que uno de los acuerdos es que la información de las comisiones investigadoras no sea pública mientras duren las indagatorias, pero que posteriormente se divulgue.
DOMINGO Ť 11 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Concluyó la consulta nacional sobre transparencia informativa
En México se requiere un órgano autónomo que garantice el acceso a la información: expertos
Ť La apertura debe incluir a todos los entes que ejerzan recursos públicos, agregan
ALONSO URRUTIA
Crear un órgano autónomo que garantice a los ciudadanos el acceso a la información fue la conclusión a la que llegó el panel de expertos con el que se puso fin a la Consulta Nacional sobre Transparencia y Acceso a la Información.
Asimismo, agregaron que los integrantes de esta instancia deberán ser designados y vigilados por el Congreso de la Unión en un proceso en el que también participe la ciudadanía.
También hubo consenso sobre la necesidad de que la apertura informativa no se reduzca al Ejecutivo, sino que abarque a los poderes Judicial y Legislativo, así como a todos aquellos organismos que ejerzan recursos públicos.
Otro punto de acuerdo fue el que las excepciones a la apertura informativa deben ser mínimas y sólo incluir aspectos como la información personal del ciudadano, lo relativo a procesos judiciales en marcha; información económica que afecte la estabilidad y lo relativo a la seguridad nacional. En este último aspecto, los especialistas demandaron que exista una definición clara de lo que representa ese término.
Una de las cinco mesas instaladas ayer concluyó que ante la eventualidad de que la discusión sobre la ley de acceso a la información pudiera prolongarse, el Poder Ejecutivo mostrara su voluntad de transparencia, emitiendo un decreto que instruya a las dependencias gubernamentales para que entreguen información a los ciudadanos.
Sin embargo, para el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán, los alcances de una ley que abarcara a los tres poderes serían mucho mayores que irse por la vía del decreto. Ratificó que en un plazo máximo de 20 días entregarán la iniciativa al Congreso de la Unión, al mismo tiempo que el proyecto de presupuesto tendría una partida especial destinada a la instrumentación del derecho de acceso a la información.
Las conclusiones de la mesa de Excepciones al Acceso a la Información -en la que participaron el consejero electoral Jaime Cárdenas; Juan Manuel Herrera, del Sistema Nacional de Archivos; Carmen Quintanilla, de la Barra Mexicana de Abogados, y Agustín Ramírez, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico- señalaron que la ley debe incluir un mínimo de excepciones relativas a seguridad nacional, seguridad pública, relaciones y negociaciones de acuerdos internacionales e información financiera que impacte la estabilidad económica.
Durante su intervención, Cárdenas sostuvo que una de las paradojas es que aún no existe una definición clara sobre seguridad nacional, que es ambigua. Consideró que siendo México un país con vocación pacifista, la información relativa al gasto en defensa debiera ser público, todo ello con el fin de que se redujeran en lo posible las excepciones en la ley.
"Debemos partir del criterio fundamental de que la información pública debe ser el de máxima revelación y de establecer el deber de informar a cualquier órgano, poder, instancia de autoridad o de particulares cuando ejerzan funciones públicas", dijo Cárdenas. Incluyó en esa lista a los partidos políticos, sus gastos de campaña y al propio Instituto Federal Electoral.
En esa mesa, Juan Manuel Herrera coincidió en la necesidad de definir con claridad el concepto de seguridad nacional y citó el ejemplo de la central nuclear de Laguna Verde. Sin duda, es una instalación estratégica que puede ser considerada como parte de la seguridad nacional, pero también el impacto que puede provocar un incidente ahí, motiva que esta información sea de interés social.
La mesa que abordó el Acceso a la Información del Poder Legislativo coincidió en la necesidad de que el Congreso de la Unión abra información a los ciudadanos sobre todas las discusiones, las iniciativas y proyectos, así como el ejercicio del gasto. Las excepciones serían las relativas a las negociaciones entre partidos, cuya difusión pondría en riesgo alcanzar consensos, la relativa a los juicios políticos y la concerniente a las comisiones investigadoras.
Al dar a conocer las conclusiones de esa mesa, la investigadora Beatriz Solís dijo que uno de los acuerdos es que la información de las comisiones investigadoras no sea pública mientras duren las indagatorias, pero que posteriormente se divulgue.
En su intervención, el periodista Virgilio Caballero sostuvo que las excepciones que se pongan para la apertura informativa, en realidad son excepciones de tiempo, pues al final de cuentas será pública una vez transcurrido el plazo fijado por la ley.
A su vez, el ex diputado Marcelo Ebrard dijo que uno de los ámbitos donde debe revisarse a fondo el acceso a la información es lo concerniente a la economía, para que "no nos vuelva a suceder que se duplica la deuda pública con el Fobaproa, y nosotros nos enteramos hasta después".
Las discusiones en la mesa que analizó la viabilidad de abrir la información del Poder Judicial destacaron la especificidad de esta instancia. Los especialistas como Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Manuel Barquín, del Consejo, de la Judicatura Federal, o Edgar Corzo, de la Suprema Corte de Justicia, entre otros, concluyeron que si bien es necesario que el Poder Judicial forme parte del proceso de apertura informativa, deben considerarse sus especificidades y posible impacto en los ciudadanos.
En este sentido, Fix comentó que el Poder Judicial deberá plegarse a un marco general de apertura informativa, pero también emitir reglas internas para proporcionar información, porque existen datos de sentencias que aún no están firmes u otros datos que afectarían la vida privada de ciudadanos. Por lo que hace a la procuración de justicia debe prevalecer la restricción de toda la información concerniente a las averiguaciones previas.
Por su parte, Carlos Elizondo, moderador de la mesa sobre Sujetos Obligados y Diseño Institucional -donde participaron Miguel Angel Granados Chapa, Luis Carlos Ugalde, del CIDE; Eréndira Cruz, del Cencos; Rafael del Villar, del Banco de México, entre otros-, mencionó que al elaborar la ley deberá considerarse la compatibilidad de un conjunto de leyes con la de acceso a la información para que otras disposiciones jurídicas no inhiban el alcance de esta.
En esta mesa fue donde se puso más énfasis en la creación del organismo autónomo y en los mecanismos para su integración.
Al dar a conocer la conclusión de la mesa sobre la Información del Poder Ejecutivo, Procedimiento de Acceso y Clasificación, Juan Pablo Guerrero, del Centro de Investigación y Docencia Económica, comentó que en la ley deberá considerarse un plazo razonable a la administración pública para poder proporcionar la información al ciudadano, al mismo tiempo que los mecanismos para solicitarla sean ágiles.