En un informe presentado ayer a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, el relator especial de ese organismo para la independencia de magistrados y abogados, Dato Param Cumaraswamy, señaló que el sistema judicial de nuestro país padece una corrupción generalizada que afecta a"entre 50 y 70 por ciento de los jueces federales", y acaso a un porcentaje mayor de los locales. El funcionario internacional apuntó, además, que la cacareada reforma del sistema judicial ordenada por Ernesto Zedillo en los primeros meses de su sexenio no ha dado los resultados que habría cabido esperar; que los indígenas se ven impedidos de acceder a la justicia no sólo por la falta de intérpretes, sino por los conflictos -en nada resueltos- entre las comunidades indias y las instituciones formales; que los tribunales militares, en fin, carecen de imparcialidad. Tales fenómenos, según el documento, se traducen en una inveterada violación a los derechos humanos.

Por desgracia la conclusión de Cumaraswamy dista de ser novedosa. Numerosas organizaciones oficiales y no gubernamentales de derechos humanos en el mundo --la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre muchas otras-- han emitido, en el pasado reciente, duros señalamientos sobre la falta de vigencia de los derechos humanos en México y sobre la ausencia de voluntad de las autoridades federales y estatales para remediar esa situación. Lo que llama la atención del informe comentado es que se presenta en una instancia de la ONU que suscita gran interés político y en la cual suelen librarse verdaderas batallas diplomáticas por el sentido de cada palabra de una resolución. Es ahí, por ejemplo, donde se resuelven las censuras contra Cuba que cada año orquesta el gobierno de Estados Unidos y que han dado lugar a memorables intrigas y negociaciones entre los representantes de diversos países.

Tras la presentación del informe de Cumaraswamy, que deja mal parada la institucionalidad de nuestro país y reduce por ello el margen de maniobra del gobierno de Vicente Fox ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cabe dudar que el actual gobierno mexicano se atreva a participar, y menos a protagonizar -como parece haber sido la intención original del canciller Jorge G. Castañeda- la promoción de una condena al régimen de Castro. El propio titular de la cancillería descartó ayer, en una reunión en la que se hizo visitar en su oficina por legisladores poco atentos a su propia investidura soberana, tal escenario, y es razonable suponer que, al hacerlo, tenía en mente la nula autoridad moral del gobierno al que pertenece para condenar a un tercer país por violaciones a los derechos humanos.