Lo que sobra en el caso son intermediarios: autoridades

Indígenas esterilizados mediante engaños: una larga cadena de infamias

Por años, organizaciones de derechos humanos y de mujeres han hecho decenas de denuncias de esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas, sin ninguna respuesta

ROSA ROJAS /IV Y ULTIMA ENVIADA

Ayutla de los Libres, Guerrero. El problema de la esterilización mediante engaños de al menos 17 varones indígenas de las comunidades de La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, todas de este municipio ?cuyo líder fue asesinado y uno de sus colaboradores herido en una emboscada?, "ya se politizó, hay demasiados intermediarios y el gobierno no está en condiciones de solventar" las indemnizaciones que los afectados exigen, informó el coordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Salud del gobierno de Guerrero, Gonzalo Castañón.

Por su parte, Arturo Campos Herrera, presidente de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), organización que representa a los indígenas esterilizados, informó en entrevista que no se ha cumplido con la recomendación 18/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se indemnice a los afectados, porque lo único que busca el gobierno estatal es "una burla. Les quieren dar cualquier cosa a nuestros compañeros, pero además vinieron en octubre con la CNDH, que se pone del lado de Salubridad, tratando de engañarlos. Subieron a las comunidades y trajeron a los compañeros de Ocotlán, La Fátima y Ojo de Agua y les dijeron que sólo iban a hablar con ellos, que no íbamos a entrar los dirigentes, y que les iban a dar 10 mil pesos a cada uno. Los compañeros no aceptaron".

Mencionó que seguramente hay esterilizados en otras comunidades porque el personal del gobierno del estado y el de la CNDH visitaron también la comunidad de El Camalote y bajaron a 13 compañeros de allá, "pero a ellos ni los atendieron, no trataron nada con ellos de cómo iban a quedar o si los iban a indemnizar también", apuntó Campos.

"La decisión es de arriba"

El dirigente mixteco explicó que los indígenas esterilizados exigen 150 mil pesos de indemnización "conforme a la ley, porque no fue por su voluntad (que se hicieron la vasectomía), fue con engaños y amenazas, y ahora es una vergüenza para ellos. En nuestra zona la costumbre no es esa, mucha gente se burla, les dicen que ya no pueden, es un daño sicológico, es una violación a nuestras costumbres... (los funcionarios de la Secretaría de Salud estatal) dijeron que eso no dependía de ellos, que dependen de allá arriba y se retiraron y ahí quedó".

Castañón, por su parte, manifestó que personal de la propia CNDH "dio fe y se llevaron un dictamen de que se les dijo (a los indígenas esterilizados) que no iba a haber ninguna negociación con los dirigentes" y de que los afectados se negaron a aceptar el pago de entre 10 y 15 mil pesos que el gobierno estatal les brindaba como indemnización. Afirmó que el gobernador René Juárez determinó que se "apoyará" a los esterilizados con las sumas citadas, pero "si se les otorgara alguna cantidad, se les va a entregar en becas para los hijos, despensas alimenticias, materiales de construcción para la vivienda, pero no 150 mil pesos en efectivo".

Campos Herrera denunció que ha habido "represión y hostigamiento" contra los indígenas esterilizados por personal de la Secretaría de Salud estatal, presumiblemente por haber denunciado estas irregularidades. El último hecho sucedió el pasado 18 de septiembre, cuando desconocidos emboscaron a indígenas, resultando herido de gravedad Lorenzo Acevedo Soledad; el presidente del Comité de Indígenas Esterilizados, Severiano Lucas Petra, fue asesinado el 19 de noviembre de 2000, en otra emboscada.

Un poco de historia

Con todo y lo azaroso que ha sido el proceso de la incumplida recomendación 18/2001 ?pero aún en tiempo de ser cumplida, como dice la CNDH? relativa a las citadas esterilizaciones de varones indígenas, ésta representa una rápida evolución de este tipo de denuncias, toda vez que fue el 3 de junio de 1999 cuando la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum-Guerrero) recibió la primera denuncia colectiva de violaciones, consistentes en esterilización forzada, por parte de tres habitantes de la comunidad Ojo de Agua. Al día siguiente se presentaron las quejas respectivas de seis habitantes de Ocotlán y ocho de la comunidad de La Fátima, todas del municipio de Ayutla. Por años, organizaciones de derechos humanos y de mujeres han hecho decenas de denuncias de esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas, sin ninguna respuesta. Entre ellas está la presentada con casos de mujeres de 15 estados del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca y Veracruz, a la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, durante su visita a México en 1999.

