DOMINGO 22 DE JULIO DE 2001


En Ixmiquilpan, todo comenzó con los muertos

La tolerancia en un hilo

Las cámaras estaban listas para registrar el momento en el que los católicos expulsaran a los evangélicos de la comunidad de San Nicolás. La primera llamada, el 17 de junio, se aplazó. La segunda, el martes pasado, tampoco ocurrió. Entre la amenaza y los plazos fatales hay una larga historia de acuerdos y negociaciones, no exenta de pasiones y protagonismos. Los reflectores de los medios han evitado el estallido de la violencia. ¿Por cuánto tiempo?

DANIELA Pastrana

El funcionario abre su carpeta y señala el último de los acuerdos arrancados a la fe: "Mientras haya diálogo -dice el punto firmado el 15 de junio- no realizarán acciones contra las otras partes y se desistirán de todas las acciones penales".

maries187El resto de los acuerdos raya en los linderos de la ambigüedad: se reconoce la "conveniencia" de preservar los usos y costumbres de la comunidad, "siempre y cuando no afecten los derechos humanos"; se establece que "ambas partes respetarán sus creencias religiosas", y que el grupo evangélico sólo aportará cuotas para servicios comunitarios (no aclara cuáles).

Pero Claudio Rodríguez Maldonado, director de Gobernación de Hidalgo, se aferra al último punto y su clave: si se mantiene el diálogo, nadie empieza el pleito.

"En eso estamos", se ufana.

Aunque el diálogo, en realidad, se mantiene con pinzas y cada reunión parece una prueba de resistencia, en buena medida porque los principales afectados (los evangélicos de San Nicolás) no ceden ni una pizca en sus exigencias.

"Las posiciones irreductibles no están ayudando en nada a distender el problema -admite-. Parece que hay quienes quisieran alargar el conflicto lo más que se pueda".

*El principio

El 18 de marzo la comunidad San Nicolás decidió, en asamblea, suspender el servicio de agua potable a los profesantes de un credo distinto al católico (bajo el argumento de que se negaban a dar la cooperación anual para las obras del pueblo). La drástica decisión pronto se difundió y esta pequeña población de 5 mil habitantes, en el Valle del Mezquital, se convirtió en sinónimo de intolerancia religiosa.

Como en otras comunidades indígenas, en San Nicolás el conflicto religioso tiene muchos años.

El remate fue lo de los muertos.

En 1998 Jerónima Corona tuvo que ser sepultada en otro pueblo porque los católicos no le dieron espacio en el panteón. Al año siguiente, Rosa Galindo corrió la misma suerte. En el 2000 le tocó a Candelaria Vega.

El 5 de enero de ese año, la Subsecretaría de Gobernación de Hidalgo recibió la denuncia de esos hechos de parte de los integrantes de la iglesia cristiana independiente pentecostés Bethel.

En respuesta, las autoridades comunitarias presentaron una acta de 1998 en la que se establecía que no se daría el servicio funerario a quienes no cooperaran para la fiesta del pueblo. El matiz quedó en otro escrito, de diciembre de 2000: "cualquier vecino de la comunidad que requiera este servicio no le será negado, siempre que acredite en forma fehaciente que ha cumplido con sus obligaciones y faenas, no importando la religión a la que pertenezca".

En los primeros meses del año, los gobiernos estatal y municipal realizaron gestiones para exhortar a los evangélicos a regularizar sus cuotas (150 pesos anuales). La respuesta fueron denuncias penales, por despojo, en contra de las autoridades comunitarias. Así llegó la asamblea del 18 de marzo y el ultimátum de los católicos: se regularizaban o serían desalojados en tres meses.

Nueve días después, el gobierno estatal convocó a los involucrados a una reunión en la presidencia de Ixmiquilpan. Los dirigentes evangélicos no se presentaron. En vez de eso, acudieron a la misma hora al palacio de gobierno, en Pachuca, y demandaron hablar con el gobernador, Manuel Angel Núñez.

Esa ha sido la tónica.

