Política energética nacional

Este jueves, en Casa Lamm, con una generosa asistencia de 150 personas -casi todas vinculadas a los asuntos de energía- y ante la presencia de los senadores Manuel Bartlett, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y Antonio Soto, secretario de la Comisión de Energía (hubiera sido muy interesante contar con la presencia del senador Juan José Rodríguez Prats, a quien también se había invitado), los miembros de la mesa ciudadana de observación de la energía presentamos nuestra Propuesta de política energética nacional.

En su elaboración partimos de cuatro premisas básicas: 1) los mexicanos tenemos una especial sensibilidad cuando se habla de asuntos de petróleo y electricidad, pues en las definiciones constitucionales sobre ello va de por medio -qué duda cabe- parte fundamental de nuestra historia y nuestra identidad; 2) las políticas que recientemente se han impulsado -los seis años de Ernesto Zedillo y este año de esa curiosa y muy rara continuidad de Vicente Fox- han resultado harto regresivas y violentan el marco constitucional; 3) no obstante ello, hay acciones que pueden y deben ser rescatadas, como sin duda lo es el esfuerzo de convergencia de productores petroleros (OPEP como Arabia Saudita, Venezuela y no OPEP como Noruega) que permitió recuperar el precio de nuestra mezcla de 9.77 a 27.60 dólares por barril entre agosto de 1998 y septiembre de 2000 y que, cuando se abandona, tiene efectos drásticos como la caída de más de 10 dólares de fines de 2000 a este mes de diciembre; o, para sólo resaltar otros casos, el ánimo por una mayor expansión eléctrica limpia y a menor costo con gas natural, o el esfuerzo por no subsidiar indiscriminadamente los combustibles, no obstante que llevadas al extremo -como parece-, pueden conducirnos a severas encrucijadas; 4) es posible y necesario impulsar una política energética de largo aliento, que transcienda los límites sexenales y permita orientarnos ?desde la tremenda complejidad actual? hacia una nueva y bondadosa realidad energética para los próximos cinco, 10 e, incluso, 25 años.

En este marco no es necesariamente cierto -así lo creemos- que el impulso de mercados de energía y la simple integración energética con Estados Unidos podrían dar salida a nuestros problemas seculares en este terreno.

Por eso, con esta persuasión nos orientamos a pensar en la necesidad de un Estado fuerte como condición para preservar nuestra soberanía -así lo indica el artículo 25 constitucional-, un Estado que, entre otras cosas, finca su fortaleza en la propiedad nacional de petróleo y gas -como lo establece el 27-, y en el control estratégico de la electricidad ?como lo señala el 28.

Este poder social debe ser utilizado para garantizar el mejoramiento económico, social y cultural de la población, de la nación. Por ello, el Estado tiene el deber esencial de salvaguardar esos recursos y usarlos en beneficio de todos los mexicanos. Es la misión de Pemex, de CFE y de LFC. Por eso como en ningún otro ámbito de nuestra vida social, en estas empresas es inaceptable no sólo la corrupción, sino la mala administración y la mala dirección.

Se trata no sólo de maximizar el valor económico de largo plazo del crudo y gas, de ser modernos y eficientes, de ser competitivos a nivel nacional e internacional, como correctamente se reitera hoy, sino de garantizar que la explotación de crudo y gas natural y el impulso de la industria eléctrica se realicen en el marco de la Constitución. Aquí los privados, tanto nacionales como extranjeros, pueden y deben coadyuvar. Nunca sustituir. Por eso el núcleo central de la propuesta es la creación de una ley reglamentaria del artículo 25 de la Constitución en la que se mandate la conformación de un consejo nacional de energía en el que se diseñe su aprobación en el Congreso General de la República, la estrategia a corto, mediano y largo plazos para el desarrollo energético nacional.

Ahí se indicarán los objetivos, metas, lineamientos de estrategia, líneas de política y acciones que se impulsarán para arribar a 2025 con una renovada situación energética nacional, cuyas características definitivas serán determinadas gradualmente por la sociedad. Ahí se consensarán las acciones del gobierno, del capital privado nacional, del capital privado extranjero, de las empresas públicas, de los consumidores. Y ahí mismo se realizará la evaluación de las estrategias y, en todo caso, en un plazo que no debería superar este sexenio, se propondrá a la sociedad y al Congreso la mayor o menor pertinencia de modificar la Constitución.

En un sentido plenamente democrático esto debiera ser fruto de un acuerdo nacional, nunca de una mayoría de ocasión. Así lo creemos.

NB. Mi solidaridad con el excelente amigo Antonio Gershenson.