Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 11 de enero de 2002
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Política
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Luis Javier Garrido

El pasado

El rechazo popular cada vez mayor al gobierno de Vicente Fox no tiene su origen en una cuestión "de imagen", como pretenden sus asesores, sino en sus políticas antipopulares, y eso es algo que muy difícilmente pueden entender en Los Pinos.

1. 2002 se inicia con un descontento generalizado en el país, que se refleja ante el paquete fiscal para este año, pero cuyo trasfondo es la decepción popular por la negativa del nuevo gobierno a impulsar políticas diferentes a las de los gobiernos anteriores, lo que cuestiona seriamente la naturaleza del nuevo régimen y su futuro inmediato.

2. La iniciativa fiscal de Fox reveló lo que ya se sabía: que era voluntad del Ejecutivo hacer recaer el gravamen fiscal en la mayoría de los mexicanos protegiendo un año más a los grandes empresarios, todo lo cual ha sido congruente con su decisión de proteger a los defraudadores del Fobaproa y de impedir cualquier investigación sobre la corrupción en los medios financieros.

3. La pregunta que muchos se hicieron tras el 2 de julio ha vuelto a tener actualidad luego del primer año de gobierno foxista y su negativa a impulsar cambios. ƑEs Vicente Fox un simple personero de Carlos Salinas de Gortari, cuya función sexenal será salvarguardar los intereses financieros, industriales y comerciales del salinismo?

4. Las evidencias sobre la casi absoluta subordinación de Fox al salinismo son muchas y las especulaciones no han dejado de crecer. Salinas impulsó la reforma constitucional de 1992-1994 al artículo 82 que permitió a Fox, siendo hijo de una extranjera naturalizada, ser candidato y llegar a la Presidencia, y fue también Salinas el que cobijó en 1994 la iniciativa de Castañeda, Aguilar Zinser y Fox para hacer del Grupo San Angel un trampolín para el guanajuatense. De manera que no ha extrañado que Fox ya en la Presidencia no sólo esté gobernando con base en los programas del salinismo, haya incorporado a su gabinete a prominentes salinistas, como Santiago Lévy (IMSS) o Francisco Gil (Hacienda), y permita que Salinas se haya restablecido en México para hacer política de manera abierta (Proceso 1313), sino que haya buscado exonerar a los principales responsables por sus presuntos delitos: los jueces del foxismo están liberando a los empresarios salinistas indiciados, como Cabal Peniche, y lo que es más, Fox ha hecho prioridad de su gobierno la defensa de los intereses financieros y económicos de Salinas.

5. El anuncio hecho por Fox en noviembre de que el ajuste de cuentas con el antiguo régimen se limitaría a los desaparecidos en los años setenta y de que en consecuencia la aplicación de la ley hacia los responsables de crímenes en el pasado sería selectiva hizo ver que esta nueva iniciativa nacía muerta, pues sólo buscaba arrojar responsabilidades a los regímenes priístas populistas exonerando a los tecnocráticos. La designación del abogado Ignacio Carrillo Prieto, miembro prominente del Grupo Carpizo -y del salinismo-, como "fiscal especial" para el caso no hizo más que confirmar la impostura de Fox.

6. El cambio de régimen constituyó para las fuerzas democráticas del país oportunidad única para impulsar desde la sociedad cambios profundos en las estructuras nacionales que fue desaprovechado, pues ni los partidos políticos ni las demás fuerzas políticas quisieron enfrentarse a un régimen del que ya formaban parte, ni mucho menos impulsar cambios a las estructuras reales del poder.

7. El problema más crítico de este periodo de transición del régimen priísta al foxista (2000-2001) no lo constituyó el que Fox y su equipo no hubiesen tenido un programa de transición democrática, pues a pesar del discurso seudodemocrático que tuvo el candidato del PAN a lo largo de la campaña era evidente que no le interesaba un cambio real de las estructuras de poder, o que los partidos políticos, atados como han estado a las estructuras económicas dominantes, no lo hubiesen tenido tampoco por conveniencia propia, sino que en todos estos meses no se haya producido en México un debate intelectual y político serio sobre las estructuras del poder económico y político que el antiguo régimen heredara al nuevo.

8. El silencio en México ha sido casi absoluto en estos meses en relación a las componendas de intereses que prevalecen en la banca, la industria y el comercio, a la influencia del narco en las instancias políticas, militares y financieras del Estado foxista o a los pactos inconfesables que en todas partes se murmura que Vicente Fox celebró con Carlos Salinas y Ernesto Zedillo para garantizarles a los grupos de ambos impunidad -e inmunidad- a cambio de su respaldo.

9. México vivió a lo largo de los primeros meses de gobierno foxista una verdadera mistificación del proceso de transición política. Mientras primero la Mesa para la Reforma del Estado, coordinada por Porfirio Muñoz Ledo (2000-2001), y luego la Consulta sobre la Reforma Constitucional, organizada por Gobernación (2001-2002) proponían se discutiera a puertas cerradas sobre su agenda de "democratización", que suponía temas como la elección presidencial a dos vueltas o la reducción de los diputados plurinominales, todo ello además como una forma de disimular el proyecto oficial de modificar el marco constitucional para restringir los derechos de los trabajadores (la "reforma laboral") o entregar petróleo y electricidad al capital extranjero (la "reforma energética"), el autoritarismo mexicano encontraba en tanto su reacomodo y el "sistema" no hacía más que reconvertirse.

10. El país no discutió al arribo del nuevo gobierno temas capitales relativos a las estructuras del poder económico y político, y a partir de 2000 no sólo no se desmantelaron las estructuras de corrupción que se habían desarrollado en los años de la tecnocracia priísta, sino que se han consolidado aún más, amparadas por la cobertura de legitimación seudodemocrática del foxismo, y el desafío para los mexicanos es ahora en consecuencia mucho mayor.

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