Señora directora: Dice Norberto Bobbio, el gran pensador italiano, que "la guerrilla es típicamente de los Estados en que existen profundas injusticias sociales". Esto es cierto y nos lleva a pensar que si los jóvenes, y sus amigos, que han sido encarcelados en el infierno de Almoloya (ahora "La Palma") fueran guerrilleros ?sin concederlo, pues existen ambigüedades e irregularidades en la investigación, además de la sospecha de que sufrieron torturas de las que no dejan huella? serían luchadores sociales que se enfrentan a la injusticia. ¿Por qué entonces están en Almoloya? ¿Por qué ese exceso? ¿Por qué no se compone lo que en la sociedad anda mal? 

La subprocuradora Luz María Lima Malvido, de la PGR, dice que esa institución no persigue a las personas ni le interesa que estudien en algún centro, ni su ideología. Persiguen sólo conductas delictivas. Está bien. Pero ¿acaso en derecho no cuenta la intencionalidad y el móvil? ¿No es cierto, si se ven las cosas con humanitarismo, que su móvil y su intención conducen a resultados generosos, desinteresados y colectivos? 

El caso es que las leyes y la conducta de los funcionarios no son equitativos. Los llamados "delincuentes de cuello blanco" como Cabal Peniche, Espinosa Villarreal, El Divino o Lankenau, que delinquieron por razones egoístas, intencional e interesadamente en contra de México, no sólo no van a Almoloya, que es donde debieran estar, sino que andan libres. Y cuando eventualmente llegan a prisión, se les libera al poco tiempo, quedando después multimillonarios ellos y sus familias. ¿No es esto abominable y profundamente inmoral?

José María Castillo Farreras, profesor universitario

Precisiones de CEDHJ

Señora directora: Leí con atención la nota del señor Víctor Ballinas el 26 de septiembre pasado. Solicito se admitan algunas precisiones y datos con la intención de enriquecerla:

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) no encontró elementos que presumieran constitución de delitos atribuibles a servidores públicos, por lo que es inexacto el encabezado de la nota. De las ocho quejas (no nueve) que refiere la recomendación 20/2001 emitida por la CNDH, en los únicos casos en que se detectó presunción de delitos éstos fueron cometidos por particulares; en el otro, por funcionarios de una agencia del Ministerio Público. 

En la actualidad todos los involucrados están siendo procesados en sus diversos ámbitos; la CEDHJ pidió a las autoridades de la PGJ que se concluyeran las indagatorias, se consignara a los responsables y se abriera un procedimiento administrativo cuya sanción podría ser la suspensión de sus cargos. En ambos casos, no se trata de adopciones ni intervino el Consejo Estatal de Familia (CEF). Todos los datos están sustentados con documentos.

Otra de las quejas se encontraba archivada cuando la CNDH intervino porque estaba debidamente conciliada obteniendo una sanción impuesta a una funcionaria del CEF. Este caso es de un niño severamente maltratado por quien dijo ser su padre, mismo que ya había sido sentenciado en el proceso 178/99 del juzgado penal de Chapala, Jalisco. Sólo en dos quejas había procedimientos de adopción que nunca culminaron. También estaban concluidas y, cuando la CNDH intervino, se encontraban en la etapa de acreditación de las conciliaciones que se dictaron, todas aceptadas por las autoridades porque las irregularidades cometidas por el CEF son convalidables legalmente, ya que las principales violaciones fueron cometidas por los presuntos familiares cuando los descuidaron o abandonaron. 

Todos los niños, a excepción de dos, presentaban el síndrome del niño maltratado. 

Las irregularidades que la CEDHJ encontró y sustentó con pruebas fehacientes fueron de procedimiento, ya que las averiguaciones que se iniciaron por tales motivos no siguieron su causa. El CEF no se cercioró de los orígenes de los niños; se ejercitaron acciones legales equivocadas e insuficientes, y a los presuntos familiares no se les buscó y orientó debidamente para que acudieran ante la autoridad judicial a acreditar su parentesco y reclamar la posesión de los menores involucrados. 

Las autoridades no privaron de sus derechos fundamentales a los presuntos familiares, sino que éstos no los ejercieron en tiempo y forma.

Me permito hacer referencia a la recomendación de mérito porque registra algunos equívocos que pudieron haber hecho la diferencia en los criterios que siguió la resolución. Un ejemplo de ello es cuando se señala que en uno de los casos (pp.61 y 62) el CEF inició una adopción internacional con una pareja de españoles, cuando en realidad se trataba de una custodia y los presuntos solicitantes son jaliscienses.

Hago votos porque la diferencia de criterios entre las comisiones públicas de derechos humanos no sea utilizada para otros fines que no sean los de proteger y promover los derechos humanos.

María Teresa Medina Villalobos, cuarta visitadora general de la CEDHJ 

En contra de que los trabajadores paguen el costo de la crisis

Señora directora: Le enviamos la presente para agradecer que este importante diario haya cubierto la información del acto sobre despidos que realizamos el día 21 de septiembre y para hacer una necesaria aclaración El Correo Ilustrado. 

En la empresa Euzkadi, tal como dice la nota firmada por el compañero periodista Juan Antonio Zúñiga, tenemos en la actualidad 73 despedidos que mantienen su demanda de reinstalación; 16 de la planta 4 de El Salto, Jalisco, y 57 de la planta 3, cerrada ilegalmente en noviembre de 1999, en La Presa, estado de México.

Continental Tire, el grupo industrial de origen alemán que actualmente es el dueño mayoritario de Euzkadi, nos anunció recientemente que ante la actual situación de crisis había dos opciones: el despido de otros 300 compañeros o dos paros técnicos de una semana a realizarse en septiembre y octubre, respectivamente.

Nuestra organización en asamblea general decidió rechazar los despidos y aceptar las dos semanas de paro, pero también decidió realizar otras acciones, entre ellas, el mitin de que informa la nota para exigir la reinstalación de los 73 compañeros, además de hacer un frente común con todas las organizaciones sindicales que enfrenta el grave problema de los despidos.

Incluso, aunque hasta ahora la empresa ha respetado el acuerdo, no está descartado que después de los paros técnicos plantee la misma alternativa, por lo que estamos decididos a reiterar nuestro rechazo a que seamos los trabajadores quienes paguemos el costo de la crisis, que, desgraciadamente, se ha visto agravada por los lamentables acontecimientos en EU.

Javier Jiménez G., secretario del Exterior del SNRTE

Pide ayuda a delegado en Iztapalapa para encontrar a su hijo

Señora directora: Por este medio solicito la ayuda del delegado en Iztapalapa, René Arce, para localizar a mi hijo Jorge Alejandro Rojas Valencia de 28 años, desaparecido desde el día 14 de septiembre. Ese día acudió a trabajar en el exterior de la estación Tepalcates de la línea A del Metro, donde vendía artesanías.

Hemos buscado hasta la desesperación y, sin embargo, la angustia comienza a desolarnos. Le ruego al delegado su apoyo, ya que a raíz de cierta rivalidad por la competencia en las ventas tuvo amenazas de otros vendedores, lo cual nos hace pensar en una venganza.

Ayer fue publicada aquí mismo una carta con todos estos datos. Le agradeceré, señor delegado, me apoye con los recursos que estén a su alcance. Para proporcionar información, los lectores de La Jornada pueden comunicarse al tel: 044 2171-5539.

Rosalía Valencia Ojeda