En días recientes han ocurrido en Chiapas diversos hechos violentos que contradicen la "tranquilidad nerviosa" a la que se refirió el enviado papal Roger Etchegaray luego de una gira por el estado. Más certera parece la impresión del arzobispo regiomontano, Adolfo Suárez Rivera, quien destacó que en la entidad del sureste "las cosas están pasmadas, como detenidas, y de repente explotan por otros problemas adyacentes".

En esta segunda percepción encajan sucesos como el atentado perpetrado anteayer en la casa del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López Hernández, y el asalto o emboscada a vehículo de Progresa que se registró ayer cerca de Salto del Agua con un saldo de dos muertos y dos heridos.

Es pertinente recordar que tales sucesos tienen como telón de fondo el creciente golpeteo que el priísmo chiapaneco, expresión política de la oligarquía local, ha venido orquestando contra el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, en un momento en que el madracismo --representado en Chiapas por el grupo del ex gobernador Roberto Albores-- disputa con buenas perspectivas el control del PRI nacional.

Sería ciertamente aventurado establecer una vinculación directa entre el creciente desasosiego que se vive en diversos puntos del territorio chiapaneco y los hechos de violencia referidos, pero no puede ignorarse que objetivamente cualquier elemento de inestabilidad en Chiapas sirve a los intereses revanchistas del priísmo local.

Más allá de esos escenarios locales, la creciente incertidumbre estatal obliga a recordar que el país sigue teniendo, a más de ocho años del alzamiento indígena del 1º de enero de 1994, la asignatura pendiente de resolver las causas profundas de la insurrección y de establecer términos dignos, justos y democráticos con sus pueblos indígenas.

Tras los errores legislativos del año pasado, cuando el Congreso de la Unión aprobó unas enmiendas constitucionales distorsionadas e insuficientes en materia de derecho y cultura indígenas, el actual gobierno federal parece haberse convencido a sí mismo de que la solución al conflicto chiapaneco consiste en no mencionarlo. Semejante apreciación puede tener graves consecuencias para Chiapas y para el país en su conjunto porque, aunque no ocupe --por ahora-- las primeras planas de los diarios ni espacios destacados en los noticieros, el conflicto chiapaneco sigue irresuelto, y en tanto no se atiendan las razones de fondo que le dieron origen, la estabilidad y la paz en aquella entidad seguirán siendo irremediablemente frágiles y precarias.