El IFE, a la expectativa en el caso de financiamientos irregulares del PRI

Ť El consejero presidente pidió a sus compañeros prudencia en el manejo del tema

ALONSO URRUTIA Y MIREYA CUELLAR

En una reunión de consejeros en la que se ponderó que el Instituto Federal Electoral (IFE) no debe asumir un papel protagónico por el momento pero sí mantenerse muy atento, se acordó solicitar formalmente a PGR, Secodam, Pemex y Hacienda toda la información relativa a las investigaciones en torno al presunto desvío de recursos de Petróleos Mexicanos para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.

La mañana de ayer fue muy agitada en el IFE. En una reunión informal previa a la de la Comisión de Fiscalizaión, en la que se tomó ese acuerdo, el consejero presidente José Woldenberg pidió a sus compañeros "prudencia" en el manejo del tema, en alusión a declaraciones. Se discutió la conveniencia de que el IFE abriera "de oficio" una investigación, pero se impuso la visión de manejarse con cuidado y esperar a que el gobierno federal les haga llegar elementos suficientes para sustentar lo que sería la reapertura de un caso que se suponía juzgado.

La solicitud fue acordada en una reunión vespertina de la Comisión de Fiscalización durante la cual los consejeros consideraron que el inicio de las averiguaciones previas sobre esta triangulación de recursos en favor de un partido político es de suyo grave, por la cual este organismo electoral no puede dejar de allegarse detalles sobre el tema.

Entrevistado acerca de la reunión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Alonso Lujambio, sostuvo que el IFE no hará ningún manifiesto sobre el tema hasta que no cuente con la información oficial de los avances y el resultado de las indagatorias. "Sin precipitaciones y con estricto apego a derecho, el instituto conocerá en su momento estos informes para actuar en consecuencia, de modo que no es posible hacer ninguna aseveración prejuiciada y sobre las rodillas", comentó Lujambio.

-¿Hay algún plazo para que la autoridad les entregue esa información, o el IFE podría acudir a medidas de apremio?

-Todo depende del avance que ellos tengan de esto en sus procedimientos.

Durante la reunión, las apreciaciones de algunos consejeros incluyeron la necesidad de que el IFE inicie gestiones para tener información de primera mano, pero, al mismo tiempo, que actúe con prudencia en torno a un caso cuyas consecuencias políticas, de comprobarse el desvío, pudieran ser muy importantes.

Una vez aprobado por la Comisión de Fiscalización, es el consejero presidente del IFE, José Woldenberg, a quien corresponde solicitar la información a las distintas dependencias. Así, el IFE prefirió esperar para ejercer las facultades de investigador "de oficio" que le concede el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

 Los partidos -de acuerdo con las normas establecidas por el IFE a partir de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- están obligados a guardar sus estados financieros por un lapso de cinco años posteriores a la elección, por lo que en dicho periodo el órgano electoral les puede requerir cualquier información, siempre y cuando se decida abrir una investigación a partir de elementos supervinientes de peso que hagan presumir irregularidades. También hay la posibilidad de que algún partido presente la queja correspondiente y se abra la investigación a petición de parte.

Hay que recordar que en la parte electoral del Código Penal Federal se indica que si el candidato sabía del ingreso de fondos irregulares en el financiamiento de su campaña se hará acreedor a una sanción.

En tanto, entrevistado en la Secretaría de Gobernación, el director de Gobierno, Humberto Aguilar, dijo desconocer si funcionarios de la pasada administración estuvieran involucrados en este desvío.

Sin embargo, comentó que si se tuvieran elementos de posibles irregularidades en la Dirección de Juegos y Sorteos ?como algunas publicaciones apuntan? se presentaría la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial para que se investigue hasta las últimas consecuencias.