Yuriria Iturriaga
Las candidaturas para la Proclamación de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, por parte de la UNESCO, no sólo deben estar sustentadas en sólidos argumentos sino deben incluir forzosamente un plan de acción con proyectos factibles para la salvaguarda y recuperación del patrimonio en cuestión, así como el compromiso de cumplir con el plan, por parte del Gobierno que lo propuso y de los sujetos del patrimonio cultural inmaterial de que se trate, y la aceptación de todos ellos de un seguimiento que verifique su cumplimiento. Para alentarlo, dicha institución otorga ayudas económicas en forma de premios especiales. (Ver en este Suplemento: "Criterios para seleccionar...")
El Gobierno mexicano no tiene que improvisar ni ir muy lejos para encontrar planes de acción inmediatamente realizables: abundan los estudios, con propuestas de solución, sobre el deterioro de la producción o el peligro de extinción de algunos de los ingredientes básicos de nuestra alimentación.
Si se realizara una convocatoria pública, lloverían los planes de acción sobre la materia, propuestos por particulares o emanados de universidades y colectivos de productores, y tal vez saldrían a luz los que guardan sin solución las dependencias oficiales concernidas. Ejemplos de ello son los proyectos que México propuso, en 2000 y 2001, para los premios de la asociación Slow Food Award for the Defense of Biodiversity, tres de los cuales obtuvieron un reconocimiento y cierto apoyo económico: el rescate del pescado blanco de Pátzcuaro, Michoacán; la vainilla de San Felipe Usila en la Chinantla de Oaxaca, donde la delicada flor es polinizada por las manos de mujeres y niños; y la fabricación tradicional del chocolate por doña Sebastiana Juárez Broca y sus compañeras, en Villahermosa, Tabasco.
Aunque ciertamente son más los productos amenazados que los proyectos para defenderlos, como es el caso, entre otros, del abatimiento progresivo de los espléndidos mangares centenarios de Actopan, Veracruz, cuyo prodigioso fruto de manila no tiene par en el mundo y es sustituido por caña o chayotales sin espinas, porque los dueños del capital rehusan invertir en su comercialización a causa de una delicadeza no competitiva con otras especies de mangos, en vez de empacarlo adecuadamente y enviarlo por avión adonde su consumo sería el de un artículo de lujo.
Entre los planes de acción no sólo realizables sino de indispensable realización está el de la creación, por parte de las autoridades competentes mexicanas, asociadas con miembros de la sociedad civil, de un sistema de certificación, destinado a los comercios de bienes y servicios que utilicen el nombre de México en el extranjero. Una certificación, con su logo, membretes y calcomanías, para dar fe sobre: a) el orígen 100% mexicano de un producto o servicio o, b) la autenticidad y la calidad del bien o servicio reproducido fuera de nuestro país. Esto alentaría, a quienes lucran evocando lo mexicano en sus comercios, para hacerlo con honestidad e importando productos originales y detendría la confusión y el engaño producido en los consumidores, por quienes usan el nombre de México con ignorancia o mala fe.
Las embajadas y consulados mexicanos, las delegaciones de la Secretaría de Turismo y del Banco de Comercio Exterior, las colonias de mexicanos residentes en el extranjero, podrían formar los jurados.