Representan 21.2% de la capacidad instalada del país

Se han otorgado 157 permisos para la generación privada de electricidad

JUAN ANTONIO ZUÑIGA Y VICTOR CARDOSO

Sin modificar el marco constitucional vigente, el gobierno federal ha otorgado 157 permisos para la generación privada de electricidad, que representan 21.2 por ciento de la capacidad instalada del país, y que se utilizan tanto para el autoabasto de las principales empresas como para su venta, ya sea a otras industrias o a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En tanto se dirime una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la posibilidad de modificar el marco constitucional que impide la apertura total en el sector eléctrico, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado 122 permisos de autoabasto y 35 de cogeneración, figuras a través de las cuales los inversionistas privados ya incursionan en el mercado eléctrico mexicano.

Apertura progresiva desde 1994

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Energía (Sener) y de la CRE, en 1994 comenzó una progresiva apertura del sector eléctrico a la inversión privada mediante los mecanismos de cogeneración y autoabasto, que no han requerido modificaciones sustanciales al marco regulatorio de ese sector ni a la Constitución.

Informes de la Comisión Reguladora de Energía indican que de 1994 a la fecha, la inversión privada en el sector eléctrico asciende a 3 mil 690 millones de dólares en 157 plantas de generación en las modalidades de autoabasto y cogeneración; por otro lado, la CFE ya tiene identificados por lo menos otros 90 proyectos hidroeléctricos, los cuales incluyen ex centrales propiedad de la paraestatal, ''que podrían destinarse para el autoconsumo de particulares''.

Negocios paralelos

Cuando en 1994 se comenzaron a otorgar los primeros permisos de autoabasto, algunos de los grandes consorcios industriales del país buscaban garantizar el suministro de energía eléctrica para no detener sus procesos productivos por interrupciones en el servicio proporcionado por la CFE.

Pero ese fue sólo el principio. Más adelante, en 1998 el gobierno federal flexibilizó el marco regulatorio y, a través de la Comision Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, autorizó a esos consorcios comercializar sus excedentes de generación eléctrica.

Algunos de estos consorcios se agrupaban para obtener los permisos y garantizarse el suministro, pero al mismo tiempo avanzaron en el terreno comercial. Tal es el caso de Iberdrola Energía Monterrey, de capital español, la cual solicitó y obtuvo el pasado 10 de enero de 2002 un permiso cuya finalidad ''tiene por objeto satisfacer las necesidades de autoabasto de energía eléctrica de los socios de la solicitante'', que en este caso son 44 firmas. Pero la generación, según el permiso otorgado, puede ser vendida a otras 109 empresas.

Entre los socios de Iberdrola en este proyecto participan los consorcios Cementos Apasco, Cementos Mexicanos, Cervecería Cuauhtémoc, Cigarrera La Moderna, Hylsa, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ?campus Monterrey?, Sigma Alimentos Noreste ?filial del Grupo Alfa?, empaques Titán y Cinsa, entre las más conocidas.

Sin embargo, entre sus 109 clientes diseminados en todo el país figuran: Altos Hornos de México, Bosque Real Country Club, Cadena Comercial Oxxo, Cementos Chihuahua, Coca-Cola Femsa, Colgate Palmolive, Compañía Minera Autlán, Corporación Durango, la papelera Crisoba, Dupont y sus filiales, Femsa Cerveza, Grupo Maseca, Industrias Across Whirpool, Kimberly Clark de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Universidad de Monterrey, entre otras.

Otro ejemplo es el del poderoso Grupo Omnilife de México, propiedad del industrial tapatío Jorge Vergara Madrigal, dedicado a la producción de alimentos, complementos nutricionales y artículos de belleza, y que a penas a mediados del año pasado adquirió un avión Boeing 737-700, cuyo precio de fábrica fue superior a los 37 millones de dólares.

Omnilife figura como único socio de Mexicana de Electrogeneración, que obtuvo su permiso para generar energía eléctrica el 8 de noviembre de 2001 y después de satisfacer sus necesidades fue autorizada a vender el fluido a los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Otros 122 municipios del estado de México, y 37 organismos estatales de agua potable y alcantarillado de esta entidad, se han convertido en clientes de los generadores privados de energía, como es el caso del permiso otorgado a Eléctrica del Valle de México, conformada por Cimentaciones y Puertos SA e Inversiones Eólicas S de RL de CV, cuya planta está ubicada en los municipios de Asunción Ixtaltepec y Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca.

En los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía figuran también como clientes potenciales de los generadores de electricidad privados diversos municipios de los estados de Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Querétaro, Colima, Morelos, Guanajuato, Colima y Coahuila, así como del gobierno del Distrito Federal y organismos de servicios públicos, en esas mismas entidades.

Frente a este estado de cosas, ayer se tenía previsto analizar una propuesta de reforma al sector eléctrico elaborada por el senador priísta Manuel Bartlett, donde se plantea dotar a la Comisión Federal de Electricidad de autonomía de gestión sin dejar de ser una empresa pública, y en la cual se limitaría la producción de energía eléctrica en las modalidades de autoabasto, cogeneración y producción independiente, así como prohibir la venta de electricidad a empresas distintas de la paraestatal.