SABADO Ť 1Ɔ Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť La Contraloría reclama $40 millones, producto de convenios e investigaciones
El IPN recurrirá a todas las instancias legales para evitar la entrega de recursos a la Tesorería
Ť Violenta la autonomía de la casa de estudios, afirma el abogado general Leoncio Lara
JOSE GALAN
El Instituto Politécnico Nacional acudirá al amparo y todos los instrumentos jurídicos a su alcance para evitar que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y la Tesorería de la Federación obtengan 40 millones de pesos del patrimonio de esa casa de estudios, resultado de recursos generados mediante convenios de intercambio e investigación en el 2000.
El abogado general del IPN, Leoncio Lara Sáenz, informó lo anterior y consideró que la intención de las instancias federales de obtener ese dinero o proceder jurídicamente contra la dirección administrativa "es un acto infundado", porque influye en el patrimonio autónomo del IPN, "de tal forma que estamos ante un acto de Estado que está vulnerando la autonomía y que es grave como ejemplo para todas las instituciones del país".
La Secodam impuso un plazo de 72 horas, que se vence el lunes, para que el IPN reintegre 40 millones 169 mil pesos de ingresos autogenerados en el ejercicio 2000, o en su caso turnará el expediente del director administrativo, Martín Bañuelos, al área de Responsabilidades de la propia Contraloría.
Sin embargo, el capítulo 2 de la Ley Orgánica del IPN, aprobada por el Congreso de la Unión, afirma en su párrafo tercero que el patrimonio de la institución estará integrado también por los fondos que obtenga por los servicios que preste. "Nosotros tenemos nuestro patrimonio, otorgado por el Congreso de la Unión, y no responderemos a una maniobra francamente dudosa que convierte los recursos autogenerados en recursos fiscales y, como tales, se deben regresar", agregó.
"Este es un ataque a la autonomía de las instituciones de educación superior de México, no sólo contra el IPN", dijo el abogado general. "Y suponiendo sin conceder que esto camine, la responsabilidad tendría que dirigirse sobre los funcionarios que eran titulares de la administración en el 2000. Sería absurdo que ahora se imputara una responsabilidad a un funcionario cuando es de otro individuo".