DOMINGO Ť 11 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť En ciertas circunstancias, los gobernantes indemnizarán a los afectados en sus bienes
Se instituirá la responsabilidad patrimonial del Estado
ANDREA BECERRIL
Después de décadas de discusiones, finalmente se instituirá en México la responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, la obligación de los órganos de gobierno de indemnizar a los ciudadanos por daños que sufran en sus bienes y posesiones, a consecuencia de acciones u omisiones en materia administrativa.
El jueves pasado, el Senado de la República aprobó las modificaciones al artículo 113 de la Constitución, por las que se instituye en la Carta Magna "la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado", lo que amplía las garantías del gobernado frente al poder público.
El nuevo ordenamiento legal, que refrenda el derecho de los particulares a mantener la integridad del valor económico de su patrimonio ante la posibilidad de que este sea conculcado por la autoridad, entrará en vigor aproximadamente en enero del 2004, toda vez que la reforma constitucional debe pasar por las legislaturas de los estados, además de una serie de trabajos legislativos adicionales, entre ellos la reglamentación secundaria.
El senador del PRI, Héctor Astudillo Flores, quien coordinó la elaboración del dictamen, precisó que además de ello es necesario considerar en el presupuesto, a partir del año 2004, los recursos necesarios para el pago de indemnizaciones por daño patrimonial.
La percepción, "originada en la premisa de que el rey no puede equivocarse ni causar daños, dentro del contexto de origen divino del poder que permeó hasta el siglo XIX, afortunadamente, ya fue superada", se precisa en el dictamen.
Astudillo precisó, a su vez, que instituir la responsabilidad patrimonial del Estado, además de cumplir un deber de justicia, constituye un detonador para que la propia administración pública conozca sus verdaderas y visibles ineficiencias.
No se trata, aclaró, de generar una cultura del reclamo entre los ciudadanos hacia el Estado, sino de promover una cultura de la responsabilidad, tanto de los gobernados en sus reclamos, como de los gobernantes en su actuación, de manera que los beneficiados de la nueva figura a nivel constitucional sean todos los mexicanos".
Los ciudadanos tendrán derecho, por ejemplo, a reclamar daños ocasionados a su vehículo o su persona por haber caído en un bache. La sociedad mexicana, agregó el senador priísta, "tendrá una garantía más que le ayudará a defender su patrimonio y un Estado responsable será un Estado que merezca la confianza de sus gobernados".