MIERCOLES Ť 12 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť La Procuraduría militar se declarará incompetente

Acosta y Quirós podrían ser juzgados en tribunales federales

Ť Ambos generales están acusados de delitos contra la salud

JESUS ARANDA

La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) se declarará incompetente para continuar el proceso en contra de los generales Arturo Acosta Chaparro Escapite y Humberto Quirós Hermosillo, detenidos el 29 de agosto del año pasado por su presunta participación en delitos contra la salud, en su modalidad de tráfico de narcóticos y asociación delictuosa.

Confirmaron lo anterior fuentes castrenses, las cuales añadieron que los generales -detenidos en la prisión del Campo Militar Número Uno- podrían ser juzgados por tribunales federales, luego de que después de 15 meses de indagaciones no se encontraron elementos suficientes para continuar el proceso en el fuero de guerra. El quid del problema es dilucidar si cometieron los presuntos ilícitos ''en comisiones de servicio'' o cuando no cum-plían funciones como militares.

Sin embargo, los informantes aseguraron que existen pruebas suficientes en el expediente para encontrar culpables a los dos militares, quienes por cierto han sido acusados en testimonios directos de víctimas de haber participado en desapariciones forzosas durante la llamada guerra sucia.

Explicaron que una vez oficializada la decisión de la Procuraduría militar, ésta enviará a un juzgado federal su decisión de declararse incompetente, y que el juez de la causa será el que determine en qué instancia se resolverá el caso. De acuerdo con el tipo de delitos imputados a los generales, sólo hay dos opciones: o se sigue el proceso en el ámbito castrense o pasa a la Procuraduría General de la República, que encabeza el general Rafael Macedo de la Concha, quien por cierto, en su carácter de procurador militar, fue el que anunció la consignación penal de Acosta y Quirós en una conferencia de prensa, el 31 de agosto del año pasado.

Según las fuentes consultadas, la decisión de dejar en manos de la justicia federal la competencia de las causas penales en contra de los oficiales se debe a la decisión de no dejar ningún resquicio jurídico a los acusados que les permitiera evadirse de la acción de la justicia, porque podría darse el caso de que, si continuara el proceso en el ámbito castrense y los acusados plantearan su incompetencia con el argumento de que son delitos del orden federal, el peso de la acusación en su contra se debilitaría demasiado y tendrían posibilidades reales de quedar en libertad.

Por ello, explicaron, al resolver la justicia federal a qué fuero corresponde conocer del caso, el asunto de la incompetencia queda resuelto.

En su edición del domingo 27 de agosto de 2000, La Jornada informó que la PGR había iniciado la averiguación PGR/056/98, en la que los testigos protegidos José Tomás Colsá McGregor, José Jaime Olvera Olvera y el ex director de la Policía Judicial Federal, Adrián Carrera Fuentes, involucraban a Quirós y Acosta ''en probables conductas delictuosas''. Cuatro días después, el entonces procurador militar, general Rafael Macedo, hizo pública su detención.

El 28 de julio de 1999, la Procuraduría Militar recibió de la PGR el desglose de dicha averiguación previa e inició la suya propia con el número SC/003/99/E, a fin de esclarecer la veracidad de los datos existentes. Posteriormente la dependencia aportó las declaraciones de los testigos protegidos Alfredo (por parte de Estados Unidos), Fernando, Michael Roger Batista Beebe y el testigo Rubén Gardea Vara.

La Procuraduría castrense, por su parte, fortaleció los indicios en contra de los generales con las testimoniales de Carlos Colín Padilla -uno de los cerebros financieros de la organización de Amado Carrillo Fuentes-, Adrián Carrera Fuentes, Gardea Vara, Juan Aguilar Romero, Víctor Manuel Villalobos Gutiérrez y Miguel Domínguez Nagel León.

De acuerdo con testimonios que aparecen en la causa penal 25/99, así como en las averiguaciones previas SCGD/CGI/008/97, PGR/UCDO/011, PGR/UCDO/006, así como la PGR/UCDO/046, instruida en contra de diversos miembros de la organización de Amado Carrillo Fuentes, los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro estarían involucrados con dicho narcotraficante.