Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 23 de febrero de 2002
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Capital

Posible responsabilidad de gestión priísta en Iztapalapa: consejera

Presenta el GDF denuncia ante la Contraloría, por irregularidades en el caso Apanohaya

ELIA BALTAZAR

El Gobierno del Distrito Federal hizo pública su inconformidad por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo obligó a pagar 31 millones de pesos de indemnización por la desposesión -que no expropiación- del predio Apanohaya, en Iztapalapa, cuyo proceso se inició durante el gobierno delegacional del priísta Florentino Castro, actual colaborador en la campaña de la candidata a la presidencia de ese partido, Beatriz Paredes.

Así lo expresó la consejera jurídica del gobierno capitalino, María Estela Ríos, quien advirtió que en este caso prevaleció "la ley sobre la justicia", pues se obligó a la actual autoridad de la delegación a pagar 31 millones de pesos por un predio cuyo valor real es de 16 millones.

"Nos pesa mucho -dijo la funcionaria- que estos recursos del erario se destinen al pago de sentencias que dejan mucho que desear en términos de su legitimidad, en lugar de destinarlos a los programas sociales".

La consejera destacó, además, que la persona que reclamó el pago actuó de mala fe, pues ni siquiera es el poseedor legítimo. Y dadas las irregularidades detectadas durante el proceso, en que incurrieron quienes fueron responsables de éste en administraciones pasadas, "hemos presentado una denuncia ante la Contraloría General".

En conferencia de prensa, María Estela Ríos informó que la administración que encabezó Florentino Castro en Iztapalapa incurrió en diversos errores. Explicó: "en 1993 hubo una desposesión ilegal de los terrenos y el que se dijo poseedor demandó por despojo".

Explicó que no se trata de una expropiación porque no fue el gobierno capitalino el que llevó a cabo la acción, sino el gobierno delegacional. Pero "hemos detectado varias irregularidades que motivaron la denuncia ante la Contraloría". Y si hubiera también sospecha por parte de las autoridades judiciales, advirtió la consejera, se actuaría en consecuencia.

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