JUAN Agulló*

Desde el día en que el euro vio la luz, e incluso antes, la operación de acoso y derribo aplicada desde Washington no ha tenido límites. La ingeniería financiera, las iniciativas políticas y hasta las operaciones bélicas han estado detrás de una premeditada y alevosa estrategia encaminada a desprestigiar, desvalorizar y anular cualquier fuente posible de expansión y de crecimiento para el fruto de una especie de dolarización paralela que se ha venido gestando a lo largo de los últimos años en el viejo continente: la moneda única europea.

Como sea, el hecho cierto es que los errores de los dirigentes europeos en los últimos tiempos han sido proverbiales: se ha pecado de ingenuidad o de incompetencia. Si se pensaba que la santificada libre competencia iba a catapultar al euro hasta una posición de franca competencia con el dólar, los resultados nos muestran hasta qué punto estaban equivocados en Francfort y en Bruselas. Si por el contrario se preveía una depreciación sostenida pero constante, los dirigentes europeos son culpables de embarcar a sus ciudadanos en un dogmático e iluminado proyecto político y económico que, en menos de dos años, ha hecho perder poder adquisitivo a espuertas a los sufridos asalariados; claro está, no a los especuladores.

* El IMSA: modo de empleo

Ahora la nueva trinchera de la soterrada guerra financiera y comercial que desde hace algunos años vienen librando la UE y Estados Unidos se llama IMSA. Se trata de una iniciativa de ley que pretende regular los procesos de dolarización que van a tener lugar a lo largo de los próximos años, fundamentalmente en América Latina. El primero en emprender este sinuoso camino fue Panamá, y hace escasamente un año lo siguió un país que está funcionando de verdadero laboratorio financiero continental: Ecuador.

Lo que el IMSA pretende establecer son los pasos que los países candidatos a dolarizar sus economías tendrán que dar en Washington. La UE impone condiciones draconianas a los países del Este candidatos a integrarse en su estructura: Estados Unidos va a hacer lo propio con las naciones que traten de adoptar el dólar, si no como su moneda, al menos como su patrón de referencia monetaria. Nadie obliga a nadie a hacer nada, al menos aparentemente; sin embargo, una verdadera espada de Damocles pende sobre las economías de países tan alejados como Polonia, Rumania, Argentina o Nicaragua.

Según se desprende del proyecto del senador Mack, cualquier país que pretenda dolarizar su economía se habrá de dirigir -en primera instancia- al secretario del Tesoro estadunidense, quien habrá de dar su visto bueno. La aprobación habrá de realizarse en función de toda una serie de criterios "objetivos", entre los que cabe destacar la completa apertura del sistema financiero nacional a los grandes capitales trasnacionales; el cese en la emisión y circulación independiente de moneda doméstica; el reajuste -normalmente al alza- de precios en el mercado interior y el compromiso de cooperación constante con las autoridades estadunidenses en materia de lavado y falsificación de dinero.

Por si esto fuera poco, la adquisición de billetes y de monedas de dólar por parte del país candidato a dolarizarse no se realizará en ningún caso a través de un suministro directo por parte de la Reserva Federal (FED, banco emisor estadunidense), sino mediante una compra de bonos del Tesoro en los mercados financieros que más tarde serían vendidos por el banco central del país candidato a dolarizarse a la propia FED a cambio de masa monetaria líquida (en otras palabras: financiamiento gratuito del endeudamiento externo estadunidense). El IMSA deja también muy claro que los acuerdos a los que se pudiera llegar con países decididos a dolarizarse no implicarán en ningún caso ni una transformación de la estructura de la FED ni un cambio -organizativo o filosófico- en la política monetaria estadunidense.

Pequeño y último matiz: en el caso de que el intercambio comience a ser -en algún momento del proceso- desigual para Estados Unidos, éste, a través de su secretario del Tesoro, tendrá potestad como para revertir la dolarización, se encuentre ésta en el momento que se encuentre. Como no podía ser de otra forma tratándose de legisladores estadunidenses no existe ni tan siquiera un resquicio que se haya dejado al azar: se está perfectamente conscientes de que la operación en cuestión también conlleva riesgos muy serios.

