilidades--, entre otros funcionarios, fueron oportunamente informados y omitieron su responsabilidad al no actuar en consecuencia.

"Con la misma contestación de la CFE a la demanda interpuesta por SEPAC, queda claro --desde el 31 de agosto de 2000 y complementado el 27 de octubre de 2000 como parte de la ratificación de mi denuncia hecha ante el licenciado Antonio Caudillo Joya-- el indebido proceder de diversos servidores públicos ante tal y evidente quebranto, y queda plenamente comprobado que tuve la razón en todo momento", agregó Marco Polo Díaz García.

Dijeron que hay más cosas raras en esta historia, como el hecho de que el mismísimo Néstor Moreno Díaz, anterior coordinador de Transmisión y hoy subdirector de Transmisión, Transformación y Control, tiene una denuncia penal interpuesta por la propia CFE, por un fraude de más de 14 millones de pesos, conjuntamente con la empresa APYCSA. En cualquier otro país, sostiene Marco Polo Díaz García, ya se le hubiera separado del cargo para investigarlo.

*Asignación directa y/o negocios particulares

Primero ante el director de Auditoría Gubernamental, Roberto Muñoz Leos --quien a principios de la semana que concluye acompañó a Alfredo Elías Ayub a Petacalco--, y luego ante el subsecretario de Normatividad, Control y Gestión de la Secodam, Alejandro Torres Palmer, explicaron que las asignaciones directas son ya práctica común en la CFE y los argumentos son siempre "la urgente conveniencia" de adquisición a tal o cual proveedor, sin planeación previa y sin que demuestre efectivamente la óptima relación costo-beneficio para le entidad.

Otra evidencia que solicitan que se revise: el coordinador de Proyectos Termoeléctricos, Alberto Ramos Elorday, asignó directamente al consorcio Siemens-Westinghouse-Power-Corporation la compra de dos turbinas generadoras de 150 megavatios, por más de 134 millones de dólares. Lo que sorprende de esta adquisición es que el proveedor ni siquiera tenía planeada la fabricación de las turbinas solicitadas.

Hay también una contratación que los denunciantes consideran injustificada de renta de helicópteros a la empresa Heliservicios Campeche. Esta se realizó a pesar de que la CFE cuenta en la actualidad con 12 aparatos que se encuentran virtualmente arrumbados en el aeropuerto de Toluca, estado de México. Explican que este excesivo tiempo de contratación no se está utilizando actualmente y que para justificarlo las naves se utilizan con propósitos de carácter personal o extraoficial, en perjuicio del erario público.

Otra caso más. El 14 de junio de 2000 se aprobó el dictamen del caso número AD-DOOOO-01-00, para adjudicar directamente a la empresa Medidores IUSA la adquisición de vatihorímetros monofásicos y polifásicos por más de 287 millones de pesos. Los técnicos reunidos en Secodam explicaron que existiendo en el mercado equipos modernos con tecnología de punta, que restringen el acceso manual y discrecional a las lecturas del consumo de los diferentes usuarios del servicio eléctrico, se adquirieron equipos manipulables, caros y obsoletos, que propician malos manejos en la facturación, alteración de cifras y manipulación de "condonaciones discrecionales" de consumo, en perjuicio del erario público. Estiman que un equipo similar de otra marca y proveedor vale casi la mitad de lo que costó el contratado.

*Petacalco y el mambo de los millones

El caso Petacalco ya atrajo la atención del presidente Vicente Fox, y prueba de ello es que hace un par de días solicitó que se le informara "cómo va el asunto", amén de que la semana pasada hubo movilizaciones de funcionarios de diversas dependencias a esa central termoeléctrica, ubicada entre los estados de Michoacán y Guerrero. La fiscalía especial de la PGR que se creó para investigar el caso ya tiene las declaraciones de los ex directores de la CFE, Guillermo Guerrero Villalobos y Rogelio Gasca Neri, y del ex titular de la Secodam, Arsenio Farell Cubillas, así como de Eric Roberto Butcher Martínez, quien se encuentra inhabilitado administrativamente por haber incurrido en malversación en ese proyecto.

El mismo director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, informó a este diario que la dependencia a su cargo ha aportado todos los elementos de prueba que se le han solicitado en la denuncia presentada el 2 de octubre de 2000 por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva y por la Secodam ante la PGR, autoridad que asignó a este asunto el número de averiguación previa número 1198/FESPLE700 y 1251/FESPLE72000, radicado en la mesa XI de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la cual se sigue en contra de Eric Roberto Butcher Martínez y otros, en razón de que infringieron la normatividad en el contrato de prestación de servicios número 968001, al autorizar indebidamente el memorándum de entendimiento y el convenio modificado, relativo al Sistema de Cenizas, sin licitación y cuyo monto al final, según los auditores internos del Organo de Control, fue superior en 15% a lo previsto.*

Todos y cada uno de los personajes que aquí se mencionan, existen, y son ya investigados algunos por la Procuraduría General de la República y otros por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y las historias aquí reseñadas también son parte de la realidad y se desprenden de denuncias y documentos oficiales elaborados por la Contraloría Interna y por otros órganos de control de la Comisión Federal de Electricidad y la propia Secodam.