*Juntos... y revueltos

Bronco, impulsivo, Heriberto Lugo suele decir que "la decisión de la comunidad está por encima de la Constitución". Y ya cuando lo hacen enojar, el delegado municipal -católico hasta los huesos- se ufana: "Soy soldado, estoy entrenado para matar".

 Así las cosas, pues.

 Más allá de lo meramente religioso, el mosaico político y social que atiza el conflicto en San Nicolás es -como en muchos otros casos de intolerancia religiosa- sumamente complejo.

 Cómo entender, si no, que Ponciano Rodríguez, quien en sus épocas de cacique de la región fue el primero en promover la expulsión de evangélicos, ahora los represente. "Eran otros tiempos", ha dicho.

O que Cirilo Quezada, presidente municipal de Ixmiquilpan, donde el PRI mantiene su hegemonía, sea abiertamente evangélico (obvio decir que es uno de los más activos promotores de la conciliación).

O que Celerino González, militante perredista y otra de las cabezas visibles del grupo inconforme, asegure que es católico, pero que también lo quieren correr por defender la causa de los evangélicos.

En el gobierno estatal corre la especie de que el conflicto ha sido "inflado" a propósito por intereses partidistas.

Y es que Guillermo Cano, el principal dirigente de los evangélicos (aunque tiene 30 años de edad y poco tiempo en la asociación religiosa), y el pastor Anastasio Ortiz, son a la vez integrantes del comité municipal del PRD.

A saber. Pero?dicen los testigos? algo tienen en común Guillermo Cano y Heriberto Lugo: "son terriblemente protagónicos".

San Nicolás es una de las comunidades más grandes de Ixmiquilpan. Tiene por ello un delegado municipal y cuatro subdelegados. En la zona se instalaron las primeras misiones católicas y es conocida la profunda penetración de las comunidades eclesiales de base. De ahí han salido los mayordomos y los delegados municipales de San Nicolás.

Su parroquia depende de la diócesis de Tula, aunque la influencia más directa es de la catedral de Ixmiquilpan.

Pese al poderío de los delegados municipales (que incluso han enfrentado al párroco de San Nicolás por su posición conciliadora), el 19 de mayo 10 párrocos de la zona firmaron un comunicado llamando al diálogo y a la convivencia pacífica "a pesar de las diferentes manifestaciones religiosas".

* * *

En la otra esquina las cosas no se ven mejor.

La posición radical del grupo que encabeza Guillermo Cano no es compartida por otros dirigentes evangélicos.

A principios de mayo, los pastores Jairo Hernández, Armando Almanza y Modesto Aguilar, integrantes de la Alianza Ministerial del Valle del Mezquital, advirtieron que sus "hermanos" de San Nicolás "escogieron a un vocero que resulta ser 'un recién nacido en el Señor y líder de un partido político'".

El 15 de mayo, los pastores Anastasio Ortiz, de San Nicolás, y Alejandro Hidalgo, de Ixmiquilpan, enviaron su respuesta: "No aceptamos su injerencia a funciones que no le corresponden, dado que este asunto tiene una representatividad que ha pasado por alto".

La cuerda terminó de tensarse el 15 de junio, en la Subsecretaría de Gobernación estatal.

Dos días antes, distintas asociaciones religiosas se dieron cita en la Secretaría de Gobernación federal, donde se comprometieron a "fomentar la cultura de la tolerancia".

Pero eso no pareció importarle a Guillermo Cano, quien se levantó de la mesa porque "no había condiciones para el diálogo".

Fue evidente la posición antagónica de Fernando Márquez, director general de la iglesia cristiana independiente pentecostés: "No avalamos lo que dice el hermano y no creemos que sea la actitud que prevalece en la mesa".

¿Qué sigue?

Pese a la tensión, el presumido diálogo no se ha suspendido desde el 30 de mayo. En las reuniones participan directamente representantes del gobierno federal. Y hasta ahora, no ha habido golpes.

Eso sí, tampoco avances tangibles.

Aunque Claudio Rodríguez tiene su propia opinión: "estos asuntos son tan complejos que mantener el diálogo y garantizar que no haya violencia es un avance".*