ALBERTO NAJAR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, estado de México. Una noche antes de su muerte, la regidora María de los Angeles Tamez Pérez decidió separarse definitivamente del cabildo de este municipio.

 "Estaba muy molesta", recuerda su padre, Pedro Tamez Fernández. "Ya no soportaba tanta corrupción y había decidido fincar responsabilidades por fuera".

Era el martes 4 de septiembre de 2001. En la sala de su casa de la colonia Las Alamedas, la joven de 27 años conversaba con sus padres sobre su decisión, que no implicaba abandonar la lucha. "Sabía que no tenía que estar adentro para meterlos a la cárcel".

Y es que en apenas un año, Marigely -como le decían cariñosamente sus padres- se había convertido en el principal dolor de cabeza para la administración que encabezaba el panista Antonio Domínguez Zambrano: denunció corrupción en la compra de equipo y la contratación de servicios para el ayuntamiento, lo que provocó el despido de varios funcionarios; promovió la clausura de giros negros donde se vendía droga, y hasta supo de una sospechosa gratificación al alcalde por favorecer a una empresa constructora.

En ese batallar, los altercados con el presidente municipal se hicieron constantes. Marigely, como otros regidores, estaba permanentemente vigilada, su oficina con cámaras y micrófonos ocultos.

Y, sin embargo, pese a su intenso activismo para denunciar negocios irregulares, hasta ese momento no había recibido amenaza alguna.

Así, la noche de ese martes se preparaba para dar un golpe mayor.

Dos semanas antes se había enterado que la Dirección de Aeronáutica Civil calificó al aeropuerto de Atizapán -administrado por el ayuntamiento- como no apto para efectuar operaciones comerciales, un proyecto que el alcalde impulsaba casi desde su toma de posesión.

Hasta ese momento, se supo después, era común el aterrizaje de avionetas procedentes de la región montañosa de Guerrero, muchas de las cuales llegaban de madrugada.

En Atizapán es un secreto a voces que algunas de estas aeronaves transportaban droga, e incluso la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que en el municipio opera una célula del cártel de Tijuana, encabezado por la ahora diezmada familia Arellano Félix.

Así, el aeropuerto sería una pieza importante en el rompecabezas de la corrupción en el municipio. Y la regidora lo tenía en su mira.

"Estoy seguro que tarde o temprano Marigely también les iba a pegar por ese lado", afirma su padre. "Ya les había descubierto todos sus malos manejos y sabían que también con este tema se iba a meter".

No alcanzó a hacerlo.

A las diez de la noche del miércoles 5 de septiembre, cuando la regidora llegaba a su casa en la colonia Las Alamedas, un desconocido le vació el cargador de una pistola calibre .380.

Marigely recibió cinco balazos. Uno le atravesó el corazón.

De Tijuana a Atizapán

El currículum de Antonio Vega de la Garza que se difunde por Internet dice que trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como director operativo del Ministerio Público Especializado; en el desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas como subdirector de Aprehensiones y que fue, además, primer comandante de la Policía Judicial Federal.

Lo que no dice el documento es que entre 1994 y 1996 estuvo comisionado por la PJF en Tijuana, donde según la investigación que del homicidio realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), habría trabado relación con grupos locales de narcotraficantes.

Es decir, con los dueños de la plaza: la familia Arellano Félix.

Antonio Vega de la Garza fue, hasta hace dos semanas, el director de la policía municipal de Atizapán, aunque no era la primera vez que trabajaba en el municipio.

De hecho, según algunos priístas locales, a principios de los noventa el comandante colaboró con la administración del priísta Luis Miguel Ocejo, a quien habría recomendado contratar al colombiano Norberto Fernández como director de la policía.

Fue en esa época que Vega conoció a Daniel García Rodríguez, a la sazón, subdirector de Normatividad del ayuntamiento, con quien entabló una estrecha relación que le permitió, años después, convertirse en el responsable de seguridad pública del municipio. De hecho, fue García quien lo recomendó con el alcalde Domínguez Zambrano.

Los dos están hoy arraigados por la PGJEM.

