DOMINGO Ť 10 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Fueron acusados de plagiar a Lorena Pérez Jácome

Denuncian tortura 2 hermanos sentenciados por secuestro

Ť La Procuraduría cerró el caso; un comandante prófugo

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Enrique y Adrián Aranda Ochoa están presos desde 1996, sentenciados a 50 años de cárcel por el secuestro de la hija del senador priísta Dionisio Pérez Jácome. A la fecha, sin embargo, insisten en su inocencia y en que fueron torturados por policías judiciales para obligarlos a declararse culpables.

Lo cierto es que hay una denuncia penal por estos hechos, por los cuales fue consignado un comandante de la Policía Judicial, acusado de lesiones y abuso de autoridad en contra de ambos internos.

El jefe policiaco, quien está prófugo de la justicia, no fue el único que participó, aseguran los hermanos, quienes acusan a por lo menos 20 elementos más de la corporación. Por eso la investigación --que involucraba incluso al mismo legislador y al ex jefe de la Policía Judicial, Luis Roberto Gutiérrez Flores-- quedó abierta hasta mayo pasado, cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal decretó el no ejercicio de la acción penal por la denuncia de tortura, aunque hubo un peritaje que comprobaba las lesiones que después de su detención presentaban Enrique y Adrián, de 42 y 33 años.

Por considerarse víctimas de una injusticia, han emprendido la batalla legal y presentaron un recurso de inconformidad ante la PGJDF.

Cuentan desde hace una semana con los dictámenes de peritos en medicina forense que corroboran las lesiones y un estudio victimológico que establece síntomas de "estrés postraumático por tortura", documento que --aseguran-- el agente del Ministerio Público les había ocultado pese a las reiteradas peticiones para tener una copia, ya que para ellos es la prueba de que en su momento fueron torturados para obligarlos a firmar su confesión.

Así, con dicho documento, además de pugnar para que la Procuraduría capitalina no cierre las investigaciones, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos como el Centro Agustín Pro Juárez y Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura, buscarán la revisión de su caso en los tribunales.

Los hermanos Aranda fueron detenidos la madrugada del 25 de junio de 1996 por policías preventivos, con cargos de intento de robo, pero al ser llevados a una agencia del Ministerio Público en Coyoacán, fueron acusados de haber participado en el secuestro de la conductora de Televisión Azteca Lorena Pérez Jácome.

Según la denuncia penal 21/3137/97-10 que presentaron el 7 de octubre de 1997 por el delito de lesiones, misma que ratificaron el 21 de mayo de 1998 formulando además cargos por tortura y abuso de autoridad, en las instalaciones de la PGJDF ubicadas en Coyoacán fueron golpeados por agentes del Grupo Especial de Reacción e Intervención de la Policía Judicial capitalina (GERI) y posteriormente los trasladaron a las instalaciones de la dependencia que entonces se encontraban en la avenida Arcos de Belén.

Allí, establece la indagatoria, "fueron golpeados nuevamente y amenazándoles de que le causarían daño a su familia si no firmaban su declaración en donde aceptaban haber intervenido en el secuestro de Lorena Pérez Jácome".

El entonces titular del juzgado 5 de lo penal con sede en el Reclusorio Norte, Leobardo Martínez Soria, les dictó sentencia de 50 años de prisión y en la apelación ante la sala 8 penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en una revisión "extremadamente rápida", menos de 24 horas, fue ratificada la sentencia.

Enrique, con maestría en sicología y quien entonces era profesor de la Universidad Iberoamericana, y Adrián, contador en la empresa cervecera Cuauhtémoc-Moctezuma, insisten en su inocencia. Afirman que "el juez nos descalificó todas nuestras pruebas limitándose a decirnos que tiene línea".

Entre las pruebas de descargo refieren que el lugar en el que Dionisio Pérez Jácome asegura haber entregado el dinero del rescate, un puente sobre la carretera pasando la caseta de cobro, nunca fue encontrado por los peritos de la PGJDF. Los nueve billetes de 200 nuevos pesos que el mismo legislador asegura fueron recuperados por la policía, con un número de serie fuera de circulación, y que nunca tuvieron a la vista en el proceso, tampoco figuran en la relación de objetos decomisados. Además, la desaparición en el juzgado de un caset donde presuntamente estaban grabadas sus voces y de la que tampoco existe versión estenográfica, entre otras irregularidades.

En mayo del año pasado, la PGJDF consignó al comandante Guillermo Vargas Sandoval por lesiones y abuso de autoridad y dejó un desglose de la averiguación previa para continuar con las investigaciones, pues los acusados aseguran que en las torturas intervinieron por lo menos 20 agentes judiciales, por instrucciones del entonces jefe de la PJDF, Luis Roberto Gutiérrez Flores, y el ex director y ex subdirector de Investigaciones Especiales, Emilio Gómez e Ismael de la Rosa Ramírez.