Desde el Cereso de Chilpancingo, Guerrero, Erika Zamora, en un enlace vía telefónica efectuado en la Cámara de Diputados durante la realización de la jornada La mujer y la guerra sucia, organizada por el Centro de Derechos Humanos Yaxkin, exigió la liberación de los/as presos/as políticas y de conciencia; la presentación con vida de los/as desaparecidos/as políticos/as, el esclarecimiento del asesinato de Digna Ochoa, así como que se castigue a los culpables de los crímenes de lesa humanidad.
Expresó que si realmente se quiere acabar con la impunidad se tiene que fincar responsabilidad penal a los responsables de la guerra sucia. Resaltó la importancia de que se cree una comisión de la verdad que tendrá que ser integrada por personalidades intachables, y víctimas de estos hechos lamentables y sus familiares.
Mediante un enlace telefónico Zamora aseveró que en la guerra sucia la mujer se vuelve un peligro para la estabilidad social, por su lucha para liberar a sus encarcelados, porque se haga justicia a los asesinados/as. Quienes no cesan en la búsqueda de las personas desaparecidas, dijo, son el blanco del hostigamiento y la persecución; mujeres que se niegan a olvidar, que día a día rescatan la memoria histórica.
"Son las mujeres las que le recuerdan al gobierno foxista su promesa de campaña de crear una comisión de la verdad para investigar la guerra sucia que continúa y se refleja en la ocupación del ejército en pueblos y comunidades indígenas, particularmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero".
La guerra sucia, reiteró, no es cosa del pasado, porque ahí están los casos de violaciones a mujeres indígenas por parte de efectivos del ejército federal, quienes, por citar un ejemplo, el pasado mes de febrero abusaron sexualmente de una indígena tlapaneca para presionarla a revelar el paradero de guerrilleros.
Seguramente, lamentó, este hecho quedará en la impunidad como muchos otros, "o quizá para compensar este brutal agravio, le den una despensa del DIF, como a las viudas de El Charco".
El Estado nos hace saber de este modo, indicó, del poder y la fuerza que aún posee, son diferentes formas de tortura que siguen vigentes: la represión, los asesinatos, las violaciones, las ejecuciones sumarias y las torturas físicas y sicológicas.
Afirmó que ella no es la única presa política, ni la única que estuvo en un penal de máxima seguridad para hombres, lo estuvieron también Gloria Arenas Ajis, y Felícitas Padilla Nava, madre de seis hijos. Estas dos últimas se encuentran en el penal de Neza-Bordo del Estado de México y ambas estuvieron en el penal de máxima seguridad para hombres de La Palma, en Almoloya de Juárez. Aurora y Felícitas, también fueron torturadas, denunció.
"Somos mujeres que de una u otra manera hemos participado activamente en la lucha por la transformación de la sociedad, mujeres que pensamos, vemos, sentimos nuestra realidad social y estamos presas".
Externó que a pesar de estar encarcelada seguirá adelante, resistiendo en memoria de aquellas luchadoras sociales que le antecedieron, en homenaje a las desaparecidas políticas, las asesinadas y masacradas y en recuerdo de la abogada Digna Ochoa.
En tanto, el presidente de la organización no gubernamental para la Salud de los Pueblos Indígenas, Fernando Rubí Alpresa, exigió la libertad inmediata de Erika Zamora, acusada de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario.
Pidió al Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, quien estuvo presente, haga lo pertinente para que Zamora y muchos otros luchadores sociales, salgan en libertad, pero no por una Ley de Amnistía porque ellos, dijo, a través de la tortura, han sido obligados a autoinculparse. (Aleyda Aguirre)