Acteal: justicia a medias

La liberación de seis paramilitares implicados en la masacre de Acteal confirma el fracaso de la Procuraduría General de la República (PGR) en el proceso penal para demostrar la responsabilidad de los implicados. Ya antes fracasaron en su intento de someter a proceso a los miembros de Paz y Justicia, quienes fueron liberados semanas después de su detención.

Pensar que los implicados en la masacre de Acteal fueron liberados porque el juez no evaluó debidamente las pruebas tiene poco sustento en este caso, ya que a la vez que fueron absueltos seis, fueron condenados 35. Así, si el Poder Judicial tuviera el interés de dotar de impunidad a los implicados, habría liberado a todos; además el caso se irá a revisión y probablemente la resolución del juez sea confirmada.

El problema con las detenciones de paramilitares es que se nos presenta el acto de la detención como justicia; pero las consignaciones muchas veces se sustentan en investigaciones deficientes que no recogen las pruebas necesarias para conseguir sentencias condenatorias. El caso Acteal es un claro ejemplo de ello: los detenidos sólo fueron en su mayoría autores materiales y algunos mandos medios de corporaciones policiacas estatales. Aunque todos sabemos que la cadena de responsabilidad llega hasta los altos funcionarios de la administración de Julio César Ruiz Ferro, y probablemente mandos militares, a éstos la justicia no los alcanza. Lo anterior revela una investigación ministerial manipulada, cuyo objetivo ha sido disminuir los reclamos de justicia en el caso.

La liberación de los paramilitares desde luego que tendrá un impacto peligroso en la zona de Chenalhó, como sucedió en la zona norte, porque los paramilitares regresan victoriosos y ostentando impunidad. De por sí la paz que construye el gobierno del estado en la zona de Chenalhó se sustenta en dinero y pende de alfileres. El proceso de reconciliación comunitaria que presume el gobernador Pablo Salazar se basa en la compensación económica y apoyos para la producción sin hacer justicia, sin castigar a los paramilitares.

Por eso resultan hipócritas sus declaraciones de rechazo por la liberación de los implicados en Acteal, aunque también revelan la doble faz de su política hacia los paramilitares: mientras rechaza que liberen a los de Acteal, negocia con los paramilitares de Paz y Justicia, como lo reveló recientemente Cristóbal Gómez Torrez, uno de los dirigentes de ese grupo, entrevistado por el corresponsal de La Jornada en San Cristóbal de las Casas: "Yo ahorita lo que estoy viendo es la cuestión de la pacificación, la reconciliación y las pláticas con el gobierno" (17/11/01).

El castigo a los grupos paramilitares en Chiapas requiere que la PGR lleve a cabo investigaciones profundas y sujete a proceso no sólo a quienes actuaron directamente en los crímenes, sino a quienes diseñaron, financiaron y sostienen a los paramilitares. Y este compromiso también lo debe asumir con hechos el gobierno del estado, no sólo actuando en los delitos que son de su competencia, sino coadyuvando en la investigación de la Procuraduría General de la República.

Una de las razones por las que la PGR atrae las investigaciones de paramilitares fue el hecho de que autoridades estatales de administraciones pasadas se encontraron involucradas con los paramilitares, y también por el contrasentido que representaba que la Procuraduría de Justicia de Chiapas investigara a los funcionarios del estado. Pero hoy el panorama es distinto; se supone que el gobierno de Salazar es diferente, que la procuraduría estatal es confiable; sin embargo, la impunidad continúa. A un año de un nuevo gobierno estatal y federal, la conclusión es obvia: tanto el gobernador de Chiapas como el Presidente de la República se resisten a enfrentar el pasado y a terminar con la impunidad.