MIERCOLES Ť 13 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Mal manejo de 20 mil toneladas de residuos peligrosos
Apoyará la Semarnat a SLP contra empresa estadunidense
Ť Autoridades exigen sanamiento de Guadalcázar
ANGELICA ENCISO L.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales apoyará al gobierno de San Luis Potosí para fincar responsabilidad penal a la empresa estadunidense Metalclad por manejar inadecuadamente alrededor de 20 mil toneladas de residuos peligrosos en el municipio de Guadalcázar, señaló el gobernador Fernando Silva Nieto.
Luego de que Metalclad presentó y ganó ante un tribunal del Tratado de Libre Comercio con América del Norte una demanda porque el gobierno mexicano no protegió sus derechos como inversionista -al clausurar definitivamente el confinamiento de residuos peligrosos, ubicado en La Pedrera en Guadalcázar-, las autoridades estatales demandan que la empresa haga un saneamiento del lugar y se manejen adecuadamente los residuos peligrosos.
Entrevistado al término de su participación en el Primer Encuentro Internacional sobre Sitios Sagrados Naturales, el mandatario estatal recordó que había solicitado al presidente Vicente Fox su intervención para el saneamiento del predio ya que hay poblaciones aledañas.
La respuesta del gobierno federal fue apoyar en la revisión jurídica del caso y proceder penalmente contra Metalclad. La empresa ganó la controversia al gobierno de México, quien debería pagar una indemnización de 16.7 millones de dólares a la empresa, aunque todavía está pendiente la resolución a una apelación del gobierno sobre el caso.
En 1990 la empresa Confinamiento de Residuos Industriales (Coterin) puso en marcha una estación de transferencia en La Pedrera, la cual fue clausurada un año más tarde por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente debido a que almacenó inadecuadamente alrededor de 20 mil toneladas de residuos peligrosos.
Después, en septiembre de 1993, 94 por ciento de las acciones de esta empresa fueron adquiridas por la estadunidense Metalclad, a pesar de que todo ese tiempo el lugar estuvo clausurado. La empresa nunca logró poner en operación el lugar por la oposición de las comunidades aledañas, además de que los residuos peligrosos siguen ahí.
Silva Nieto consideró que independientemente de las responsabilidades que haya en este caso, la basura del lugar debe retirarse y alguien tiene que pagar por ello. El gobierno no tiene los recursos para hacerlo y esta situación es responsabilidad de la empresa, señaló.
El territorio nacional se contamina por no adoptar la decisión de construir espacios, dijo, y se han encontrado tiraderos clandestinos de residuos peligrosos. "No sabemos quiénes son los generadores, y es algo que se investiga", pero debe haber sitios adecuados para establecer confinamientos.