A García Rodríguez se le considera incluso una de las dos piezas clave para aclarar el asesinato. La otra es el comandante Vega, por varias razones:

La noche del 5 de septiembre, las patrullas municipales asignadas a la vigilancia de la colonia Las Alamedas recibieron la orden de concentrarse en la calle Calao, en lo alto de un cerro cercano, donde permanecieron hasta que se cometió el crimen.

El responsable del centro de espionaje localizado en febrero a dos calles de la presidencia municipal, y que se utilizaba para interceptar las llamadas de los regidores ?sobre todo de María de los Angeles?, era el policía José Luis Lara Martínez, un viejo conocido del comandante Vega. Según su declaración, se conocieron cuando trabajaron en la Dirección General de Reclusorios del Distrito Federal, donde el primero se dedicaba a interceptar las llamadas de los reclusos.

Lara Martínez estuvo en Tijuana poco antes del 5 de septiembre. Justo en los días en que, según descubrió la PGJEM, se compró en esa ciudad la pistola con que se cometió el homicidio.

Pero las pistas no sólo conducen a los autores del crimen, sino que incluso aterrizan en uno de los posibles móviles: el aeropuerto que prácticamente desde 1992, cuando fue concesionado al ayuntamiento para su administración, ha estado relacionado con el tráfico de drogas.

En esa ocasión la pista fue cerrada por la PGR al descubrirse que aterrizaban aeronaves cargadas con droga.

La policía municipal era la responsable de custodiar el sitio. Y en ese entonces el director de la corporación era Norberto Fernández, conocido del comandante Vega y quien, por cierto, tenía a su servicio a un piloto particular, Raúl Yáñez.

El mismo que, durante un año, fue el administrador del aeropuerto. Hoy la PGJEM busca su testimonio, pues en las investigaciones del caso se descubrió una red de distribuidores de droga al menudeo aparentemente protegida por la policía municipal.

¿Supo Marigely de estas coincidencias?. "Ella conocía todos los antecedentes de Vega", sentencia su padre. "Todos".

El alcalde y el policía sospechoso

María de los Angeles Tamez se convirtió en regidora por casualidad.

Simpatizante del PAN desde los 15 años, en 1988 participó en la campaña presidencial de Manuel Clouthier, donde "hacía de todo: pintar bardas, hablar con la gente para invitarla a votar o repartir volantes", recuerda su padre.

En 1990 Pedro Tamez se postuló candidato a la presidencia municipal de Atizapán y su hija se responsabilizó de las brigadas juveniles de promoción del voto. Curiosamente, el rival del panista fue Luis Miguel Ocejo, quien para entonces tenía como operador político a Daniel García.

(Un par de años después este personaje fue despedido de la administración municipal, acusado de proteger giros negros y extorsionar comerciantes).

Pedro Tamez perdió las elecciones en un cuestionado proceso electoral, pero eso no interrumpió la carrera política de Marigely, quien a los 18 años se afilió formalmente al PAN donde participó en el área de Acción Juvenil no sólo en el municipio, sino incluso a nivel estatal y en el Distrito Federal.

Hace tres años, en 1999, María de los Angeles fue asesora de su madre, Evangelina Pérez, en el Senado de la República, al ocupar ésta el escaño que dejó vacante Luis Felipe Bravo Mena, quien fue elegido presidente nacional del blanquiazul.

Fue al concluir la Legislatura que a Marigely le llegó, "por pura chiripada" dice su padre, la oportunidad de convertirse en regidora al ser incluida como suplente en la planilla de Antonio Domínguez.

 "Al principio no nos preocupamos porque se trataba nada más de dar un nombre para completar la lista", cuenta Tamez Fernández, "pero entonces el Comité Estatal sacó de la planilla a Manuel Lando Landeros porque tenía antecedentes penales y sugirió que en su lugar entrara Marigely".

-¿Qué clase de antecedentes?

-Tenía una investigación por intento de violación a un menor de edad.

-¿Lo sabía el candidato Domínguez?

-Todo mundo lo sabía, era difícil que no se hubiera enterado. Y cuando le dijeron que metiera a Marigely lo tuvo que hacer a fuerzas.

