Ayer, por votación unánime, el Senado de la República aprobó modificaciones a los artículos 3º y 31 constitucionales, a fin de otorgar carácter obligatorio al nivel educativo prescolar en México. La medida, que se aplicará en forma paulatina y no tendrá plena vigencia hasta el ciclo escolar 2008-2009, es una acción importante y plausible para elevar la calidad de la enseñanza en nuestro país, para reducir las graves desigualdades entre las instituciones educativas públicas y los planteles privados, y para hacer frente a la ofensiva en curso contra la en senseñanza gratuita y estatal.

Cuando se hace referencia al bajo nivel de la preparación universitaria en México, suele comentarse que las deficiencias se originan, en buena medida, en la preparación insatisfactoria que se recibe en los ciclos básico, medio y medio superior, y que los propios alumnos trasladan a las aulas universitarias.

Una observación semejante podría formularse con respecto a la educación primaria, a la cual se llega, en muchos casos, sin ninguna clase de escolaridad previa, y a una edad tardía, de acuerdo con los criterios pedagógicos modernos. Desde esta perspectiva, la implantación de la educación prescolar obligatoria puede contribuir a elevar el nivel y la calidad de la educación básica.

Por otra parte, estas modificaciones constitucionales crean las condiciones necesarias para que la enseñanza impartida por el Estado llegue, en el nivel prescolar, a la cobertura requerida y a sectores geográficos y demográficos de alto grado de marginación que no resultan un mercado atractivo para la enseñanza privada, para los cuales resulta urgente disponer de más y mejores instituciones educativas públicas. Ahí la educación prescolar obligatoria podría contribuir en forma significativa a una mayor integración familiar y social.

En otro sentido, la adopción de la normatividad mencionada obligará, para bien, a la apertura de nuevos planteles destinados a la formación de educadores de nivel prescolar y permitirá abrir nuevas fuentes de empleo en el sector educativo, aliviando de esa forma una presión social que constituye un conflicto latente o declarado.

Finalmente, si la implantación legal de la educación prescolar obligatoria es aplicada de manera eficiente y honesta, el país tendrá motivos para felicitarse por una decisión que es, en sí misma, correcta y necesaria.