Ojarasca 55  noviembre de 2001

La resistencia en tiempos de desigualdad universal

¿Todavía existe México?



Mientras los bombardeos en Afganistán mantienen el terror y las tropas de la Alianza del Norte acampan en Kabul, mientras se gritan consignas maniqueas y la nube ideológica inunda todos los órdenes de la vida al punto de concederle a voceros del Departamento de Estado Norteamericano espacio editorial en noticieros televisivos mexicanos, el país parece caminar a una crisis de legitimidad en secretarías, cámaras legislativas, dependencias y la propia presidencia.

La guerra mundial se vive en México como crisis: económica, de miras, de alianzas. En síntesis, una crisis política.

En el torbellino que desnuda la debilidad de arriba, la balcanización del país, tantas veces temida, es en realidad programa de gobierno. Las sólo en apariencia erráticas políticas que impulsa el Plan Puebla Panamá tienen en pie de resistencia a buen número de comunidades y organizaciones campesinas e indígenas que, habiendo puesto en perspectiva los problemas que entrañan para su región las acciones del ppp, han decidido defender su territorio, como en Tepeaca, Tehuacán, partes de Morelos, la Montaña de Guerrero, Veracruz y Tlaxcala. Esto delinea una franja de movilización justo en los corredores en los que el ppp tiene diseñados servicios y "talleres de sudor" al borde de las autopistas que tarde o temprano unirán el Pacífico y el Golfo, tendiendo ramales hacia comunidades hoy alejadas.

En el Istmo de Tehuantepec la gente denuncia por igual otro corredor de servicios, proyectos, carreteras y parques industriales y se impulsan propuestas alternativas. El famoso ppp cuenta hoy con una oposición en toda el área de Centroamérica y México, que crece en alianzas.

También, en torno a las maquilas, que han dejado por los suelos las reivindicaciones laborales de 150 años de lucha, existe una red de lucha por condiciones dignas que teje desde Tehuacán y Guadalajara, Mexicali, Tijuana, Monterrey, Tuxtla o Mérida.

Los campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán, Guerrero, son víctimas de atentados por protestar contra el encarcelamiento de dos de sus compañeros de lucha, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, liberados recientemente por razones humanitarias, siendo que en justicia el gobierno debería no sólo limpiar su nombre sino proteger el territorio boscoso que las organizaciones de la zona han cuidado desde los cincuenta. Y aunque se libera a unos, a otros se les mantiene la orden de aprehensión y eso los tiene "encuevados", cimarrones, para no perjudicar más a las familias. Y mientras tanto, el mecanismo ideado desde las dependencias gubernamentales para defender los bosques, incluye a los grandes empresarios de la madera, como la defensa del petróleo incluye a consorcios empresariales de pocas firmas.
JUAN RULFO 1
Pero si en Guerrero luchan por el bosque y por el agua, su lucha empata con la emprendida en el Estado de México y partes del Distrito Federal. En estas regiones, las comunidades comienzan a reivindicar sus derechos ancestrales sobre los recursos naturales, y enclaves como San Pedro Atlapulco, La Marquesa y otras comunidades de la región resisten pacíficamente ante la fuga o destrucción de sus recursos para alimentar a la urbe, que a su vez crece y amenaza con despojarlos. El rechazo de los ejidatarios de San Salvador Atenco al aeropuerto de Texcoco es quizá uno de los síntomas más patentes de que la especulación de la tierra no para, y de que el gobierno de Fox está entrampado entre desarrollar los planes de las grandes empresas constructoras e inmobiliarias, o respetar el futuro de las comunidades campesinas, dispuestas a todo para que no les roben la tierra, ni la vida. En el entrevero, está pendiente la revisión y posible reforma del amparo agrario y se le asestan golpes a antiguas comunidades como Milpa Alta, a la que se le decreta régimen de pequeña propiedad.

Son miles las caras de este embate. La defensa de la biodiversidad ha llevado a la impugnación casi generalizada, en el mundo indígena y ciertos sectores de la sociedad civil, de los contratos de bioprospección, el tráfico de especies y el patentamiento de lo que les resulta común y sagrado, propiedad de nadie. Esto cobra visos alarmantes al constatarse la contaminación del maíz con transgénicos en la Sierra Juárez de Oaxaca, ante la denuncia de contratos de biopiratería en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y las Zonas Áridas del país.

