DOMINGO Ť 9 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť Preocupa militarización

Lamenta FIDH que gobierno no cumpla recomendaciones

El procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, no investigó violaciones a los derechos humanos imputables al Ejército cuando se desempeñó como responsable de la justicia militar. Además, es deplorable que el Estado mexicano no haya cumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) concluye así su informe sobre México, tras la estadía en el país de una misión que se dedicó en los últimos días a investigar la situación de los pueblos indígenas.

En el informe, la federación muestra su preocupación por la militarización de las instancias civiles de procuración de justicia, como sucede en la PGR, a cargo de Macedo de la Concha.

Las estructuras represivas del pasado no han sido desmanteladas y la impunidad alienta crímenes de esta naturaleza, añade. Al respecto cita el asesinato de Digna Ochoa, el clima generalizado de miedo y los casos recientes de desapariciones forzadas.

Entre éstos cita el de Faustino Jiménez Alvarez, el 17 de junio del presente año en Guerrero, y de tortura en contra de los hermanos Cerezo Contreras, en agosto.

Por ello, la federación urge a las autoridades mexicanas a dar todo el reconocimiento y las garantías necesarias a los defensores de los derechos humanos.

También expone que se encuentra a la expectativa ante el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la guerra sucia, en el que se documentaron 275 casos de desaparecidos y 532 de personas detenidas de manera ilegal entre 1970 y 1989.

"No es suficiente el reconocimiento de los crímenes de Estado si no se acompaña de medidas efectivas de reparación y superación de impunidad." Debe recordarse, indica, que los crímenes contra la humanidad, como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas son imprescriptibles.

El fiscal especial del caso deberá contar con los recursos y las garantías necesarias que den certeza a su independencia, imparcialidad y objetividad, expone.

En torno a los pueblos indígenas, la misión -integrada por Paulina Palacios, abogada ecuatoriana; José Aylwin, abogado chileno; Camilo Castellanos, director del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, y Alain Birgy, magistrado francés- señala con preocupación la creciente militarización de ciertas áreas, con el pretexto de que se instrumentan programas sociales.

Igualmente lamenta que pese a que México ratificó el Convenio 169 de la OIT éste no se ha implementado. Más aún: los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la Cocopa no fueron incorporados en la reforma constitucional de agosto pasado.

Los programas de apoyo a la población marginada, dice, deben ser revisados para permitir y hacer efectiva la participación de los beneficiarios. En el caso de los pueblos indígenas, agrega, se requiere una consulta informada y el fomento de su participación activa en la implementación de los planes. En suma, concluye, la situación en los pueblos indígenas no ha mejorado, pese a la ratificación del Convenio 169 de la OIT.