MIERCOLES Ť 12 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť "Insatisfactorios", los frutos de la primera fase del programa de cooperación técnica

Alto Comisionado de la ONU critica el "protagonismo" de la cancillería mexicana

KYRA NUÑEZ CORRESPONSAL

Ginebra, 11 de diciembre. El protagonismo que la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo durante la primera fase del programa de cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) fue cuestionado como uno de los obstáculos para el éxito del plan.

Los resultados poco satisfactorios, reconocidos por la alta comisionada, Mary Robinson, fueron producto de un acuerdo mal negociado, según el especialista noruego Vegard Bye, contratado para que, en forma independiente, hiciera la evaluación final de esa primera fase, trabajo que entregó en septiembre. En su informe hizo notar que la cancillería concentró políticas, operativos, monitoreo, designaciones de funcionarios y participantes en las actividades, además ha insistido, desde la época en que se creó el equipo de transición, que es la única instancia responsable de negociar con la OACNUDH.

Las "resistencias" de Relaciones Exteriores para integrar a otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el proceso de negociación de la primera fase hicieron imposible alcanzar la meta de conseguir un programa de derechos humanos transparente, participativo e incluyente (sobre todo de las organizaciones indígenas), según la evaluación del noruego.

Un acuerdo sin equilibrio

Al actuar la cancillería como el principal protagonista del proceso, se perdió el equilibrio que debe existir entre la dependencia y otros actores estatales o paraestatales. Según Bye, otras instancias cuestionadas, como las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, la Procuraduría General de la República, así como instancias autónomas como las ONG también tienen interés legítimo en una mayor delegación de responsabilidades. Este equilibrio -a esperarse en la segunda fase- "es imperativo para lograr la óptima legitimidad para la defensa y promoción efectiva de los derechos", cita la evaluación final.

Los resultados insatisfactorios no son impedimento para que Relaciones Exteriores esté negociando intensamente un acuerdo para la segunda fase. De hecho, el pasado 2 de diciembre intentó que el proceso se diera de la misma forma que en el pasado reciente, cuando el presidente Vicente Fox y la alta comisionada Robinson firmaron el acuerdo para la primera fase, pero en esta ocasión la OACNUDH no tiene la prisa de hace un año, debido a la situación de tensiones provocada por el asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, así como por las evidencias de las anomalías detectadas por la evaluación final.

Lo más que obtuvo en octubre pasado la misión a Ginebra encabezada por la subsecretaria Mariclaire Acosta Urquidi y el embajador Alberto Szekely fue el entendimiento sobre el método de negociación para un acuerdo marco para la segunda fase del programa de cooperación técnica, y para el establecimiento de una oficina de la OACNUDH en México.

En la evaluación del especialista noruego se enlistaron, entre otras, las siguientes anomalías del programa: la negativa a discutir la designación del general Rafael Macedo de la Concha como procurador general de la República; la presión política para que Robinson aceptara que la coordinación de la primera fase fuera responsabilidad de un mexicano y no de un extranjero, como se acostumbra normalmente hacerlo. Asimismo la presión del gobierno para que en el curso de procedimientos médicos para la detección de tortura, previsto para personal médico, se aceptara la participación de abogados; el desconocimiento de las agencias extranjeras de la realidad mexicana; la mala calidad de los materiales de capacitación e incluso el desconocimiento del español entre los profesores extranjeros; la disputa entre la procuraduría y la agencia danesa encargada del curso de examinación por el modelo de protocolo a utilizar para la detección de casos.

Además se subraya la negativa del gobierno a incrementar la participación indígena y a establecer instancias que fueran legítimas a los ojos de los representantes de esos grupos.