El caso de las Muertas de Ciudad Juárez debería ser el primero que las organizaciones feministas, del movimiento amplio de mujeres y de derechos humanos presenten ante las Naciones Unidas en uso del Protocolo Facultativo de la Convención contra Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), aprobado en diciembre por el Senado, ya que éste instrumento permite solicitar a nivel internacional que se hagan investigaciones en torno a "violaciones graves y sistemáticas" cometidas contra los derechos de las mujeres en el país.
La coyuntura es favorable sobre todo si se toma en cuenta que, recién el 14 de diciembre, 98 organizaciones enviaron una misiva a la Relatora sobre Asuntos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Martha Altolaguirre Larraondo, solicitándole que realice una visita a México para que pueda constatar la situación de violencia que viven las mujeres en el país, se pronuncie públicamente ante la situación de violencia que viven las mujeres en Ciudad Juárez "y exhorte al estado mexicano a que tome todas las medidas necesarias para lograr que se investiguen adecuadamente los asesinatos, se sancione a los responsables y se logre una reparación integral de los daños. Y que se tomen todas las medidas legislativas y de políticas públicas para proteger los derechos humanos de todas las mujeres en Ciudad Juárez".
Más aún porque a pesar de innumerables movilizaciones y denuncias realizadas en diversas partes del país, todavía el mes pasado el presidente Vicente Fox no había decidido dejar la retórica para aterrizar en el terreno de los hechos el combate a los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, como lo demuestra el que, según trascendió, ordenó categórico a la Procuraduría General de la República (PGR), investigar "a fondo" esos asesinatos "y dejar atrás aquello de que eso es fuero común" (La Jornada, 13/XII/2001), pero aún no se apagaba el coro de voces aplaudiendo esa presunta orden presidencial cuando, al día siguiente, el procurador Rafael Macedo de la Concha matizaba: "La PGR ha venido trabajando y colaborando con la Procuraduría del estado y lo seguiremos haciendo".
Nada pues de atraer las investigaciones de los casos, a pesar de que incluso la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intervino en el asunto argumentando la atracción de la queja en que "los hechos trascienden el interés de dicha Entidad Federativa", en este caso de Chihuahua. La institución emitió su recomendación 44/98 detallando omisiones y responsabilidades de autoridades de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua y del ayuntamiento de Juárez, con recomendaciones para esclarecer los hechos y prevenir los crímenes. "Sin embargo, hasta el momento ninguna de las ocho recomendaciones ha sido implementada a cabalidad por las autoridades del estado", se afirma en la carta a Altolaguirre.
La situación seguía en la indignante indiferencia e ineficacia de siempre en lo que respecta a las investigaciones policiacas, cuando ya casi para cerrar el año, se registraron otros dos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez: el día 26, la policía localizó el cuerpo sin vida de una joven asesinada por estrangulamiento 48 horas antes. El cadáver fue tirado en un canal de aguas negras. Aparentemente era una sexoservidora y sólo se le conocía como "La Guatemalteca". La otra joven, Sonia Torres Valdivieso, murió cuando un grupo de jóvenes atacó con rifles cuerno de chivo un bar de esa ciudad.

El recuento para la CIDH
La misiva enviada a la Relatora sobre Asuntos de la Mujer de la CIDH, fue firmada por organizaciones sociales y no gubernamentales de Chihuahua, Distrito Federal, Baja California, Aguascalientes, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz e Hidalgo.
En ella se detalla que desde 1993, más de 200 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez con violencia brutal sin que se hayan podido esclarecer los hechos. La mayoría de las mujeres asesinadas oscilaban entre los 15 y 25 años, casi todas ellas eran migrantes y trabajadoras de la industria maquiladora.
"El móvil -se agrega- ha pasado por varios escenarios, desde tráfico de órganos hasta el narcotráfico o la prostitución. Sin embargo, hasta el momento y pese a haber creado una Fiscalía Especial para los Crímenes de Mujeres (la cual cabe destacar que de 1996 al 2001 ha tenido seis fiscales), el clima de violencia y hostigamiento hacia las mujeres continúa y aún no se tienen respuestas claras y sólo existe una persona sentenciada por uno de los asesinatos". Eso representa, apunta más adelante, "una de las muestras más crudas de la ineficacia del sistema de procuración e impartición de justicia en nuestro país, y de la grave discriminación y violencia hacia las mujeres que todavía persiste en nuestro país".
"Las explicaciones brindadas por las autoridades han sido muestras del sexismo que permea todos los ámbitos gubernamentales, prueba de ello es que tanto las autoridades del Partido Acción Nacional como del Revolucionario Institucional justifican los crímenes por el tamaño de la falda de las víctimas, porque salen solas de noche, porque acuden a bailar o porque caminan por lugares obscuros; es decir porque según han afirmado: "su actitud no corresponde a los estándares morales y eso justifica los crímenes".

Campaña "Ni una más en Ciudad Juárez"
Las crecientes movilizaciones sociales para obligar al estado mexicano a cumplir con su deber de poner fin al holocausto de género que ocurre en Ciudad Juárez, se acentuaron luego de que en noviembre se localizaran los cuerpos de otras 10 mujeres asesinadas. Así, se inició la campaña "Ni una más en Ciudad Juárez": se han realizado vigilias encendiendo miles de veladoras en los lugares donde se han encontrado los cadáveres; se han colocado cruces, organizado rezos, manifestaciones, mítines, conferencias, se han organizado foros, se ha exigido la destitución de funcionarios ineptos...
Al parecer, lo único que se estaba concretando, era la creación de la Comisión Interdisciplinaria Emergente, integrada por el INM, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, el ayuntamiento de Juárez, las comisiones legislativas del congreso local y de la Unión e integrantes de organismos civiles y maquiladoras, la cual se encargará de proponer acciones inmediatas para prevenir los asesinatos, aunque "hay que estar pendientes de que tenga el suficiente presupuesto para funcionar, que cuente con mecanismos claros de rendición de cuentas y tenga la fuerza suficiente para incidir en las diferentes áreas de gobierno", señaló Lidia Alpízar, de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Durante un foro realizado por mujeres sindicalistas, se propusieron estrategias para detener y prevenir la violencia en esa entidad, informó María Elisa Villaescusa, de Mujeres Trabajadoras Unidas, entre ellas crear programas de capacitación sobre derechos humanos de las mujeres dirigidos al personal de seguridad pública, a los responsables de impartir justicia, así como a los choferes de transporte colectivo y privado de la localidad.
Establecer centros de apoyo integrales con personal capacitado para atender a mujeres violentadas y a los familiares de las víctimas. Que sea requisito para la contratación de choferes la carta de no antecedentes penales, la aplicación regular de la prueba antidoping y que las usuarias tengan acceso a los currículos con fotografías de los choferes de las rutas donde ellas transitan.
Suficiente alumbrado, teléfonos públicos y la creación de una línea telefónica que funcione las 24 horas. De igual forma, exigieron la formación de un grupo especial multidisciplinario con carácter federal para que coadyuve en las investigaciones.
De no haber ningún cambio en el panorama de Ciudad Juárez, más de 300 organizaciones sociales y no gubernamentales nacionales e internacionales, llamarán a una concentración masiva el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde participarán mujeres de toda la República y del extranjero; en tanto, continuarán realizando diversas acciones para presionar como parte de la campaña "Ni una más en Ciudad Juárez". (Con información de Aleyda Aguirre)

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