MIERCOLES Ť 13 Ť JUNIO Ť 2001
Emilio Pradilla Cobos
Laberinto de la lucha contra la corrupción
El linchamiento extrajudicial montado por el Partido Acción Nacional, el diario Reforma y otros medios de comunicación contra Rosario Robles, ex jefa de Gobierno del Distrito Federal, que ahora incluye también a Samuel del Villar, ex procurador de Justicia capitalino, nos obliga a reflexionar sobre las inconsistencias del discurso y la práctica de la lucha contra la corrupción, que convierten esta acción democrática y republicana en un laberinto del que suelen escapar los culpables, pero que puede atrapar a muchos inocentes.
El viejo régimen político priísta alimentó con su autoritarismo e impunidad la cultura social de la corrupción, muchos de cuyos actores connotados siguen en el anonimato o gozando de sus frutos en el país o en el extranjero. Pero este hecho condujo erradamente a la presunción de que "todo funcionario (Ƒo ciudadano?) es corrupto mientras no demuestre lo contrario", lo cual se contrapone con los derechos humanos, constitucionales y legales. En el imaginario social y en la manipulación política y mediática irresponsable se confunden los descuidos o errores administrativos con la desviación de recursos y el peculado; ilegítimamente se identifican como iguales "meter la pata" y "meter la mano".
En lugar de atacar las causas estructurales de la corrupción, entre las que están los bajos salarios reales de los empleados públicos afectados por 25 años de topes salariales propios del modelo económico dominante, se optó por establecer una maraña de normas y reglamentos, la mayoría contradictorios entre sí, que atrapan a los administradores públicos, dificultan la toma de decisiones políticas, entorpecen la gestión pública y afectan a los gobernados. Lo contradictorio es que la normatividad no detiene a los corruptos, cuyo éxito está en "darles la vuelta" sin dejar rastro para su detección por los mecanismos de control. Lo más jugoso e indetectable de la corrupción ocurre por fuera de los procedimientos administrativos, incluye a agentes privados no sujetos a control, y no deja prueba.
Para luchar contra la corrupción se diseñó en el ámbito federal y local un enorme, costoso, complejo y lento sistema burocrático que incluye a las contralorías de los ejecutivos federal y locales, las contadurías de Hacienda en las legislaturas y las auditorías externas, que triplican la misma función y cuyo costo de operación puede ser mayor de lo que se imagina o lo realmente perdido por corrupción, pero que tampoco está vacunado contra ésta.
Este sistema se sustenta en una normatividad que deja muchas dudas sobre su apego a la lógica del derecho universal. Las contralorías son parte en los procesos juzgados, ministerios públicos y fiscales y jueces. Participan, sin asumir responsabilidades, en los procesos administrativos que luego revisarán, actúan como Ministerio Público en la investigación de los supuestos delitos y como acusadores cuando "detectan irregularidades", usando a veces la información de que disponían desde antes de cometerse el acto indebido; y son jueces de primera instancia al aplicar las penas de "amonestación", "inhabilitación para cargos públicos" o "devolución del daño patrimonial causado". Ello ocurre sin que exista un juicio formal, y sin que el acusado tenga suficientes posibilidades de oponer sus razones y pruebas a las del acusador. Aunque luego exista la posibilidad de apelación en la justicia administrativa o penal, y ésta declare la inocencia, ante la opinión pública ya se hizo el daño con la declaratoria de corrupción o mala administración. En general, los auditores privados y los contralores públicos carecen de la formación técnica y profesional para juzgar muchos aspectos específicos de los actos juzgados que se salen de lo procedimental y contable.
La fragilidad de estos procedimientos se puso de manifiesto en la indebida identificación hecha por Reforma, y asumida por otros medios de comunicación, entre un informe de avance de procesos de "aclaración", investigación de "irregularidades" o "falta de comprobación adecuada", presentado por la Contraloría del DF a la Asamblea Legislativa, y el "desvío de recursos" y posible "peculado" en el "caso Robles"; allí radica la presunción de difamación y calumnia cometidas por estos medios contra la ex jefa de Gobierno.
Una reforma del Estado que aspire a ser democrática, republicana y justa con los ciudadanos y con los servidores públicos debería resolver estas incongruencias del sistema de lucha contra la corrupción, sentando las bases para la solución de sus causas estructurales, convirtiéndolo en coadyuvante para la prevención de fallas administrativas no delictivas, evitando las costosas duplicidades de funciones y procesos, haciendo que los procesos de persecución de los presuntos delitos garanticen los derechos de los ciudadanos-funcionarios. Asimismo, eliminando el indebido triple papel de parte, fiscal y juez que cumplen las contralorías, y estableciendo parámetros de pertinencia y validez de la información manejada por los medios. Es toda una cultura social la que hay que transformar para luchar contra la corrupción; la vía incorrecta parece ser la cacería de brujas medieval o el terrorismo administrativo.