Luis Javier Garrido
El general
El gobierno de Vicente Fox no ha podido enfrentar la situación de unas fuerzas armadas que siguen actuando fuera del marco constitucional e impulsar un cambio verdadero, como lo muestra ahora, una vez más, "el caso Gallardo".
1. La decisión que tomó el gobierno foxista ante la presión internacional de poner en libertad al general José Francisco Gallardo Rodríguez (7 de febrero), detenido ocho años bajo acusaciones inverosímiles por el solo hecho de haber demandado la creación de un ombudsman de las fuerzas armadas, nuevamente pone en la mesa de discusiones no sólo la nula voluntad de cambio de Vicente Fox, sino la ilegalidad en la que sigue actuando el Ejército Mexicano.
2. El gobierno de Fox, que como se sabe se ha plegado casi por completo a los dictados de Washington y se halla dispuesto a subordinar al Ejército Mexicano a fuerzas trasnacionales bajo el mando de Estados Unidos, y que en los hechos estos meses ha aceptado un Ejército que actúe como su brazo represor a cambio de lo cual le tolera que al igual que en los años del priísmo siga vinculado al narcopoder, tuvo que aceptar esta decisión y el consiguiente conflicto con algunos mandos militares, ante la vergüenza de ser condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. El fracaso de Vicente Fox para impulsar los cambios que requiere el país se podría explicar de distintas formas, pues los compromisos que contrajo con los grupos de Salinas y de Zedillo antes de llegar a Los Pinos no bastan para explicar por qué ha hecho un gobierno de continuidad antes que de ruptura, lo mismo en relación con las instituciones políticas que a los programas económicos. Lo cierto es que Fox, como sus contendientes, enunció en el curso de la larga campaña electoral vagas promesas diciendo que el país debería vivir en un estado de derecho y que para ello era menester cambiar el rumbo económico y el sistema de poder, pero en ningún momento hizo las precisiones necesarias de las acciones que tomaría, y no lo hizo porque nunca entendió la dimensión de los problemas nacionales, y así ha sido en el caso del Ejército.
4. Los gobiernos priístas se caracterizaron por recurrir cada vez más a las fuerzas armadas ante su creciente incapacidad para enfrentar los problemas sociales por otra vía que no fuese la represión, y así hicieron intervenir ilegalmente al Ejército como Policía Judicial o Ministerio Público y hasta como autoridad agraria, educativa y de salud, en abierta violación al artículo 129 constitucional. Un gobierno que se asumiera "de transición" necesariamente tendría que haber hecho entrar al Ejército a la legalidad, a) haciendo prevalecer la ley a su interior, para que se respetasen los derechos de los integrantes de las fuerzas armadas y a fin de que los oficiales no actuaran más que en el marco de sus atribuciones, pero también b) para que, como institución, dejase de cumplir tareas ilegales.
5. Del Ejército que actuaba como brazo represor de los titulares del Ejecutivo federal, y que para suplir su incompetencia asesinaba campesinos y estudiantes, se debería haber pasado a lo que la Constitución marca que ha de ser: el defensor de la soberanía nacional.
6. "La transición" debería haber entrañado por ello en el caso de las fuerzas armadas una revisión profunda de su actuación, aplicándose la ley no sólo a los responsables de la guerra sucia de los sesenta y los setenta, sino a los que cometieron todo género de exacciones en los ochenta y en los noventa. Tendría que haberse analizado con severidad su actuación, en especial en el medio rural mexicano, juzgándose a los responsables de matanzas genocidas desde Tlatelolco (1968) hasta Aguas Blancas (1995), Acteal (1997), El Bosque (1998) y El Charco (1999). Y tendrían que haberse depurado las fuerzas armadas, investigándose un problema capital del Estado mexicano, que es el de la penetración del narcotráfico en sus rangos, sobre todo porque los tres últimos titulares de la Sedena -Juan Arévalo Gardoqui, Antonio Riviello y Enrique Cervantes Aguirre- han sido señalados además de por su saña represiva por su vinculación al narcotráfico.
7. ƑY cómo hablar de "una transición" cuando en torno de la abogada Digna Ochoa no se investiga a los militares cuando todas las evidencias apuntan hacia ellos?
8. Una real "transición política" habría requerido además, y de manera primordial, retirar al Ejército de Chiapas en cumplimiento de la Constitución y de la ley para el diálogo de 1995, pues su tarea no ha sido otra que amedrentar a las comunidades, reprimir a los pueblos indios y adiestrar y proteger a los grupos paramilitares de los políticos priístas, haciendo imposible la vida social.
9. El nuevo gobierno no ha hecho, sin embargo, más que enviar señales negativas en torno a lo que sería su actitud frente al Ejército. Desde la designación que hizo Fox el primero de diciembre de 2000 del general Rafael Macedo como titular de la PGR, a sabiendas de su turbio historial (en el que había fungido como principal acusador del general Gallardo), hasta las insistentes declaraciones de Alejandro Gertz (secretario de Seguridad Pública), manifestando que el Ejército debe patrullar las calles haciendo anticonstitucionalmente funciones de policía preventiva, todo hace ver de parte de las autoridades una nula voluntad de cambio.
10. La lucha ejemplar del general Francisco Gallardo por los derechos de los militares y por un Ejército digno sometido a la legalidad, adquiere ahora por todo esto una nueva dimensión. Al reclamar su derecho a seguir siendo miembro de las fuerzas armadas y a que se le reconozca su plena inocencia, está peleando con todos aquellos que, a diferencia del gobierno foxista, creen en un México sustentado en la legalidad y en la justicia.
