Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 3 de febrero de 2002
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Economía

José Antonio Rojas Nieto

De la razón técnica a la razón política

Sencillamente debo decir que creo que tenemos razón quienes desde hace varios meses -incluso años- afirmamos la necesidad de hacer una severa revisión de la situación fiscal de Pemex y de CFE. En el primer caso, sin duda, por la excesiva concentración de recursos petroleros en el ingreso fiscal que no sólo ha generado una vida económica y fiscal ficticia para personas, familias y empresas al hacerles creer que se puede impulsar un programa de genuino desarrollo con una raquítica aportación fiscal que sin los recursos petroleros apenas alcanza un monto cercano a 10 por ciento del producto interno bruto (PIB), uno de los más bajos del mundo. Y en el segundo por la incuestionable necesidad de hacer una cuidadosa y detallada revisión del subsidio eléctrico, con el ánimo de suprimirlo a aquellos sectores de la población que francamente no lo necesitan y de otorgarlo y concentrarlo en quienes realmente lo requieren, asunto que, por cierto, no siempre es fácil determinar, máxime cuando se han experimentado situaciones en las que se transfieren enormes recursos públicos a quienes realmente no sólo no lo necesitan sino, ni siquiera lo merecen. En este sentido, incluso, ya avergüenza y abruma seguir citando al Fobaproa.

Pues bien, a pesar de que, efectivamente, la más nítida racionalidad exigiera que la participación de los ingresos petroleros al fisco debiera reducirse y sustituirse con formas alternativas de financiamiento del gasto gubernamental, a pesar de eso, nada sería más absurdo y regresivo que eliminar de golpe o reducir drásticamente estas aportaciones petroleras. Se generaría una desestabilización fiscal muy grande que, finalmente, resultaría regresiva y contraproducente para la sociedad. Asimismo, y no obstante que desde un punto de vista no sólo racional sino justo, muchos consumidores debiéramos pagar la electricidad al costo, sería igualmente absurdo y regresivo que se eliminara de golpe o se redujera drásticamente este subsidio. También se generaría -como ya se demuestra hoy- una desestabilización muy grande de los consumidores que, finalmente, resultaría regresiva y contraproducente. Ni aquí ni en ningún lado en el que se pretende vivir democráticamente se puede imponer la razón técnica por sobre la razón política. No es cierto -para atajar rápidamente las críticas- que un razonamiento político que considera tanto las necesidades de la sociedad como su sensibilidad y su sentir conduce necesariamente al populismo. No. Pero tampoco que la razón técnica -en este caso la que sustenta la incuestionable racionalización del subsidio eléctrico- se imponga ignorando el sentir de los consumidores y menospreciando no sólo su inteligencia sino su sentido de justicia.

El agudísimo problema de la dependencia petrolera de los ingresos fiscales y el delicado y complejo asunto del subsidio eléctrico pueden y deben plantearse con nitidez ante la sociedad; mostrando su carácter problemático, su origen, su desarrollo, sus implicaciones y sus alternativas de solución. Se está a tiempo de hacerlo y de hacerlo bien. Y, más aún, de plantear una solución no sólo correcta, sino prudente y viable. La problemática puede y debe ser comprendida muy bien por la sociedad. Las alternativas y soluciones también. Nada sería más absurdo que posponer indefinidamente la formulación nítida del problema y sus alternativas de solución. Por el contrario, ya que se planteó el asunto, hay que enfrentarlo bien. Y aquí -por favor- más vale que el Congreso intervenga.

El buen diseño de una buena solución exigirá la aclaración y demostración públicas de, al menos, cuatro hechos fundamentales. Primero, que efectivamente la empresa eléctrica opera al costo mínimo que garantiza un suministro confiable y de calidad. Segundo, que el monto del subsidio eléctrico está bien determinado y analizado. Tercero, que los recursos provenientes de esta racionalización del subsidio realmente se orientaran al reforzamiento de la industria eléctrica. Cuarto, que la forma de ir reduciendo y racionalizando este subsidio eléctrico es, sin duda, la mejor. Si se obvia todo esto, la razón técnica se transforma en razón tecnocrática y, finalmente, en razón autoritaria. Y su justificación técnica y económica esencial e incluso su justeza ética, no sólo se diluyen sino que se pierden. Sobre la razón tecnocrática nunca se podrá construir ni una vida democrática ni una nación. Nunca.

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