Durante su visita de dos días a nuestro país, la Relatora Especial de Derechos Humanos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marta Altolaguirre Larraondo fue contundente: "mi impresión sobre la situación de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez es desalentadora. Todavía falta mucho por hacer".
Sobre todo porque en la reunión que tuvo con el ombudsman juarense, Oscar Yáñez Francisco, éste aceptó no tener ninguna relación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por lo mismo desconocer el seguimiento que se le está dando a la recomendación 4498, que ésta emitió en torno a esos crímenes.
No se perciben avances en las investigaciones porque "existe un marco de comodidad política y nadie quiere pagar el costo político que representa ir al fondo de los casos", sentenció la defensora internacional de los derechos de las mujeres y aseguró: "no se ha conocido un caso similar y en condiciones tan dramáticas como las que se han dado en el norte del país...
"La respuesta estatal frente a estos crímenes sigue siendo marcadamente deficiente; la magnitud del problema no se equipara con las medidas adoptadas... No se ha puesto la voluntad requerida".
La relatora especial se fue de nuestro país sin haberse reunido con el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, situación que ella explicó como una falta de "compatibilidad en las agendas".
"Le doy el beneficio de la duda de que su programa de trabajo estaba apretado, pero me habría gustado conocer en qué situación se encuentra la recomendación 44/98. Hubiera sido importante conversar con él, pero eso se puede suplir solicitándole desde la CIDH que envíe información por escrito".
Sin embargo, integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres calificaron el hecho como "una falta de interés" por parte de la CNDH para esclarecer la situación en Ciudad Juárez. Claudia Cruz, de Milenio Feminista expresó que si Soberanes "no es capaz de defender en México las garantías individuales e informar sobre el seguimiento de las recomendaciones que la comisión hace al gobierno, debe renunciar y que el Senado proponga a una persona realmente preocupada por esta causa".
Durante su estancia en México, Altolaguirre visitó las ciudades de Juárez y México, donde se reunió con funcionarias/os, legisladoras/es federales y locales, integrantes de organismos no gubernamentales que conforman la campaña Ni una más en Ciudad Juárez, así como con familiares de mujeres juarenses, asesinadas en los últimos nueve años, de quienes recibió quejas de que no se respeta su dignidad. Con ello se viola la no discriminación, "porque es evidente que cuando un funcionario agrede a esas familias por lo ocurrido, está haciendo una discriminación" aseveró.
Aquí, dijo, se percibe una actitud de discriminación por parte de las autoridades judiciales que tratan "despóticamente" a familiares de las víctimas cuando piden información sobre las investigaciones.
En la reunión que sostuvo con las integrantes de la campaña, feministas denunciaron los múltiples errores que existen en la conformación de los expedientes de las mujeres encontradas en lotes baldíos.
Asimismo, hablaron de las campañas oficiales emprendidas para prevenir los asesinatos. Criticaron que éstas se dirijan sólo hacia las mujeres y pretendan mantenerlas en el "encierro" o cubrirlas de pies a cabeza para que no les pase nada. La denominada Todos contra el crimen, acusaron, no ha tenido los efectos que se esperaban, pues las cajas receptoras en las que se depositan las boletas por medio de las cuales se denuncian anomalías, están saturadas y las autoridades municipales no se "toman la molestia" de recogerlas.
Al referirse a quienes están encarcelados, indiciados por los crímenes, señalaron que "no se les ha comprobado fehacientemente su culpabilidad y se les está utilizando como chivos expiatorios porque ni siquiera han recibido sentencia".
Altolaguirre preguntó a las representantes de organismos civiles qué esperaban del gobierno de Vicente Fox, a lo que las feministas contestaron: un pronunciamiento público en el que se comprometa a esclarecer la problemática; que la PGR atraiga el asunto; se dé protección a personas que le han dado seguimiento a las muertes y se respete la libertad de expresión y el derecho a la información, ya que también periodistas han recibido amenazas por llamar a movilizarse en contra de los crímenes de mujeres.
Altolaguirre lamentó el no poder agilizar los procesos para esclarecer los asesinatos y explicó que ello se debe a la falta de presupuesto y a la carga de trabajo de los 15 abogados de la CIDH, quienes actualmente están encargados de casi mil casos.
Sin embargo, anunció que el próximo 7 de marzo, la CIDH tendrá una audiencia pública en Washington y se llevará ante el pleno el caso de los asesinatos seriales ocurridos en Ciudad Juárez, para que posteriormente se generen las recomendaciones pertinentes hacia el gobierno mexicano.
Al igual que lo hicieran feministas en meses anteriores, Altolaguirre pidió que la Procuraduría General de Justicia (PGR) atraiga el caso. En tanto, las feministas también le solicitaron que la FBI, participe en las investigaciones.
Acordaron seguir en contacto e intercambiar información, para con ello evitar que su visita sea una más en la lista y buscar que en esta ocasión sí se obtengan resultados concretos.
En otro orden, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) , Patricia Espinosa, informó que será este mes cuando terminen de instalarse las mesas interinstitucionales de Revisión de Técnicas Jurídicas y de Atención a la Violencia y Políticas Públicas, integradas por representantes del Inmujeres, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, el ayuntamiento de Juárez, las comisiones legislativas de los Congresos local y de la Unión, organismos civiles y familiares de la víctimas.
La primera se encargará de revisar los expedientes y la segunda de iniciar acciones contra la violencia y buscar soluciones integrales entre la sociedad, gobierno y las empresas.
El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, activistas realizarán una caravana que irá de la capital de Chihuahua a Ciudad Juárez, donde las esperarán organizaciones nacionales e internacionales para continuar con su exigencia hacia las autoridades, de cese a los asesinatos en esa zona fronteriza del país. (Aleyda Aguirre)

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