Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 3 de febrero de 2002
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Política

Jenaro Villamil

Del derecho de nacer al derecho a decidir

"šQué bien por el bien de las mujeres!", exclamó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, al final de dos días de una inédita discusión sobre la constitucionalidad de las reformas que despenalizan por tres causales el aborto en el Distrito Federal. Con esta frase, los noticieros televisivos y radiofónicos, incluyendo los más sensacionalistas y hasta la BBC de Londres, dieron cuenta de la cerrada deliberación y votación de los magistrados del Poder Judicial y de una discusión que por primera vez privilegió este espinoso tema en el ámbito del derecho a decidir y en los marcos estrictamente laicos.

Mediáticamente, la cobertura sobre el fallo de la llamada ley Robles constituye un caso singular. Si bien no le robó cámara a la polémica sobre la canonización de Juan Diego y la próxima visita del papa Juan Pablo II, sí constituyó una transformación de la visión melodramática y una derrota para la irreductibilidad que ha guiado a quienes se opusieron a tales cambios. Hasta el titular del Poder Judicial se dio el lujo de ironizar sobre la argumentación de la "garantía de audiencia" del producto de la concepción (ver nota de Jesús Aranda, La Jornada, 31 de enero de 2002, p. 11).

Muchas décadas han transcurrido desde que, en 1936, ante la Convención de Unificación Penal, la doctora Matilde Rodríguez presentó una ponencia para proponer un enfoque con sentido social, de salud pública, para el problema del aborto (la única publicación que la reprodujo íntegra fue la revista Futuro, dirigida por Vicente Lombardo Toledano). Desde entonces, a paso lento, los grupos feministas y los investigadores más acuciosos han tratado de ventilar este asunto desde un punto de vista de interés público, y no sólo como un problema de culpas y castigos o, peor aún, de chantaje emocional para la mujer que se practica un aborto.

La telenovela mexicana ha sido el vehículo por excelencia para presentar el aborto como un asunto de culpa. La más famosa, El derecho de nacer, no sólo sobrevivió el tránsito de la radionovela al melodrama de la pantalla, sino que se convirtió en referente para múltiples refritos que adocenaron el tema de la maternidad con el dogma religioso y el imaginario clasista. De acuerdo con el guión original de esta radionovela cubana, todo feto no deseado pudo haber sido un Albertico Limonta, de origen aristocrático, salvado del paraje de la maldad y la muerte. Esta historia fue estelarizada por Gloria Marín y Jorge Mistral, en su versión cinematográfica, y por Enrique Rambal y María Rivas en la televisión (1966), Verónica Castro y Humberto Zurita (1982), y más recientemente por Kate del Castillo y Saúl Lizazo (2001) sin demasiado éxito, a pesar de las adaptaciones "modernas" de la anécdota central.

A nivel noticioso, el aborto se combinó con la nota roja y, por supuesto, con elpro_aborto_s02 púlpito mediático. Opinaban más sobre el asunto las autoridades eclesiásticas que las mujeres implicadas o los médicos. La irrupción de Provida, a principios de los 80, le dio tintes medievales y de linchamiento al asunto. Su entonces dirigente, Jorge Serrano Limón, pudo explotar su visión gracias a la caja de resonancia que tuvieron sus comentarios, y no precisamente porque demostrara una opinión mayoritaria detrás o por su capacidad argumentativa.

A finales de los 90, el caso de la joven bajacaliforniana Paulina movilizó no sólo a las organizaciones de derechos humanos de la mujer, sino a una opinión pública que ya había cambiado su percepción frente al problema: la violación y el abuso se convirtieron en el dilema ético frente al hecho de concebir un hijo no deseado. Para entonces, las encuestas reflejaban que más de 70 por ciento de los mexicanos creían que el tema debía ser enfocado desde el punto de vista de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y más de 50 por ciento opinaba en favor de la despenalización del aborto por violación. El derecho de nacer no estaba a discusión. El debate era por el derecho a la salud de la mujer y por su derecho a decidir, pero también por el derecho a ser informadas.

Un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) destacó en agosto de 2000 que dos de cada tres capitalinos consideran el aborto un tema trascendente de la agenda ciudadana, pero cerca de ocho de cada 10 desconocían la posición de cada uno de sus representantes políticos, y nueve de cada 10 reclamaba que el gobierno tuviera un papel informante más activo para contribuir a incrementar la información sobre educación sexual y sobre planificación familiar. La posición que la opinión pública tenía más clara era la de la Iglesia católica. En ese estudio se revelaba que sólo 25 por ciento de la población capitalina conocía el estatuto jurídico del aborto. La percepción más generalizada, 54 por ciento, consideraba que se encontraba prohibido en cualquier circunstancia.

La amplia difusión que se registró en los últimos días sobre el debate en la Suprema Corte de Justicia sienta un precedente informativo de largo alcance. Las siguientes palabras de la magistrada Olga María Sánchez Cordero demuestran que, por ahora, ya se inició un debate en el que lo importante es el derecho a decidir:

"Debe considerarse -argumentó en su ponencia- que la situación descrita por el precepto coloca a la mujer embarazada ante una situación de muy difícil decisión: la de aceptar continuar con el embarazo y la de aceptar la interrupción del mismo. Si alguna mujer opta por la decisión de interrumpir el embarazo... dará lugar a que se considere, según se ha reiterado, que no debe imponerse sanción a los que hayan participado en dicha acción".

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