Luis Javier Garrido
La pecera
La investigación que hace la PGR de un posible desvío que se hiciera en 2000 de más de mil 100 millones de pesos de Pemex para la campaña de Francisco Labastida está mostrando que el régimen de Vicente Fox actúa frente a sus predecesores como se hacía en el régimen priísta: por decisiones políticas y no jurídicas, y que de nuevo estamos ante un caso en el que hay aplicación discrecional de la ley en función de intereses personales y partidistas.
1. La decisión del presidente Fox de lanzar esta ofensiva contra el aparato priísta, cuando han pasado 14 meses de que asumió el cargo, como se ha sugerido parece buscar por lo menos tres objetivos que parecerían esenciales para el futuro del régimen foxista, y tras de los cuales estaría uno personal: levantar su deteriorada imagen personal. Las acusaciones buscan a todas luces: a) asestarle un golpe frontal al PRI, al sindicato petrolero y al sistema corporativo ante la perspectiva de que en las elecciones legislativas de 2003 los priístas vayan a aumentar sus bancadas y puedan volver a alcanzar la mayoría en ambas Cámaras, pero al mismo tiempo b) reforzar la campaña oficial para desprestigiar a Pemex, la más importante empresa estatal de América Latina, en vistas a crear mejores condiciones para acelerar su privatización, y c) apuntalar la campaña interna de Roberto Madrazo y del PRI salinista para hacerle frente a Beatriz Paredes y al PRI labastidista y zedillista.
2. Las acusaciones a empleados de Pemex y a dirigentes del STPRM, largamente anunciadas, parecen tener como objetivo abrir la vía para una negociación con la cúpula priísta en vistas a las dos prioridades del gobierno de Fox, y que son la privatización del sector energético y la expedición de una nueva legislación laboral de corte neoliberal, que como se sabe son exigencias del Banco Mundial, ofreciéndoles así una salida a los jerarcas del PRI: la negociación y el apoyo a su gobierno que le negaron con el paquete fiscal. A ello obedece la mecánica de corte priísta que se ha seguido filtrando la información de cuáles van a ser las acusaciones, pero sin determinar quiénes serían los probables indiciados.
3. Para el equipo de expertos en comunicación de Los Pinos el problema fundamental de Fox no sólo es la pérdida de credibilidad del ya no tan nuevo presidente, que en las últimas encuestas tiene una desaprobación de más de 50 por ciento de la ciudadanía (CNI Noticias, 23/1/02), sino la impaciencia creciente que se manifiesta en Washington por su incapacidad para aplicar los programas neoliberales, y con esta acusación se busca revertir la situación.
4. El diagnóstico en todas partes ha sido muy claro y en un foro auspiciado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington, por ejemplo, un grupo de especialistas, evidenciando el nerviosismo existente allá por los pocos avances del nuevo gobierno mexicano en la profundización de las políticas neoliberales y por su escasa eficiencia política, coincidieron hace poco en exigirle a Fox "un mayor liderazgo" y le demandaron llevar a cabo un mejor trabajo con el Congreso (Milenio Diario, 17/01/02).
5. El escándalo generado por el anuncio multipublicitado corre el riesgo de terminar como simple baladronada tras la cual se procese a líderes y funcionarios menores y no a esos "peces gordos" de los cuales han hablado Fox y Barrio, y que no acabe con el PRI (como pretenden muchos medios), no le dé un golpe definitivo al corporativismo y a los líderes charros (de los cuales tanto necesita Fox), ni le permita acelerar la privatización de Pemex (que ha proseguido de manera soterrada como en los pasados tres sexenios).
6. El escenario a venir es previsible. La confrontación del gobierno foxista con el PRI, entendida por dirigentes priístas como "una guerra" (23/1/02) y evaluada por la cúpula del Institucional en toda su gravedad (25/1/02), no va a llevar a un cambio democrático ni a fortalecer el foxismo, pues cualesquiera que fuesen sus metas primordiales, para alcanzar algún éxito Fox requeriría dos rasgos de los cuales carece: autoridad política y autoridad moral.
7. La autoridad política para enfrentar lo que queda del sistema priísta no la tiene Fox, pues desde mucho antes de su llegada a Los Pinos se identificó con los turbios intereses económicos de sus predecesores y entró en componendas con los grupos de Salinas y de Zedillo, a quienes les debe amplio apoyo, y muy difícilmente las propias fuerzas que lo respaldan lo seguirían de pretender procesar a priístas de primer nivel, lo que es imprescindible para satisfacer las expectativas creadas. De ser ciertas las imputaciones debería enjuiciarse no sólo a Rogelio Montemayor (ex director de Pemex) y a Carlos Romero Deschamps (secretario general del STPRM) o a funcionarios y líderes oscuros, sino a Luis Téllez (ex secretario de Energía) y al ex presidente Ernesto Zedillo, y Fox no tiene el calibre para enfrentarlos. Sólo busca un nuevo quinazo que le restituya la credibilidad perdida.
8. La autoridad moral de Fox es nula luego de las informaciones que han aparecido tras la campaña de 2000, pues si a nadie cabe la menor duda de que en el pasado el PRI, como partido de Estado, utilizó con amplitud los recursos públicos, como sigue haciendo en las entidades donde conserva el poder, Fox no tiene las manos limpias. El que fuera candidato presidencial del PAN fue señalado en múltiples ocasiones de recibir un financiamiento oscuro en México de los beneficiarios del Fobaproa, que eso eran muchos de los Amigos de Fox, así como un financiamiento abiertamente ilegal desde Estados Unidos, y la reacción del foxismo ya se conoce: ante las peticiones de consejeros del IFE al gobierno de que suministrara la información, que en todo caso debería ser pública, Hacienda se negó a ello.
9. No es de extrañar que meses más tarde el propio Fox guarde silencio al conocerse que la compañía californiana Enron, señalada por los beneficios ilegales que recibiera del presidente Bush y por su bancarrota fraudulenta, tuvo el encargo de elaborar el proyecto de reforma energética de su campaña (Milenio Diario, 24/1/02).
10. El nuevo escándalo, en todo caso, se saldará sin duda por una componenda política al margen de la ciudadanía, mostrando una vez más cuán lejos estamos de un verdadero cambio democrático.