*El IMSA: la nueva trinchera

De hecho de lo que se trata en última instancia es de debilitar al euro mediante un estrangulamiento de los capitales europeos que se encuentran presentes en América Latina: si el dólar se convierte en la moneda corriente de nuestro continente, el margen de maniobra de los empresarios europeos y asiáticos será nulo, y el de los representantes políticos locales, por supuesto, inexistente. Por si eso fuera poco, mediante la misma maniobra se dinamitaría cualquier pretensión de unificación (aunque sólo sea económica) latinoamericana, favoreciendo de paso una penetración a gran escala de las inversiones estadunidenses en la región. De alguna manera, y como vienen planteando desde hace ya algún tiempo algunos académicos, Estados Unidos compraría -casi literalmente- América Latina, al igual que en el pasado Francia lo hizo con sus ex colonias africanas por medio del franco CFA.

El resultado de las maniobras estadunidenses conllevaría una pérdida de control tal de los gobiernos nacionales sobre sus propias economías que, en la práctica, supondría una anulación casi total de su soberanía, cuyos únicos precedentes históricos podrían ubicarse en la época colonial. No en vano los gobiernos locales se convertirían en una suerte de administraciones provinciales de segunda categoría, cuya única función radicaría en reprimir los descontentos y malestares sociales que generaría una política económica agresiva y, paradójicamente, incontrolable. De alguna manera el viejo ideal, ya no neoliberal, sino liberal a secas, de limitar el papel del Estado al de una enorme maquinaria policial en la que cualquier veleidad de intervención social o económica debe mantenerse al margen, se transformaría en una realidad en América Latina. En Estados Unidos sin embargo -paradojas del destino- el papel político y económico del Estado aumentaría sus funciones, incluso exportándolas fuera de sus fronteras. Más que nunca estaríamos hablando pues de un policía planetario que, en cualquier caso, se cuidaría mucho -como de hecho ya lo hace- de arriesgar sus muchachos y sus capitales.

De esta manera el ideal europeo, chino y ruso -casi nunca expresado formalmente- de una multipolaridad mundial post guerra fría quedaría sepultado, mientras que los cimientos sobre los que se asienta el poderío estadunidense encontrarían un nuevo y más firme asiento que antaño: simple y llanamente la dolarización mataría dos pájaros de un tiro. O quizás, algo más que dos: se evitarían de hecho los quebraderos de cabeza que han supuesto para los grandes empresarios estadunidenses experiencias relativamente frustradas -desde un punto de vista político? como la AMI (Asociación Multilateral de Inversiones), la AET (Asociación Económica Trasatlántica) o incluso los planes de ajuste estructural del FMI (Fondo Monetario Internacional).

 De hecho los peligros que en la actualidad representan los globalifóbicos o los gobiernos recelosos de salvaguardar un nacionalismo incompatible con los nuevos tiempos desaparecerían como por arte de magia. Así, los jovenzuelos protestatarios reorientarían sus frustraciones contra sus propios gobernantes y mientras tanto los Estados de la periferia acudirían a Washington solícitos y sumisos. De esta manera el secretario del Tesoro estadunidense y unos cuantos adláteres y grupos de presión -de los que articulan tradicionalmente la política estadunidense- serían los que impondrían al mundo -o al menos a América Latina- toda una serie de dinámicas políticas y económicas benéficas para las clases dominantes estadunidenses, a despecho de lo que ocurra allende las fronteras de la por ahora única superpotencia mundial.

*La estrategia: desbaratar las resistencias políticas

Los obstáculos por salvar, sin embargo, son aún importantes. Con ello no nos estamos refiriendo al largo proceso administrativo de tramitación de una ley ni, lamentablemente, a las inexistentes cortapisas de unos representantes europeos que -nunca se sabe si por incompetencia, negligencia o complicidad- están muy lejos de encontrarse a la altura de las circunstancias. Los peligros políticos para la dolarización, en estos momentos, provienen sobre todo de la propia América Latina.

En primer lugar se encuentra el Mercosur, una de las experiencias integradoras con mayor potencialidad en el continente casi desde la enunciación -en el Congreso de Panamá- del ideal bolivariano de unidad latinoamericana. Muchos son conscientes de que el Mercosur se podría convertir en una especie de núcleo de partida a partir del cual se podría catapultar un proceso parecido al de la unidad europea, que sería especialmente arriesgado de concluir en una, por ahora sumamente improbable, convergencia monetaria continental al margen del dólar y del euro. Contra el Mercosur, por consiguiente, se lanza el caramelo o la zanahoria -según se mire- del ALCA y por supuesto iniciativas regionales aparentemente asépticas y bienintencionadas como el Plan Puebla-Panamá.

