Ť Corporaciones multinacionales, las interesadas en desplazarnos con fines de lucro, dicen

Alertan indígenas sobre inminente desalojo violento en Montes Azules

Ť Las comunidades aún deforestan la selva Lacandona, aducen Profepa y la dirección de Rebima

MATILDE PEREZ U.

Familias choles, tzeltales, tzotziles y tojolabales de los 24 asentamientos ubicados en la reserva de la biosfera de los Montes Azules (Rebima) alertaron sobre un inminente desalojo y agresión debido a las presiones que los lacandones ejercen por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la dirección de la Rebima. Pero advierten que "defenderán su legítimo derecho a la tierra hasta con su vida".

Sin tener un censo específico, la dirección de la Rebima establece que son unas 300 personas las que se han asentado irregularmente en la reserva de los Montes Azules. Sólo especifica que hay 23 familias en Arroyo Aguilar, y en los casos de Buen Samaritano y El Innominado establece que son cinco y 29 techos los que ha avizorado en los recorridos aéreos.

La situación se complica a más de dos años y medio de la constitución de la llamada mesa agraria ambiental en la reserva de la biosfera de los Montes Azules, que pretendía solucionar los asentamientos irregulares mediante "el diálogo y la concertación". Los avances han sido mínimos y las presiones contra indígenas crecen.

La Profepa y la dirección de la Rebima afirman que las familias indígenas "siguen deforestando" la selva para abrir tierras al cultivo y la ganadería.

En el informe Asentamientos irregulares y desmontes. Reserva de la biosfera Montes Azules, se afirma que hay cinco nuevas invasiones y que algunas de las familias que aceptaron la reubicación regresaron a los predios, mientras que en otras zonas también desocupadas hay nuevos asentamientos. La Profepa y la Rebima aceptan que en la mayoría de los casos la información es imprecisa, que "hace falta una inspección de campo y nuevos sobrevuelos".

La Secretaría de la Reforma Agraria insiste ante la Profepa y la Rebima que los asentamientos irregulares en los Montes Azules son problemas de "carácter jurídico y no agrario"; el conflicto debe solucionarse a partir de la concertación y conciliación con los grupos. Héctor René García Quiñónez, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, subraya que la reubicación de los indígenas y la búsqueda de alternativas de producción para ellos es la vía para la defensa de los Montes Azules.

Mientras, algunos funcionarios del gobierno de Chiapas consideran que el diálogo conciliatorio, la agilización de procedimientos jurídicos y una visita de campo por la región para tener información precisa, deben prevalecer antes que el desalojo. Aclaran que de acuerdo con la inspección de campo realizada no hay nuevos asentamientos en la reserva; la dirección de la Rebima afirma que hay 37, pero sólo 24 identificados plenamente.

Por su parte, 16 organizaciones indígenas y campesinas con presencia en la región de la selva Lacandona aclararon a los gobiernos federal y estatal que las familias poblaron la zona entre los años 30 y 70 del siglo pasado y que el gobierno federal sólo regularizó la tenencia de la tierra en 26 poblados, el resto sigue solicitando su regularización y se considera víctima de la injusticia social por haber sido excluido del reconocimiento de sus derechos agrarios.

"No es justo que nuevamente se quiera el desalojo violento de los pobladores que están allí por necesidad de tierra y algunos más porque salieron huyendo de sus comunidades en 1994 por la presión militar y la violencia paramilitar", destacan en un escrito que entregaron al gobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía.

Advierten que "son las grandes corporaciones multinacionales" -que se ocultan detrás de algunos grupos ecologistas- las que están interesadas en el desalojo para poder saquear "los secretos de la selva" (proyectos de bioprospección), con la finalidad de patentarlos en su beneficio; hay también empresas interesadas en construir gigantescas hidroeléctricas en los caudalosos ríos de la selva, "y no faltan los grupos extranjeros y nacionales que buscan enriquecerse con el ecoturismo".

