Entrevistado por la televisión, un ciudadano argentino que pugnaba por emigrar a Italia resumió: "Me voy, si Dios me permite irme, porque el futuro se ve como un infierno". Es una de las más precisas definiciones que en estos días han podido oírse. Desdichadamente, Adolfo Pérez Esquivel no lleva razón al decir: "Argentina ha tocado fondo". No es así, falta aún lo peor. Argentina salió del infierno de la dictadura militar, para entrar, sucesivamente, al caos de la hiperinflación, a la ilusión (momentánea) fondomonetarista de la estabilidad y el crecimiento, al desastre de la parálisis económica, a la catástrofe social del empobrecimiento masivo y entra ahora, probablemente, al infierno de un nuevo y absolutamente incierto caos económico, social y político, con mayor empobrecimiento.

La Ley de Emergencia de Eduardo Duhalde, que pone punto final a la "convertibilidad" y abre la puerta a la devaluación y a la reforma del sistema monetario, decisión absolutamente inevitable, no sólo ha sido largamente esperada, sino largamente preparada en más de un sentido. Lo fue en los últimos días de su vida política por Cavallo, a efecto de que los grandes intereses pusieran a salvo su plata mediante la fuga multimillonaria antes de decretar el corralito. Pero lo fue también por la clase política en medio del naufragio. Ahora se sabe que el nuevo programa es fruto de los acuerdos entre Raúl Alfonsín, dirigente de los radicales, y el propio Duhalde, de las filas peronistas, trabajado durante los últimos seis meses, frente a una presidencia delarruísta en el pantano.

En esa preparación, de acuerdo con el reportaje del diario Reforma, participaron el presidente de la Unión Industrial Argentina y actual ministro de la Producción, José Ignacio de Mendiguren, y los dos líderes del sindicalismo peronista, Rodolfo Daer y Hugo Moyano. También intervinieron los actuales ministros Carlos Ruckauf y Jorge Remes Lenicov, el designado embajador en Washington Diego Guelar, el diputado José Díaz Bancalari y el senador Antonio Cafiero, por el peronismo. Y por parte de los radicales Federico Storani, Mario Brodersohn, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Casella y Raúl Alconada Sempé, entre otros.

Una crisis de la magnitud de la argentina requeriría, por un tiempo prolongado, de un control de cambios y de un control riguroso del comercio exterior, de mecanismos efectivos de control de precios internos, de mecanismos eficaces para distribuir de manera mínimamente equitativa el costo de la peor crisis que han sufrido los argentinos. Una salida de este tipo malquistaría a los argentinos con el mundo desarrollado y con los organismos financieros internacionales ?cosa que de todos modos va a ocurrir?, pero exigiría la presencia de un Estado. Pero en Argentina no hay, para todo efecto práctico, Estado. Si la economía fue brutalmente destruida por el experimento que se propusieron hacer con ella el FMI y Washington, el Estado fue pulverizado, las instituciones políticas se hallan derruidas.

La sociedad, en proporciones crecientes, rechaza por igual a los miembros del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial y a todos los partidos. La demanda social de renuncia de la Corte Suprema, la desvinculación increíble de diputados y senadores, y de la Presidencia de la República, respecto de la sociedad como conjunto; el abandono total por la clase política del interés nacional; la corrupción y la rapiña desde el poder, el enfrentamiento macabro entre el fundamentalismo neoliberal y el ciego y torpe populismo; el puro juego de los grandes intereses económicos como los únicos determinantes de las decisiones, hablan con largueza de una crisis institucional y política acaso mayor que la económica. La revuelta social, de otra parte, puede derribar gobiernos, pero no puede construir salida alguna. Así, Argentina está frente al inmenso riesgo de rodar por una pendiente de final desconocido.

La paridad peso-dólar sólo habría podido funcionar en el imposible escenario de que la productividad sistémica de la economía nacional argentina hubiera marchado al ritmo que la de la economía estadunidense o al menos que la de la economía europea, desde el momento mismo en que fue aprobada la ley de convertibilidad. Sólo así las exportaciones podrían haber alcanzado el nivel de competitividad necesario para mantener un flujo suficiente de dólares hacia la economía nacional. Esto, que es simplemente elemental, es, sin embargo, invisible para el fundamentalismo neoliberal del FMI, de Washington y de los inversionistas que comprometieron grandes sumas, como los españoles con alrededor de 45 mil millones de dólares invertidos en Argentina, que sufrirán fuertes pérdidas. Pero así puede ser el poder de las ideas equivocadas: pueden tapar los ojos hasta que el ciego ignorante de que lo es, se estrella con los hechos. Ť