Carlos Marichal

Educando al contribuyente

La educación del contribuyente promete ser tan compleja como el proceso de recuperación de los derechos ciudadanos en materia de elecciones entre 1988 y el 2000. No hace falta subrayar que en los últimos años, la cultura política en el país ha cambiado y mejorado radicalmente. Durante decenios, el derecho al voto fue manipulado a su antojo por la elite gubernamental, que exigía su canje a cambio de favores políticos para empresarios y regalitos para los pobres acarreados, quienes frecuentemente recibían apenas una camiseta y una torta.

Hoy en día, los contribuyentes en México se encuentran al inicio de otro proceso de aprendizaje que promete ser largo y difícil ya que durante su largo reinado el PRI fomentó una cultura de evasión fiscal, especialmente por parte de los empresarios y propietarios. Un primer paso en este aprendizaje consiste en tomar en cuenta la legitimidad y conveniencia del debate fiscal en la prensa, la calle y la legislatura. La discusión pública es la expresión más cabal del funcionamiento de una democracia.

Como se observa en las ácidas críticas de empresarios y profesores fiscalistas (asesores de empresas) en contra del debate político y parlamentario, no existe todavía costumbre de que se discutan abiertamente las opciones a nivel impositiva. Muchos empresarios y sus asesores preferirían regresar al pasado de componendas secretas entre gobierno y élites económicas, los que propiciaban un amplísimo rango de exenciones y evasiones fiscales para los privilegiados. Recordemos que México tiene los ingresos más bajos por ISR de todos los países miembros del OCDE, y que ello se debe sobre todo a la evasión de los sectores más adinerados.

Otro punto de aprendizaje- tanto para contribuyentes como para funcionarios de Hacienda- es que los impuestos no son simples instrumentos técnicos que deben manipular los directivos de la SHCP y asesores fiscales privados, sino que son herramientas políticas que atañen a todo el mundo. Por ello se ha vuelto tan importante evaluar con cuidado el impacto y la incidencia de las contribuciones, ya que un sistema regresivo de impuestos tiene consecuencias sociales tremendamente negativas. En México ello ha conducido a una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo.

Es probablemente por ello que a la hora de discutir la reforma fiscal, los diputados y senadores han decidido poner en el fiel de la balanza el interés general para ver si pesa más que las solicitudes de grupos de presión particulares. Efectivamente, en un Estado de derecho, lo que debe prevalecer en materia tan fundamental como la fiscalidad es el bien común, para usar una expresión clásica que sigue teniendo una gran vigencia. No debe sorprender, por consiguiente, que los lobbies de las empresas de tabacos, de bebidas alcohólicas, de importadores de edulcorantes y de los bancos, protesten por los nuevos impuestos. Más sorprendente es que la administración presidencial actual no ratifique los avances logrados que rompen de manera significativa con un sistema anticuado y corrupto en materia de evasión fiscal.

En la medida que los contribuyentes van aceptando un sistema fiscal moderno, también se plantea la necesidad de reformar la cara anversa de la economía pública: es decir, se trata de que el gobierno proporcione bienes públicos de mejor calidad. Entre ellos se encuentra la educación y la salud pública, que han ido decayendo de manera notoria en los últimos dos decenios. Para mejorar la atención a alumnos y pacientes se necesitan urgentes reformas. Por una parte, se requieren aumentos a los salarios de médicos, enfermeras y maestros. Por otra, se necesita reducir la burocracia administrativa que se infló a raíz de la vieja política de gobiernos anteriores que estaban dispuestos a ofrecer servicios públicos deficientes asentados sobre un sistema que permitía el canje de empleos burocráticos por votos. Hoy en día, la ecuación política cambió: se trata de modernizar el sistema fiscal para que el Estado proporcione bienes públicos de calidad equiparables a las que disfrutan ciudadanos de las naciones desarrolladas.