"Señor gobernador, son las corporaciones multinacionales las interesadas en desalojar a los pueblos indios organizados (...) para eso utilizan a los hermanos caribes que, a cambio de migajas, levantan actas de despojo en nuestra contra y favorecen el desalojo". Aclaran que están interesados en proteger y cuidar la selva, "por eso nos hemos autopropuesto como guardianes de la reserva". Sugieren también replantear las bases, estrategias y métodos de la mesa agraria instalada en mayo de 1999, la cual debe estar bajo la conducción del gobierno del estado y permitir la participación de comunidades involucradas.

Demandan que no se reactiven las denuncias penales contra los pobladores asentados en la zona de los Montes Azules y asientan que las familias están dispuestas a buscar una solución conjunta a la controversia agrario-ambiental, ya sea mediante la regularización de la tenencia de la tierra y un programa de manejo y aprovechamiento sustentable, o bien, vía la reubicación.

Manuel Guzmán Cruz, secretario de la ARIC Independiente Democrática, dice que la entrega de 614 mil 321 hectáreas a sólo 66 familias de indígenas caribes o lacandonas provocó la creación de un "latifundio comunal". A partir de 1970, "los pueblos indios hemos enfrentado continuas amenazas de desalojos violentos y acusaciones de invasores, destructores y enemigos de la naturaleza, cuando fueron los gobiernos estatal y federal los que no detuvieron la tala de caoba y cedro hecha por Colofasa".

El año pasado, agregan, "grupos de ambientalistas, investigadores y fundaciones estadunidenses nos acusaron de incendiarios, diciendo que Montes Azules se estaba quemando por nuestra culpa, puras mentiras. Fue una farsa y una provocación zedillista para crear una situación de violencia contra los zapatistas (EZLN)".

Acuerdos indígenas de protección

En un escrito, Guzmán Cruz aclara a Víctor Lichtinger, titular de la Semarnat, y a José Campillo García, titular de la Profepa, que los pueblos tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales asentados en Montes Azules "no somos invasores agrarios ni destructores. En asamblea decidimos no tumbar, no quemar, dejar de usar agroquímicos y convertirnos en guardianes de la reserva, y el poblado que no cumpla con ello será desconocido por nuestra organización".

Reitera la disposición de los indígenas a dialogar y abrir sus comunidades a los funcionarios que participan en la mesa agrario-ambiental, quienes no respondieron a la propuesta de reunirse el pasado 29 de noviembre. Sugiere una serie de recorridos durante diciembre por el ejido Nuevo Pichucalco y los poblados Salvador Allende, Corozal, Israel, San Antonio Miramar y San Gregorio.

Advierte que "por ningún motivo permitirán acciones de intimidación, órdenes de aprehensión y menos desalojos (...) Sabemos que quienes promueven nuestra expulsión bajo el pretexto de cuidar la reserva, lo que buscan es que no haya indios organizados y conscientes de sus derechos, porque estorbamos a los intereses de corporaciones multinacionales de los transgénicos, como Pulsar, y otras que quieren apoderarse, para lucrar con la rica biodiversidad y agua de nuestras montañas".

En el informe, la dirección de la Rebima afirma que las nuevas invasiones son: Arroyo Aguilar, noroeste de Ocotal, Las Ruinas (Sol Paraíso), Nuevo Limar, Nuevo Pichucalco y Nuevo San Andrés. En el caso de Sol Paraíso, establece, son 60 personas que derribaron acahuales de tres a cuatro años. "Se sabe que se posesionaron de las tierras después de la marcha zapatista a México, con la consigna de habitar las áreas desalojadas". Agrega que quienes destruyeron una hectárea frente al ejido Nuevo San Andrés estaban vinculados con el EZLN.

Los grupos a los que reconoce sus derechos constituidos son: Indio Pedro, San Antonio Escobar (dotación) y Chamizal (dotación). Los que aceptaron ser reubicados, pero cuyo proceso no ha concluido son: una fracción de Indio Pedro; Taniperla, segunda ampliación; Nuevo Villaflores; Laguna Suspiro, y Ocotal. Sin embargo, varios de los que aceptaron los acuerdos se quejan porque las autoridades no han cumplido con la entrega de tierras con agua y servicios básicos.