Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Miércoles 12 de diciembre de 2001
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Capital
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MIERCOLES Ť 12 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Emilio Pradilla Cobos

Presupuesto y equidad social

La aprobación del presupuesto federal y para el Distrito Federal del 2002, asigna particular importancia al tema de la equidad social, al menos en cuatro órdenes distintos: contribución de los distintos grupos sociales a los ingresos públicos; distribución del gasto entre las partes del territorio; participación del gasto social en el total; y orientación del gasto social mismo.

Históricamente han sido los contribuyentes cautivos, sobre todo asalariados, quienes aportan lo fundamental de la masa tributaria, a lo que se añade una reducida base y la evasión fiscal sistemática, en particular de las empresas y los no asalariados. El patrimonio y la ganancia, sobre todo financiera, han sido los rubros menos afectados. Las tarifas de servicios públicos y el impuesto predial, base de la recaudación local, parten de un criterio cuantitativo aparentemente "igualitario" que no integra la progresividad, según la magnitud de lo poseído o consumido, el ingreso del usuario o consumidor y el uso final diferencial entre el gasto de renta para la reproducción social (por ejemplo, en vivienda o servicios sociales), y la inversión de capital para la obtención de ganancia: industria, comercio, servicios privados, etcétera.

La reforma fiscal que se discute actualmente mantiene y amplía una falsa idea de igualitarismo, al basarse en el cobro de un IVA igual a todos los productos. Dado que la igualdad de trato a los desiguales reproduce la desigualdad, si se aprobara la reforma aumentaría la inequidad social y se mantendría el privilegio a quienes usan las mercancías y los bienes públicos para obtener ganancia y se reproducen socialmente a partir de ella. En el Distrito Federal, aún no se discute una reforma fiscal progresiva y más equitativa.

La distribución de egresos entre la Federación, los estados y municipios, entre gobierno central y delegaciones en el Distrito Federal no encuentra un punto equitativo. Las entidades no reciben transferencias presupuestales federales equivalentes a su aportación real a los ingresos públicos (el Distrito Federal, por ejemplo, recibe cerca de 10 por ciento menos de lo que aporta al fisco federal, cerca de un cuarto del total); y los criterios usados para la asignación territorial no logran ser claramente redistributivos ni obedecen a políticas explícitas de reversión de las profundas desigualdades del desarrollo entre regiones o localidades. La reforma fiscal en debate no avanza tampoco en este campo.

El Presupuesto de Egresos está muy lejos de lograr la equidad social en términos de la distribución entre el gasto destinado a la reproducción del capital y a la atención a las necesidades sociales; y en la asignación del gasto social real a la atención de los derechos universales garantizados por leyes e instituciones o a la solución de las causas estructurales de la pobreza, y el que tiene un carácter focalizado, asistencialista y compensatorio de corto plazo de los efectos del sistema económico, abiertamente inequitativo.

El primer problema tiene dos caras: una definición de gasto social que encubre y oculta inversión y gasto, dirigido realmente a soportar la acumulación capitalista (por ejemplo, la inclusión de todo tipo de carreteras y autopistas o toda la generación de energía en el "gasto social"); y la distorsión que introduce en la contabilidad del gasto público, el "gasto no programable" destinado al pago de la deuda pública visible u oculta: deuda externa e interna, Fobaproa-IPAB, rescate carretero y azucarero, etcétera.

En el otro aspecto, el neoliberalismo no permite definir una política estructural de desarrollo social de largo plazo, que armonice la asignación del gasto social a los programas asistencialistas de combate a la pobreza, y a la garantía de los derechos humanos universales al empleo, alimentación, infraestructura social, seguridad social, salud, educación, vivienda, etcétera. De este debate forma parte la relación correcta entre cantidad de servidores públicos y mayor prestación de servicios sociales, prisionero en ocasiones de las posiciones antiestatistas.

Estos problemas de equidad, que forman parte del debate de la reforma fiscal y la social, poco explícitos hasta ahora, adquieren mucho más importancia en la situación actual, marcada por la recesión de la economía mexicana y mundial, la caída del precio del petróleo, que aporta un tercio del ingreso público, el efecto de la recesión sobre los ingresos fiscales federales y locales, el crecimiento del desempleo y la agudización de la pobreza. Es una coyuntura que exige de los gobiernos y los órganos legislativos mucha mayor profundidad en los criterios de recaudación y asignación de recursos, pues la sociedad que optó por el cambio, aún poco visible en la práctica, no acepta argumentaciones fáciles, discursos, ni acuerdos cupulares o decisiones unilaterales.

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