Hugo Chávez (presidente de Venezuela), en cuanto que representante más inmediato y contemporáneo del viejo ideal bolivariano y apostante por el superado modelo de crecimiento hacia adentro, constituye otro de los peligros. Las tensiones, pese a todo, por el momento no han pasado de una taimada y subterránea partida de ajedrez que nadie puede saber cómo terminará. Como sea parece que mientras que Chávez no entorpezca los proyectos estadunidenses para la región o -por acción u omisión- se atreva a exportar su modelo a terceros países, no será molestado.

El tercer punto de tensión se ubica en Colombia. En este caso el riesgo radica en que un Estado profundamente débil se vea obligado a aceptar unas condiciones de paz que permitirían una refundación del propio Estado sobre bases políticas que, sin ser antidemocráticas, tendrían un carácter incompatible y contradictorio con los intereses estadunidenses en la región. Aceptarlo, de hecho, equivaldría a correr el riesgo de que en países cercanos a Colombia -como por ejemplo Ecuador-, aun no existiendo guerrilla pero sí una sociedad civil convenientemente organizada (en este caso articulada por el movimiento indígena), pudieran darse procesos bastante similares. Por eso, en casos como el de Colombia las partidas de ajedrez se dejan para mejores ocasiones: de lo que se trata es de aniquilar a la guerrilla por todos los medios posibles. El Plan Colombia y las letales consecuencias humanitarias y ecológicas que se pueden derivar del mismo constituyen tan sólo una prueba de la importancia que Estados Unidos le concede a una América Latina no sólo fiel a sus principios e intereses, sino monetaria, y por consiguiente políticamente, sumisa.

En todo este contexto, Cuba no constituye más que una especie de protuberancia en el orgullo patriotero estadunidense: se trata, ni más ni menos, que de un país que se atreve a pensar diferente. Sin embargo todo el mundo sabe que su capacidad de maniobra real es bastante limitada, por no decir nula. Los teóricos desmanes del régimen, sus aparentes surrealismos simbólicos o los largos discursos de Fidel Castro ante multitudes enardecidas ya no hacen mella en el espíritu de nadie. Hoy en día los peligros reales para los intereses estadunidenses en la zona se encuentran bastante lejos de La Habana, entre otras cosas porque allí, aunque le pese a muchos, la dolarización no deja de ser un hecho consumado.

*Consecuencias de la dolarización

En términos de los beneficios y perjuicios que cabe deducir de los procesos de dolarización en marcha o por venir para las poblaciones locales hay que destacar que no existe unanimidad al respecto entre los expertos en la materia. Lo que, para empezar, parece estar fuera de toda duda es que lo que se evita con la dolarización son, no sólo las devaluaciones que carcomen el ahorro privado, sino los repuntes inflacionarios que reducen el poder adquisitivo a su mínima expresión. Por si eso fuera poco, la dolarización también evita la pervivencia de sistemas monetarios realmente duales en los que los precios se expresan en dólares y los sueldos y salarios en débiles e inestables monedas nacionales.

Pese a ello lo que nadie puede negar es que, entre los efectos negativos de la dolarización cabe destacar, por encima de todos, un inopinado incremento de precios que, en los hechos, también reduce a su mínima expresión la capacidad de compra de los sectores de las poblaciones locales con menores ingresos, a la vez que aumenta exponencialmente la de aquellos que, en los años inmediatamente anteriores, pudieron permitirse el lujo de ahorrar en dólares.

Llegados a este punto resulta absolutamente legítimo preguntarse el porqué de tanto cambio si, a la larga, el punto de llegada no es muy diferente. Más aún: si tenemos en cuenta que la dolarización anula por completo la capacidad del país que se embarca en el reseñado proceso de definir las líneas estratégicas de una política económica y monetaria que, por demás, a partir de ese momento se convertirá en ortodoxamente neoliberal, no parece imaginable que los desequilibrios generados por la introducción del billete verde puedan traducirse en intervenciones gubernamentales tendentes a articular políticas fiscales progresivas que reduzcan los términos de una exclusión socioeconómica que ni desaparece ni es políticamente asumida por los nuevos amos del país; y dado que el gobierno acepta renunciar a uno de los elementos más importantes de su soberanía nacional en nombre de la globalización y, por supuesto, de la modernidad.*