La reforma constitucional foxista, "agravio a los pueblos indígenas":
Hugo Aguilar, coordinador de Servicios del Pueblo Mixe

Un largo camino han recorrido los Acuerdos de San Andrés en su búsqueda por tomar el carácter de pacto nacional y establecerse como marco para una relación sana entre Estado y pueblos indígenas. Y todavía queda un largo camino.

La siguiente estación tendrá como escenario el poder judicial, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Después de jornadas muy importantes frente a los poderes ejecutivo y legislativo, ahora con la presentación de la controversias constitucionales contra el procedimiento que siguió la reforma, se abre un nuevo capítulo en el que los indios darán la pelea nuevamente (tercos e insistentes) sobre la pertinencia nacional de que se reconozcan sus derechos.

Hugo Aguilar, coordinador de Servicios del Pueblos Mixe (SER) opina: "La presentación de las controversias es realmente una acción histórica para nuestros pueblos y para el país. Dimos y seguiremos dando muestras de que vamos a hacer uso de todas las vías legales a nuestro alcance para defender nuestros derechos".

El primer round de esta pelea que tiene como ring el poder judicial ha sido para los derechos indios: las controversias fueron admitidas por la SCJN, a pesar de los esfuerzos de los senadores del PAN y del PRI por cerrar el caso. El senador priísta, Enrique Jackson, introdujo una reclamación en contra de las controversias: su argumento se basaba en que no están claras las razones de la inconformidad indígena. Frente a este argumento Aguilar responde: "Las controversias que elaboramos plantean de manera contundente los agravios que la reforma nos está causando. En especial por lo que se refiere al derecho de consulta, que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estatuye para cualquier reforma legal relativa a los indígenas. Este derecho fue violado flagrantemente, pues no se puede demostrar que nuestros pueblos fueron consultados. Si bien se abrió un espacio para que clarificáramos el contenido de nuestros derechos, de ninguna manera fue tomado en cuenta al emitir la reforma constitucional".

El no haber consultado a los indios es una de las múltiples demandas incluidas en las toneladas kafkianas de documentos que la SCJN tiene la obligación de analizar y cotejar. Las autoridades municipales indígenas se echaron el trabajo de desentrañar los vericuetos de las controversias y ahora la SCJN deberá corresponder dando respuesta a cada una de ellas. Y continúa este abogado de origen mixteco, "promover una controversia constitucional requiere de un alto grado de especialización. El trabajo de los síndicos de nuestros municipios, que tienen muy pocos recursos y experiencia legal, al ejercitar este poco conocido recurso de ley, ha sido un esfuerzo histórico". En este contexto se ha citado al Encuentro Nacional de Autoridades Indígenas para el 23 y 24 de febrero en el que según Aguilar se pretende "tomar acuerdos de cómo establecer una interlocución con la SCJN". De la misma manera, diversas organizaciones regionales del Congreso Nacional Indígena se preparan para presentar otra vez (en lo que ya es una larga serie de "otras veces") para afirmar sus derechos. Las movilizaciones que sucedieron frente a los congresos estatales para impedir que se avalara de forma local la reforma indígena, parece volverán a repetirse ahora frente a jueces y magistrados.

Y es que el "problema" de los derechos indígenas ya tiene rato que es político y se resiste a disolverse, tanto a nivel nacional como internacional. Las controversias constitucionales de los indios de México ya están en la agenda de la Comisión de Expertos de la OIT, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que ha jugado un papel instrumental en la liberacíon del general Francisco Gallardo) está informada y habrá que estar alerta del informe del relator para asuntos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mexicano Rodolfo Stavenhagen, que rendirá su informe el próximo mes de marzo.

Hoy que el poder judicial está saliendo de las sombras, cuando las "papas calientes" que van dejando las fallidas reformas foxistas caen en la competencia de lo judicial (no sólo la indígena, también la fiscal y muy posiblemente la que se derivará del alza de tarifas eléctricas), cuando los jueces buscan una autonomía presupuestal, es la hora de definiciones estratégicas de los jueces.

Sobre cómo responderán los miembros de la SCJN se dividen las opiniones. Hugo Aguilar, junto con muchos de los indios que se preparan para responder ante las cortes, no es pesimista: "Tenemos esperanza de que la SCJN falle a favor de los pueblos". 

Desarrollo turístico-industrial: un suicidio programado

La reforma consensada por los pueblos indígenas del país en la movilización más amplia en la historia reciente mexicana, no se aprobó. Al momento en que una antirreforma tomó su lugar, muchos analistas explicaron el hecho no por una supuesta falta de fuerza (la versión dominante en los medios) sino porque aprobar la llamada "Ley Cocopa" habría atado las manos al gobierno en cuanto a la instrumentación de megaproyectos que desde el gobierno de Zedillo habían flotado en los humos de los desayunaderos de la clase política y empresarial.

El gobierno de Fox y los gobiernos de otros partidos en diversas entidades, incluido el Distrito Federal, en coordinación con transnacionales, dependencias federales y estatales, y organismos internacionales, han emprendido una serie de corredores multimodales (carreteros, de transporte, maquila, desarrollos habitacionales, centros recreativos y comerciales, hasta aeropuertos) que en los hechos rebasan lo publicitado por el Plan Puebla Panamá.

Como lo han documentado el investigador Andrés Barreda, el equipo del que forma parte y cientos de comunidades por todo el país, se teje, casi clandestinamente, un tramado de caminos troncales que conectarán con los macro corredores diseñados entre Manzanillo y Tamaulipas, entre Veracruz y Acapulco, en el Istmo de Tehuantepec, y a lo largo de ambas costas mexicanas. La joya de esta sortija, parece tenderse rápidamente para engarzar al Distrito Federal, el Estado de México y partes de Morelos en un gran cinturón carretero-maquilador-recreacional y de vivienda que trae preocupadas, con razón, a las comunidades campesino-indígenas aledañas a la gran ciudad.

El caso de San Salvador Atenco está más que documentado y parecería ser el caso más conspicuo. Tal vez lo sea, pero no es el único. A su expropiación, planeada dizque para hacer un aeropuerto alternativo para el df, se suma el proyecto en territorio del Anáhuac: un complejo turístico para 57 empresas extranjeras y nacionales que incluyen a Televisa, Mercedes Benz, el Grupo Modelo y Televisión Azteca, abriendo una autopista que cruce Cuajimalpa, Naucalpan, Atizapan y otros municipios hasta conectar con Atenco y cuyo punto central es La Marquesa, afectando a Atlapulco y Acazulco.

La pretensión final, de la que sólo es posible describir lo más visible, es configurar un gran eje en torno a la ciudad que en los hechos terminará por crear una giga urbe en la que Toluca, Cuernavaca, Tlaxcala, Texcoco y tal vez hasta Pachuca, terminarían siendo suburbios de este gigante.

¿Y las comunidades indígenas que hoy defienden su territorio y su forma de vida de este crecimiento? No los han consultado.

De concretarse el despojo, se supone que les darán trabajos, hasta donde alcance, en los complejos turísticos (ya les han impartido cursos de hotelería y restaurant, incluso entrenamiento de caddies para los campos de golf diseñados). En Atenco les prometen volverlos choferes de los taxis que efectúen el servicio aeroportuario, o les darán, a los que tengan los hilos apropiados, oportunidad de optar por localitos comerciales. El resto pasará al reservorio de mano de obra barata para la maquila.

¿Será que los gobiernos cometan un suicidio de tan desproporcionadas dimensiones?