DOMINGO Ť 21 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť El próximo martes será presentada a la Cámara de Diputados para su análisis
Sin grandes cambios, la nueva Ley de Desarrollo Rural
Ť "El proyecto no es la solución completa a las necesidades del campo", señala el texto
CIRO PEREZ SILVA
Luego de meses de consulta entre los diversos partidos políticos y el gobierno federal, la Cámara de Diputados conocerá este martes la nueva iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que busca sustituir a la aprobada el año pasado por la 58 Legislatura y que fue vetada por el Presidente de la República.
El nuevo ordenamiento no presenta cambios sustanciales respecto de la ley que no entró en vigor, y sólo considera modificaciones "de redacción y adiciones menores".
Este proyecto de ley establece un sistema de planeación para fortalecer el federalismo e incrementar la eficiencia y la eficacia de las acciones de desarrollo rural -sin generar nuevas cargas burocráticas-, que encuentra su centro en el Programa Especial Concurrente, el cual integra las propuestas sobre los muy diversos aspectos de un desarrollo auténticamente integral.
"El proyecto de Ley de Desarrollo Rural Sustentable no es la solución completa a las necesidades del campo, ni siquiera se puede considerar como la respuesta definitiva a los problemas de la producción agropecuaria, pero sí es un avance significativo en un proceso de gran complejidad.
"Con esas limitaciones, la iniciativa se ubica en un terreno realista con el objeto de desarrollar la institucionalidad necesaria para dar soporte a un proceso de diseño estratégico en el que los actores del campo sean los protagonistas principales. A la vez, aborda los problemas urgentes de la producción agropecuaria con una proyección de largo plazo, que obliga a emprender a la brevedad un proyecto de mejora legislativa de gran amplitud", advierte el documento.
Se incluyen en la ley los sistemas nacionales de Fomento a la Empresa Social Rural; de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, y la de Bienestar Social Rural, que actualmente se encuentran incipientemente desarrollados.
Auténtica política de Estado
El proyecto plantea además la aplicación de una auténtica política de Estado, que proporcione mayores grados de certidumbre general, con los consecuentes beneficios en el mejoramiento de la vida rural.
Destaca como un aspecto fundamental para estos propósitos el establecimiento de las previsiones de recursos que, sin omitir la indispensable intervención de la Cámara en la autorización anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, oriente de manera efectiva la planeación presupuestal y la continuidad de la aplicación de los programas previstos para la ejecución del Programa Especial Concurrente.
Entre otros aspectos, destacan la clarificación de las formas de concurrencia de los órdenes de gobierno y la emisión de diversas disposiciones de carácter reglamentario, que el Ejecutivo deberá elaborar a la brevedad, una vez aprobado y promulgado como ley el actual proyecto, como son los reglamentos de los diversos órganos previstos en el mismo.
Incorpora medidas efectivas para incrementar la productividad y la competitividad, con una gama coherente de disposiciones que incluye, entre otras, la asignación sustancial de recursos para revertir la descapitalización que sufre el campo; la generación y transferencia de tecnología mediante procedimientos de validación e información.
Considera además el desarrollo de un mercado moderno, con planeación de la producción y concertación con arbitraje entre los diferentes agentes a lo largo de las cadenas productivas, así como esquemas de financiamiento y administración de riesgos con el aprovechamiento sinérgico de las ventajas de la banca de fomento, la privada y la social.
El proyecto de Ley de Desarrollo Rural Sustentable hace énfasis en la construcción de capital social, considerando tanto la reconstrucción organizativa en las comunidades y ejidos, como la integración de la organización regional multiactiva y la infraestructura de organización necesaria para la concertación nacional y la formación de frentes comunes, ante los procesos de globalización.
Proporciona medios para una efectiva conservación y mejoramiento de las tierras y de los servicios ambientales, al vincular la aplicación de apoyos a mejores prácticas; al establecer mecanismos adecuados para la validación y transferencia de tecnología; al hacer obligatorias las recomendaciones sobre carga animal; al defender el patrimonio de biodiversidad de las comunidades y ejidos.