MIERCOLES Ť 12 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť La iniciativa llegó ''al cuarto para las doce'': Bartlett

Será hasta marzo la ratificación senatorial del Estatuto de Roma

ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

La ratificación por parte del Senado del Estatuto de Roma, por el cual el gobierno mexicano se adhiere a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, va a quedar pendiente hasta el próximo periodo ordinario, en marzo. ''La iniciativa llegó a último momento y no podemos legislar al vapor un asunto tan delicado, que requiere modificaciones constitucionales y cambios a todo el sistema judicial, advirtió el priísta Manuel Bartlett.

En la sesión de ayer, el Senado de la República aprobó otro de los 13 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados, pero deslindando la responsabilidad del gobierno mexicano en la posible utilización de menores en actividades bélicas que pudiera hacer el EZLN o algún otro de los grupos armados que operan en el país.

Por lo que se refiere a la Corte Penal Internacional, Bartlett Díaz dijo que ''tiene meses de propaganda foxista, pero llegó a último momento y aunque en el Senado no hay tiempo de reposo estamos todos en las comisiones trabajando en las iniciativas, de manera que las recibimos como todas las demás, pero sí hay que hacerle notar a la opinión pública que están entrando al cuarto para las doce''.

Es importante, recalcó, que ello se sepa ''para que luego no venga Fox a decir que el Senado no trabaja; (es necesario) que tengamos conciencia que presentó la iniciativa y las modificaciones constitucionales faltando unos días para cerrar el periodo ordinario''.

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Bartlett dijo que desde hace meses han estado analizando la pertinencia de aprobar que se ratifique el convenio para adherirse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y ahora van a analizar con todo detenimiento el proyecto remitido por el Ejecutivo federal.

Insistió en que es imposible, en los cuatro días que restan al periodo ordinario, llevar a cabo el trabajo legislativo que implica reformar el artículo 21 constitucional y modificar además todo el sistema judicial mexicano.

Por otra parte, en la sesión de ayer se aprobó la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños -adoptado por la Asamblea de la ONU el 25 de mayo de 2000-, por el que el gobierno mexicano se compromete a prohibir tanto el reclutamiento como la participación activa de menores de 18 años en hostilidades y acciones bélicas.

Sin embargo, el gobierno foxista se deslindó de la responsabilidad en que pudieran incurrir el EZLN y otros ''grupos armados no gubernamentales'', toda vez que -se precisa en una declaración interpretativa- ''el reclutamiento de menores de 18 años o su utilización en hostilidades corresponde exclusivamente a dichos grupos y no será aplicable al Estado mexicano como tal, el que tendrá la obligación de aplicar, en todo momento, los principios que rigen al derecho internacional humanitario''.

En tribuna, el senador del PRD Rutilio Escandón se manifestó en contra de tal postura y preguntó si acaso no corresponde al Estado garantizar la seguridad de sus habitantes. ''ƑSi surgen cien grupos armados más, no asumirá su responsabilidad?''

El legislador hizo notar que no debe olvidarse la existencia de ''grupos paramilitares o guardias blancas, que cuentan con el patrocinio de sectores oficiales''. Además, agregó, el PRD deja claro que con tal declaración interpretativa, el gobierno mexicano busca eximirse de la responsabilidad que compete al Estado, más allá de la que efectivamente pudiera corresponder a los grupos armados no gubernamentales.

No sólo debe preocupar -resaltó- la utilización de menores en acciones bélicas, ''también debemos preocuparnos por los efectos que la presencia militar y actuación de cuerpos policiacos tienen en los niños en zonas de conflicto''.Finalmente, se manifestó contra la militarización del país, especialmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y el recrudecimiento de las prácticas de control, bajo el argumento de combate al narco, lo que ha originado el aumento de violaciones a derechos humanos.