Mientras tanto, el INI estrena de funcionarios a varios indígenas, que habiendo tenido una trayectoria entre los partidarios de la autonomía, hoy se alinean a una antirreforma de derechos y cultura indígena que las cámaras pasaron a contrapelo de la legitimidad alcanzada por la llamada "Ley Cocopa", la cual recibió en marzo pasado la muestra más contundente de respaldo que haya tenido reforma alguna.

No contentos con alinearse, hoy estos funcionarios anuncian a voz en cuello que encauzarán el movimiento indígena hacia algo ajeno al zapatismo, porque según ellos los pueblos indios han perdido el rumbo. Para esto emprenden reuniones regionales con dirigencias diversas, asesorados desde el Consejo Asesor de la Presidencia para los Pueblos Indios por la gente que más los impugnó mientras fuera director del INI, Arturo Warman.

Habría que recordar las palabras de Margarito Xib Ruiz Hernández, actual delegado estatal del ini en Chiapas, quien alguna vez escribiera (Ojarasca 17, febrero de 1993):

 
Esas prácticas indigenistas no son homogéneas [...] Pese a su diversidad, si la relación que establecen con los pueblos indios implica continuar siendo las instancias "ejecutoras" y los pueblos indios somos la población "destinataria", seguimos entonces frente a una relación cuya esencia es la misma: paternalismo y opresión.

[...] Al asumirse monoétnico, el Estado mexicano ha impulsado un proyecto de sociedad que privilegia al pueblo mestizo. Por eso todo indigenismo es por definición etnocida. Más allá de su discurso, en su práctica desencadena procesos etnófagos que más temprano que tarde conducen a la desaparición de las identidades indígenas. [...] Es por eso que los modelos de desarrollo que promueve han sido profundamente destructivos. El indigenismo ha sido ineficaz para llevar el desarrollo a los pueblos indios; ahora vemos que ese no era su objetivo. En realidad el indigenismo ha impedido el desarrollo de los pueblos indios.


Ruiz es contundente. Por eso añade:

Desde el punto de vista doctrinario, el indigenismo actual se enmarca dentro de lo que se ha llamado "indigenismo de participación" [...] Congruente con la mejor tradición del clientelismo y la corporativización, el llamado "indigenismo de participación" se limitaba a la mera corporación de las dirigencias indígenas de esa época a los quehaceres de la administración pública. Así se entendía entonces la participación. Ésta, sin embargo, no llegaba a las bases, ni pretendía la participación de las comunidades. El indigenismo actual sigue en la ruta de la "participación", y ahora la entiende como la "transferencia de funciones institucionales".
Si esto es así, cabría la reflexión de que el indigenismo versión gobierno de Fox ha vuelto al esquema de la "mera corporación de algunas dirigencias indígenas de esta época a los quehaceres de la administración pública".

Pero los signos ominosos no se quedan aquí. El asesinato de una defensora de derechos humanos, intachable como Digna Ochoa, asoma la cara sucia de una guerra sorda que no ha parado. No basta con llamar a cuentas a los asesinos, ni con deslindar la posible responsabilidad del Ejército mexicano, los caciques de Guerrero o una combinación de ambos. El mal señalado con el asesinato de Digna Ochoa no es sólo la impunidad que permite asesinar a la gente más valiosa del país. Son las truculencias denunciadas o la defensa de perseguidos injustamente, lo que lleva a los aparatos gubernamentales o a las bandas delincuenciales a suprimir a quien los enfrenta. Hoy, más dirigentes y defensores de derechos humanos están siendo amenazados de muerte. Desde el asesinato de Colosio, el ambiente político mexicano no había estado tan enrarecido arriba, ni tan vital en resistencias que surgen abajo, de todos los rincones del campo y las ciudades.

Parte de la responsabilidad del recrudecimiento en las relaciones entre gobernados y gobernantes recae en la antirreforma indígena que las cúpulas de las cámaras hicieron aprobar, pues dio luz verde a biopiratas, especuladores de la tierra, talamontes, narcos, empresarios maquiladores y de la industria de la construcción, pero también a sicarios, aparatos de espionaje y caciques. Dio pie también a impulsar desde el INI un divisionismo entre las filas indígenas, que no necesariamente prosperará.

Lo real es que si todos éstos comienzan a asomarse, la sociedad civil, rural y urbana, se organiza para enfrentarlos y defender su patrimonio, su destino y su verdad.
 
 

Ramón Vera Herrera
 
 

Foto: Juan Rulfo

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