MARTES Ť 24 Ť JULIO Ť 2001
LEY INDIGENA
Ť Presumen que sería "gente de Gobernación de Puebla" la responsable
Amenazan a síndico y abogados que presentaron la controversia constitucional contra la reforma
Ť Aseguran que los congresos de la Unión y local violaron el Convenio 169 de la OIT
El síndico del ayuntamiento de Molcaxac, Benigno López, así como los abogados que interpusieron la controversia constitucional contra la reforma indígena denunciaron que han recibido amenazas telefónicas presuntamente de miembros del gobierno del estado de Puebla para que se desistan del recurso que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o de lo contrario, sufrirán represalias.
Larisa Ortiz, una de las abogadas, comentó que se desconoce quiénes realizaron las llamadas, pero se identificaron como integrantes del gobierno poblano. Indicó que existe el temor de que haya algún acto de represión, "como el que ya hubo en Guerrero" contra un grupo de manifestantes que protestaban contra dicha reforma.
Por su parte, la diputada perredista Susana Wuotto Cruz dijo que por lo general "este tipo de amenazas provienen de los órganos menores de la Secretaría de Gobernación" de Puebla.
En rueda de prensa realizada en el salón Hidalgo del Congreso local, los diputados del PRD, Horacio Gaspar Lima y Wuotto Cruz, explicaron que con la controversia - presentada ante la SCJN el pasado 4 de julio a nombre de cuatro comunidades locales- se pide la restitución del procedimiento por el cual se realizó la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.
Explicaron que en la demanda, se indica que el Congreso de la Unión y después el Congreso de Puebla violaron el principio de supremacía constitucional, que obliga al Estado al cumplimiento de tratados internacionales. En este caso no se acató el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece en su artículo 6 que es una obligación el "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".
Tanto a nivel nacional como en Puebla, afirmaron los legisladores perredistas, no se consultó a los pueblos indios la aprobación de la reforma constitución.
Otros dos aspectos que se cuestionan en la controversia es que se considere a las comunidades indígenas "como entidades de interés público", en lugar de ser sujetos "de derecho público".
Además, se rechaza que se considere como autonomía indígena "el elegir en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos", en lugar de permitir a los indios ser parte de los gobiernos municipales.
Consecuencias negativas
Abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas aseguraron que la promulgación de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas traerá "consecuencias negativas" para las comunidades de Chiapas, ya que "por muy legales que sean, las reformas constitucionales no tendrán legitimidad porque han sido rechazadas por una buena parte de los indígenas, a quienes se supone están dirigidas".
Entrevistados en las oficinas del organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García, los abogados José Antonio Montero, Juan López Villanueva y Rafael Landerreche hablaron sobre el tema que ha generado un amplio debate nacional en los meses recientes.
Montero señaló que la reforma constitucional genera un conflicto legal con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.