Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 15 de diciembre de 2001
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Política
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Ť El Senado aprobó otros instrumentos para la protección de los derechos humanos

Ratifican convenio internacional contra tortura

Ť Panistas intentaron imponer candados para evitar recomendaciones sobre aborto

ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

El Senado de la República aprobó ayer la ratificación de tres instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos, encaminados a eliminar la tortura, la discriminación racial y todas las formas de discriminación contra la mujer. En este último caso hubo una difícil negociación previa, ya que legisladoras del PAN trataron de imponer candados para evitar recomendaciones que tienen que ver con el aborto.

La fuerte discusión que se dio en la Comisión de Equidad y Género se trasladó ayer al pleno, donde las senadoras Leticia Burgos, del PRD, y Martha Tamayo, del PRI, revelaron que la presidenta de esa comisión, la panista Susana Stephenson, votó en contra del dictamen en torno al Protocolo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, porque no se incluyó una declaración interpretativa encaminada a restringir la jurisdicción de ese instrumento.

"Si el Protocolo se hubiera ratificado antes, no le habría pasado a Paulina todo lo que le sucedió en Baja California, donde la ley permite el aborto en caso de violación, pero a ella le fue negado, violentando sus derechos humanos", precisó en entrevista la senadora Tamayo. Dijo que la posición de Stephenson se encaminó precisamente a tratar de evitar que esa convención pudiera intervenir en casos similares para remediar ese tipo de situaciones.

Reveló que incluso en la reunión de comisiones del pasado día 10, Stephenson reconoció que "quería justificarse ante grupos que le pidieron establecer candados en torno a todo lo que tiene que ver con derechos reproductivos de las mujeres, de manera especial con el aborto". Agregó que se incluyó en el dictamen una redacción en el sentido de que las recomendaciones de esa convención sólo podrían darse conforme a la legislación mexicana, y en especial al artículo cuarto constitucional.

Aun así Stephenson votó en contra del dictamen; sin embargo, fue sacado adelante por priístas y perredistas, e incluso por el senador blanquiazul Rafael Morgan, también integrante de la Comisión de Equidad. Ayer la panista votó a favor de la aprobación de esa convención, aunque en su discurso advirtió que de ninguna manera permitirá "recomendaciones que lastimen o lesionen a nuestra sociedad plural".

"Sin arreglo político vergonzante"

Como para justificarse también con esos grupos, como Provida, que le exigieron limitar los alcances de la convención, aseguró que la aceptación de ese protocolo por parte del PAN "no fue producto de la ignorancia o de arreglo político vergonzante, sino resultado de medir los pros y los contras de la conveniencia de dicho instrumento".

Ante el pleno la perredista Leticia Burgos le replicó: "es hora de dejar atrás el regateo, en cuanto a reconocernos como sujetos, y si bien este instrumento nos permite avanzar en ese camino, no termina de establecer explícitamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo".

Como la también legisladora blanquiazul Cecilia Romero subió a tribuna para defender a su compañera Stephenson, y pedir la "reflexión sobre la importancia del uso y el manejo adecuado de los instrumentos internacionales", la priísta Martha Tamayo cerró la discusión al advertir de las profundas contradicciones de las panistas, y señalar que, finalmente, "con los argumentos en la mano", lograron aprobar el protocolo, indispensable para el avance de las mujeres.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se aprobó por 77 votos favor y pasó al Ejecutivo para su entrada en vigor.

Al fundamentar el dictamen, la senadora priísta Araceli Escalante resaltó que a través de ese instrumento se permitirá examinar los recursos actualmente disponibles en el ámbito nacional, y su efectividad para prevenir y remediar las violaciones a los derechos de las mujeres.

Dos décadas después de su aprobación en Naciones Unidas, la ratificación del protocolo significa incorporar mayores garantías para la mujer mexicana a través del reconocimiento pleno de sus derechos, sostuvo la legisladora.

En la maratónica sesión de ayer, en la que se aprobaron 17 dictámenes, se presentaron siete iniciativas y siete puntos de acuerdo, se aprobó la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

El senador perredista Rutilio Escandón hizo notar que la declaratoria compromete en adelante a cumplir cabalmente con ese instrumento pactado desde 1975 por la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que implica que cualquier persona o grupo que consideren violados los derechos a no ser discriminados podrán concurrir a esa instancia una vez agotadas todas las alternativas en nuestro país.

El otro instrumento internacional ayer ratificado fue la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité contra la Tortura, dependiente de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Al respecto, la senadora perredista Leticia Burgos resaltó la importancia de aprobar ese instrumento, ante el "rezago impresionante heredado de regímenes anteriores, sobre todo porque las prácticas de tortura no han desaparecido del país y persiste la impunidad de funcionarios del Poder Judicial, del Ejército y del Ejecutivo que han sido señalados como autores físicos o intelectuales de ese tipo de violaciones a los derechos humanos".

Durante la sesión, por 72 votos a favor y uno en contra se aprobaron además reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano encaminadas a dar transparencia y certidumbre a los procesos de ingreso, evaluación, ascenso y aplicación de sanciones a los miembros del cuerpo diplomático.

Los embajadores y todos los integrantes del servicio exterior mexicano serán evaluados anualmente.

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