Directora General: Carmen Lira Saade

México D.F. Miércoles 30 de enero de 2002

Sociedad y Justicia

Ť Múltiples quejas por desacuerdos con rectores, sindicato magisterial y legisladores

"Posibilidad latente", la renuncia de Tamez a la SEP: funcionarios

Ť También influirían impuestos a colegiaturas y diferendo con gobiernos de Tlaxcala y Oaxaca

JUAN M. VENEGAS Y CLAUDIA HERRERA

La posibilidad de que Reyes Tamez Guerra deje la Secretaría de Educación Pública (SEP) "está latente", confirmaron a este diario funcionarios del gobierno federal. El malestar y la falta de acuerdos con rectores de universidades públicas y privadas, así como legisladores y sindicato magisterial, y su incapacidad para concretar el proyecto del Instituto de Evaluación de la Educación, son algunas de las quejas que han llegado hasta el presidente Vicente Fox Quesada.

En el trato con los rectores, el malestar se incrementó a raíz de que la Cámara de Diputados aprobara recursos adicionales para las universidades públicas por cerca de 3 mil millones de pesos. Sin embargo, pese a las revisiones salariales, la SEP no ha definido los montos que corresponderían a cada institución. Se quejan de que la "lentitud" con que se ha manejado la asignación de recursos les ha provocado "problemas" en las negociaciones con sindicatos universitarios.

En el caso de la relación con los rectores de las universidades privadas, ésta se tensó cuando Tamez Guerra respaldó la propuesta presidencial de gravar las colegiaturas en esas instituciones. Abiertamente, el rector del Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann (ex colaborador del gobierno foxista), se manifestó en contra de que se aplicara el IVA y encabezó una campaña mediática contra la gestión del ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Enrique González Torres, retamez_diputados_wector de la Universidad Iberoamericana, se sumó a la posición de Rangel de rechazo a la "política educativa" de Reyes Tamez señalando su "falta de claridad".

Tanto en el sector educativo privado como en el público no se le reconoce mayor interlocución. Y no sólo por su desempeño actual, sino por su pasado al frente de un grupo porril en la universidad neoleonesa, presuntamente al servicio del entonces gobernador Alfonso Martínez Domínguez.

Respecto a la creación del Instituto de Evaluación -que de acuerdo con el proyecto inicial del equipo foxista debería estar funcionando desde el año pasado-, se atribuye al titular de la SEP falta de tacto para alcanzar consensos con el sindicato magisterial y legisladores. Recientemente, el propio Fox señaló que la operación de este organismo es una "prioridad" en su administración.

Esa "incapacidad negociadora" se reflejó también en el anuncio que hicieron los gobernadores de Tlaxcala y de Oaxaca -a finales del año pasado- de que devolverían la administración de las escuelas al gobierno federal si no se les asignaban suficientes recursos. Lo que en los hechos significaba romper con el pacto federal en materia educativa, le "reventó" al Presidente y sólo hasta que intervino el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, se pudo resolver, por lo menos en Tlaxcala. El caso de Oaxaca sigue pendiente.

La Oficina para la Innovación Gubernamental, coordinada por Ramón Muñoz, hizo a su vez una evaluación de la gestión de las diversas dependencias del Ejecutivo durante el año pasado. Tamez fue uno de los secretarios de Estado peor calificados.

Kuri, como "mediador" en el proyecto del nuevo aeropuerto

También en círculos oficiales se informó ayer que el ex perredista Francisco Kuri recibirá la encomienda presidencial de actuar como "mediador y conciliador" entre los diversos sectores y actores involucrados en el polémico proyecto del aeropuerto en Texcoco. El ex diputado federal ya trabajó en el equipo de Vicente Fox durante los seis meses del periodo de transición de poderes, participando en la elaboración del proyecto energético del nuevo gobierno.

Ahora, de acuerdo con lo que se informó, tendrá la responsabilidad de "acercar" las posiciones de los gobiernos del estado de México y Distrito Federal, ejidatarios y empresarios, para destrabar los conflictos que ha generado el proyecto Texcoco.