La Coddehum-Guerrero emitió su recomendación 41/99 el 17 de diciembre de 1999 al entonces titular de la Secretaría de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, en la que se establecía que personal del sector 6 de esa dependencia, médico Ernesto Guzmán León, enfermera Mayra Ramos Benito y promotor Rafael Almazán Solís, se presentaron en las referidas comunidades y, mediante traductores, ofrecieron en asamblea que a quienes se dejaran esterilizar se les daría la cantidad de "mil 500 pesos, ropa, zapatos y despensas cada dos meses" y que en caso de que no aceptaran "se les suspenderían los programas de Progresa y Procampo", razón por la cual aceptaron hacerse la vasectomía los quejosos. Después de la operación no se les dio nada de lo acordado, "además de que las personas esterilizadas (en la comunidad de La Fátima) refirieron sentir dolor cuando levantan cosas pesadas".

Sobre estos señalamientos, el director de Servicios Estatales de Salud, Pedro Román Martínez, contestó que los quejosos voluntariamente habían dado su consentimiento, por escrito, para realizarse la vasectomía. Negó que su personal ofreciera dinero por la realización de la vasectomía o la salpingoclasia (ligadura de trompas en las mujeres) y consideró que los intérpretes no habían transmitido a las comunidades "los mensajes en el sentido correcto". El personal de salud señalado coincidió en estos señalamientos.

La Coddehum estimó que se utilizaron "artificios y maquinaciones engañosas para obtener el consentimiento de los quejosos; ya que atendiendo a la situación de extrema pobreza en la que se encuentran, aceptaron que se les realizara la vasectomía, con la idea de que a cambio obtendrían diversos bienes necesarios para satisfacer sus necesidades más apremiantes", además de que utilizó "presión moral" sobre aquellos a los que se amenazó de privarlos de los beneficios de los programas Progresa y Procampo.

Señaló también que en las "hojas de autorización de los pacientes", firmadas por los quejosos, se advierte que se hablaba de "enfermedad" al referirse a la función reproductiva y de "tratamiento" al referirse al método de anticoncepción, en consecuencia dichos documentos "resultan no ser aptos para justificar el actuar de los servidores públicos, porque no se brindó la debida información; concluyéndose que su decisión no pudo ser responsable por faltar el consentimiento libre de vicios y la información veraz, adecuada y eficaz".

Consideró además "ilógico" que tres traductores, pertenecientes a tres comunidades diferentes, hayan ofertado en términos similares (incluso idéntico en las comunidades de Ojo de Agua y La Fátima) las mismas condiciones para la operación".

La Coddehum recomendó por lo tanto: uno, iniciar procedimiento administrativo interno de investigación contra el personal de salud mencionado, sancionándoseles por las violaciones y daños provocados a los quejosos; dos, que la Secretaría de Salud cumpliera con lo convenido por el personal médico a los quejosos; tres, que instruyera a los servidores públicos a fin de respetar la autonomía y dignidad de los pueblos indígenas, poniendo "a consideración" de éstos las prácticas y servicios de salud de acuerdo al artículo cuarto constitucional y el convenio 169 de la OIT; cuatro, que se ampliaran los servicios de salud y se mejorara su calidad a las comunidades indígenas.

El sí que se convirtió en veremos

El titular de la Secretaría de Salud de Guerrero aceptó primero en su totalidad la recomendación, después reculó y el 20 de enero de 2000 rechazó los puntos segundo y tercero. El 8 de noviembre de 2000 los agraviados se inconformaron ante la CNDH. Esta les dio la razón en la recomendación 18/2000, del 11 de septiembre de 2000, en la que solicita al gobernador del estado de Guerrero, René Juárez Cisneros, que instruya al titular de Salud estatal para que cumpla en sus términos la recomendación 41/99, excepto lo relativo a cumplir lo ofrecido por el personal de salud a los afectados, por ser esto ilegal, y en su lugar se determine la restitución de los daños y perjuicios a los quejosos conforme a derecho "y proceda al pago de una indemnización para la reparación de dicha afectación".

El 19 de septiembre, la OIPMT denunció que desde el anterior 24 de julio la secretaria de Salud, Verónica Muñoz Parra, había llegado a Ayutla para entregarles a los afectados 5 mil pesos y 30 toneladas de cemento a cada uno. Campos Herrera dijo que se aceptó ese dinero pero se iba a seguir luchando para que se les pagara lo que les correspondía, que eran unos 60 mil pesos a cada uno, de acuerdo con la ley. Aseveró que la funcionaria les había amenazado con que si querían seguir la pelea la siguieran, que pasarían cinco o diez años y no se resolvería el problema, "que era mejor que desistiéramos de nuestra lucha".

Tres días después, en rueda de prensa, la OIPMT, junto con José Sánchez Sánchez, asesor de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) informó que para obligar al gobierno del estado a cumplir con la recomendación 18/2000 de la CNDH acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a Amnistía Internacional. Sánchez Sánchez informó que la indemnización, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, debería ser de 120 mil pesos por persona, ya que se contabiliza el daño de acuerdo con el salario mínimo, más el pago del tratamiento sicológico y moral a la víctima y a sus familiares, ya que el daño físico es irreversible.