Antonio Domínguez ganó las elecciones del 2 de julio sin dificultades. Y fue entonces cuando empezaron los problemas.

"A principios de agosto hubo una reunión del cabildo donde se presentó a Antonio Vega (de la Garza) como el futuro jefe de la policía", cuenta Tamez Fernández. "Marigely y otros regidores se opusieron porque sabían de los antecedentes de esta persona, que tenía un expediente grueso en la PGR. Domínguez respondió que en manos de Vega pondría la vida de sus hijos".

El argumento de la regidora fue contundente: si el ex judicial regresaba a Atizapán de inmediato aumentarían los secuestros express, la venta de drogas y los abusos policiacos. Tuvo razón.

Una muestra fue la detención, en febrero pasado, de 23 policías municipales acusados de balear y dejar morir desangrado a un joven cuyo único delito fue chocar su automóvil.

A esa primera escaramuza siguieron otras, como la que provocó la salida de Arturo Fernández, director de Administración, y de Javier Sánchez García, subdirector de Adquisiciones, acusados de comprar equipo y contratar servicios a proveedores inexistentes.

Esa vez también fue despedido el secretario particular del presidente, Daniel García, a quien el alcalde solía definir como su principal operador político.

A partir de marzo de 2001 las diferencias con la regidora se agudizaron, sobre todo cuando Marigely consiguió, con el apoyo de las fracciones del PRI y PRD, echar por tierra dos propuestas del alcalde.

Sin embargo, Pedro Tamez dice que la irritación hacia su hija aumentó tras la clausura del bar La Iguana, donde se descubrió la venta de drogas y que aparentemente estaba bajo la protección de Daniel García y el comandante Vega.

A Marigely, cuentan entre regidores y funcionarios del ayuntamiento, nunca le perdonaron esa jugada.

Los cachavotos

Cuando el procurador del estado de México, Alfonso Navarrete Prida, hizo pública la probable participación del alcalde y varios colaboradores en el homicidio de Marigely, la dirigencia del blanquiazul reaccionó con furia.

"El gobierno del estado de México pretende triturar y aniquilar al PAN", denunció el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Luis Felipe Bravo. Y el líder del panismo mexiquense, Francisco Gárate Chapa, advirtió: cuando terminen las investigaciones del homicidio, "deberá haber una exoneración del alcalde Domínguez Zambrano, que ha sufrido un linchamiento mediático".

La reacción de los panistas desconcierta a Pedro Tamez.

"Se trata de un asesinato, no de un asunto político", dice. "La declaración de Luis Felipe señala la línea del partido, o sea, que se esclarezca el homicidio, que se realice una investigación seria y de solidaridad con la familia. Eso es lo correcto".

Pero aclara: "Hay por allí personas que han hablado de más, son individuos aislados... Tristemente los que han levantado la voz en contra son los que anteponen votos al esclarecimiento del crimen, y eso habla muy mal de ellos mismos".

¿Ordenó el alcalde Domínguez Zambrano el homicidio de la regidora Tamez Pérez?

En una entrevista transmitida por televisión, el funcionario con licencia dijo que no tenía razón para hacerlo. "Es estúpido", insistió.

Sin embargo, la procuraduría mexiquense tiene otra versión.

"Incurre en la figura de dominio del hecho, es decir, que tuvo la posibilidad, la razón y el motivo para accionar un acto delictivo", explicó el procurador Navarrete Prida durante una entrevista radiofónica. "En casos de ejecuciones como ésta, es una de las pruebas principales".

Como quiera que sea, lo cierto es que cada vez son menos los que defienden al alcalde Domínguez Zambrano, sobre todo a partir de la declaración del senador Diego Fernández de Cevallos.

"Es un crimen cobarde, a todos nos ha lastimado y no puede quedar impune", dijo la semana pasada. "Acción Nacional no puede inmiscuirse en un asunto estrictamente criminal; no se vale la pertenencia partidaria cuando hablamos de algo tan atroz."

Traducción: La suerte del alcalde panista y sus colaboradores está echada.