JESUS Ramírez Cuevas

Tlaxcalalcingo, Puebla. Un buen día los habitantes de este pueblo nahuatl despertaron con la noticia de que se quedarían sin tierras; que de acuerdo a los planes del gobierno estatal se expropiarían sus milpas, y que, de un solo golpe, se convertirían en colonos y futuros obreros de la maquila.

El anuncio llegó como rumor. Luego conocieron los planos de lo que se pretende construir en sus terrenos. Se trata de mil 200 hectáreas que serían expropiadas por el gobierno estatal al municipio de San Andrés Cholula, incluyendo la totalidad de las tierras de cultivo de Tlaxcalalcingo. Esto alarmó a los indígenas de esta comunidad colindante con la capital poblana.

La experiencia de la última década los alertó. Con el argumento de ser "causa de utilidad pública" ya les han despojado de grandes porciones de tierra.

Austreberto Chiquito, uno de los campesinos, se queja de que "las autoridades no consultaron a la población. El punto polémico es la expropiación por causas de utilidad pública porque se trata de negocios privados en su mayor parte y por el tipo de desarrollo que se propone. Ante los primeros brotes de inconformidad, dos regidores nos mostraron los planos, pero cuando fuimos al municipio nos presentaron dos planes distintos, eso nos hizo desconfiar mucho, sentimos que algo ocultaban".

En los planos se aprecia que las milpas se transformarían en grandes zonas comerciales, habitacionales e industriales, una unidad deportiva, centro cultural, centro de salud, un mercado y varios clubes privados. "Al mismo tiempo vimos que de la noche a la mañana se instalaron siete gasolineras. Venía en serio", cuenta Chiquito.

*El futuro, dos visiones

A la entrada del pueblo en una pared hay un lema con letras grandes que describe el ánimo de los indígenas: "Nuestras tierras no se venden. Defendemos el futuro de nuestros hijos".

 El sol se ha ocultado y la noche va cayendo poco a poco. En el salón de actos del pueblo, decenas de comuneros se reúnen para discutir la situación.

 En días pasados, lograron una victoria simbólica, cuando obligaron al presidente municipal panista de San Andrés a convocar al cabildo para cancelar su plan de desarrollo urbano que, en la versión de los pobladores, avalaba la expropiación.

 El ayuntamiento de San Andrés Cholula niega la versión de los pobladores agrupados en el Movimiento Ciudadano que encabeza las protestas.

 Miguel Angel Huepa, secretario general de la alcaldía, es categórico: "No hay planes de expropiación, se trata de un plan de desarrollo urbano que busca ordenar el crecimiento de la región. El gobierno del estado sabe que una expropiación más puede causar una explosión entre los pobladores, que no lo van a permitir porque tienen las experiencias pasadas".

El funcionario explica que el plan del municipio era "crear un cinturón de protección a las tierras agrícolas y construir un mercado, escuelas e instalar agroindustrias. Nada de maquiladoras", dice.

Huepa sostiene que "un grupo de personas muy agresivas del PRD" presionaron al edil para que cancelara su plan, quedando vigente uno anterior que sí permite, al cambiar el uso de suelo a mixto, que se pueda instalar empresas junto a las casas. "Queríamos construir un escudo contra el desarrollo desordenado de la Atlixcáyotl, donde el gobierno estatal ha permitido la destrucción de las tierras de los campesinos, pero la gente está mal informada, es manipulada por los líderes. Con todo respeto, pero muchos no tienen ni la primaria", afirma.

*Los más viejos se murieron

La gente tiene fresca en la memoria las consecuencias de las expropiaciones anteriores.

Austreberto Chiquito Tepeyahuitl afirma que el problema de fondo es que el desarrollo propuesto por el gobierno "sólo beneficia a los más ricos y a los extranjeros, es una agresión contra nuestros pueblos porque afectan nuestro sistema de vida. Nos están ahorcando". Los campesinos a su alrededor asienten con la cabeza.

Austreberto relata: "Desde hace 10 años Tlaxcalalcingo ha sufrido agresiones. Ante el crecimiento de la capital poblana las autoridades comenzaron a afectar a los pueblos rurales de la región".

La mancha urbana fue devorando pueblos. En 1991 el gobernador Mariano Piña Olaya decidió quitarles tierras. En lo que fueron milpas se construyeron la Universidad Iberoamericana y el Hospital del Niño Poblano. "Fueron terrenos que trabajaron nuestros abuelos toda la vida", recuerda.

"El gobierno nos quitó mil 82 hectáreas de San Andrés, la mayor parte de nuestro pueblo". Con el cambio de uso de suelo, pasó de ser zona rural a semiurbana. Los campesinos no tendrían más que cultivar. "Los más viejos se volvieron taciturnos y después se enfermaron, varios de los que perdieron su tierra se fueron muriendo de tristeza", recuerda Chiquito.

Hubo intentos de resistir, "la gente se indignó y protestó pero no hubo consecuencias", dice el dirigente indígena.

En 1996 el gobierno de Manuel Barttlet crea el plan Angelópolis, para ampliar la ciudad. Los pobladores se niegan a entregar 800 hectáreas afectadas. La inconformidad crece y se logra cambiar parcialmente los planes oficiales. "Pero asesinan a uno de los dirigentes y el movimiento se desarticula temporalmente", relata Austreberto.

Entonces el gobierno termina de construir el periférico y grandes centros comerciales e industrias. Se apropia de otros terrenos para edificar "la ciudad judicial".

"Con el pretexto de la utilidad pública, muchos funcionarios se vieron beneficiados por la venta de terrenos destinados a negocios privados", subraya el representante indígena.

A partir de la reforma al artículo 27 en 1992, se fueron acabando las tierras ejidales, hoy no queda un solo terreno de propiedad social. El gobierno pagó a 4 pesos el metro y luego los vendió a particulares. Después Barttlet anuló las transacciones de su antecesor y volvió a vender los terrenos en dólares a través de una empresa norteamericana.

*Un nuevo desarrollo

"Nosotros queremos se hagan los planes de desarrollo pero con la participación de la comunidad", sostienen los indígenas.

Se oponen al crecimiento urbano "desmedido". Una de las cosas más graves que pretende el gobierno, revelan los pobladores, es que Tlaxcalalcingo pase de 65 mil a más de 225 mil habitantes. "Eso sería una catástrofe para la comunidad".

Se crearía un corredor industrial con maquiladoras y zonas comerciales. En la parte sur de la comunidad, quieren hacer grandes vialidades, informa Chiquito Tepeyahuitl. "En los planos se ve claro cómo nos iban a ahorcar con construcciones de todo tipo".

Los tlaxcalacincenses tienen claras las cosas.

Patricia Palma, directora de la escuela "Calpulli de los niños" sostiene que la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión "es un espaldarazo a este tipo de planes. Parece que se trata de aplastar a los indígenas. El gobierno sólo se interesa de nosotros como fuerza de trabajo barata en las maquiladoras. Nos ofrecen ser esclavos en nuestra propia tierra".

La expropiación ha unido a los campesinos de Tlaxcalalcingo, advierte Chiquito. "El pueblo se está organizando para hacer nuevos planes de desarrollo. La gente está respondiendo, está brava".*