Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 9 de diciembre de 2001
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Política
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DOMINGO Ť 9 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť Los ex presidentes pueden ser enjuiciados por responsabilidad criminal, aseguran

Exigen familiares de desaparecidos se amplíen pesquisas a los sexenios de Salinas y Zedillo

Ť El informe de la CNDH, incompleto porque omite nombres de víctimas y consigna documentos mutilados del Cisen, afirman centro de derechos humanos y ex guerrillero

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Familiares de desaparecidos y ex militantes de grupos armados se pronunciaron por que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no sólo informe sobre los casos de las décadas de los 70 y 80, sino también de los que hubo durante los sexenios de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo. Por ejemplo, el del maestro guerrerense Gregorio Alfonso Alvarado.

Señalaron que los ex presidentes Salinas y Zedillo deben ser enjuiciados por responsabilidad criminal, porque mantuvieron ocultos los expedientes de la guerra sucia y porque durante sus gobiernos continuaron las desapariciones forzadas.

David Cilia, del Centro de Derechos Humanos Yaxkin, y José Luis Alonso, ex militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, criticaron el informe de la CNDH porque no fue producto de una investigación minuciosa. Prueba de ello, dijeron, es que omite nombres de desaparecidos y considera una mínima parte de los documentos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Archivo General de la Nación.

El gobierno del presidente Fox, "blandengue y contradictorio"

Se pronunciaron en contra de la instalación de una fiscalía que investigue los casos, "porque no tendría la independencia de una comisión de la verdad". Con esa decisión, señalaron, el gobierno del presidente Vicente Fox demuestra que es "blandengue y contradictorio".

Aseguraron que la investigación del ombudsman nacional omitió datos aportados por testigos, así como las declaraciones de personas involucradas, como la de Sergio Villanueva, comandante del grupo Jaguar de la desaparecida Dirección de Investigación Política contra la Delincuencia (DIPD).

Dijeron que lo más grave es que mientras la CNDH hacía la investigación sobre desaparecidos, esta práctica seguía cometiéndose en los dos gobiernos anteriores, sin que el ombudsman nacional pusiera remedio.

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo para anunciar la realización de un foro sobre desaparecidos, el próximo lunes, manifestaron que los dos ex presidentes pueden ser juzgados por los delitos de desaparición forzada de personas en su modalidad de copartícipes en la llamada guerra sucia.

Pudo Derechos Humanos evitar que continuaran desapariciones

Este hecho es más delicado, afirmaron, porque la participación de la CNDH pudo ser determinante para evitar la desaparición de personas, como ocurrió con Reyes Penagos Martínez, quien presentó una queja y después fue ejecutado extrajudicialmente por sus captores de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.

Aseguraron que el informe de la CNDH documenta complicidad y encubrimiento en delitos de lesa humanidad de los secretarios de Gobernación en los periodos de Salinas y Zedillo, porque estando esta información bajo su resguardo no hicieron nada para otorgarla y así dar solución a un problema político nacional.

Las estimaciones oficiales se quedan cortas

Dijeron que lo importante de este informe no es lo que incluye, sino lo que deja de contener. Explicaron que en México no hay 275 ni 532 desaparecidos, ya que distintas organizaciones han documentado la existencia de 600 sólo en Guerrero.

Por otro lado, expresaron, el documento de la CNDH cita archivos del Cisen que fueron mutilados, sobre todo en las partes que involucran a otros detenidos y posteriormente desaparecidos.

Criticaron al organismo porque no denuncia que a partir de 1980 los archivos de la Dirección Federal de Seguridad fueron mutilados casi en su totalidad, lo que demuestra que las autoridades correspondientes no acataron la orden gubernamental de abrir todos los archivos de las instituciones de seguridad.

Norma Valdez, esposa del profesor Gregorio Alvarado, detalló cómo en el gobierno zedillista el entonces procurador Antonio Lozano Gracia le dijo que el maestro había sido detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) acusado por haber cometido "ataques a las vías de comunicación", pero han pasado cinco años y no tiene información sobre su paradero.

Finalmente señaló que después, en una visita al extranjero, el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León informó que el maestro estaba muerto y que la familia ya estaba enterada de eso. Sin embargo, dijo, no volvió a tener información oficial sobre Alvarado, quien tenía una activa participación en organizaciones magisteriales y campesinas.desaparecidos_s8ut

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