Peñaloza habría transferido ilegalmente en Chile fondos a la campaña de Lagos

Hacienda permitió que Tribasa difiriera el pago de $2 mil 739 millones en impuestos

VICTOR CARDOSO Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA

A pesar de la necesidad de elevar los ingresos fiscales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permitió a la empresa Tribasa acumular más de 2 mil 739 millones de pesos en impuestos por pagar durante 2001, cantidad que representa 23 por ciento de su pasivo total y equivale a 27 por ciento del recorte al gasto gubernamental anunciado a principios de abril de este año.

Además, a la problemática de la empresa en su matriz de México, en Chile se le involucra en un escándalo de grandes magnitudes, ya que se señala al presidente del consejo de administración de Tribasa, David Peñaloza Sandoval, como responsable de haber transferido ilegalmente recursos económicos para financiar la campaña presidencial de Adolfo Lagos.

Incluso se sigue un proceso en el Ministerio de Obras Públicas de ese país sobre supuestas irregularidades en la concesión del camino Acceso Norte a Concepción, que fue otorgada a Tribasa a mediados de la década pasada. Aunque el expediente está abierto, aún no se han podido comprobar las presuntas irregularidades.

En medio del escándalo, Peñaloza Sandoval permanece prófugo después de que en diciembre de 2001 un juez federal mexicano giró orden de aprehensión en su contra para responder por un presunto fraude de 30 millones de dólares en agravio de Nacional Financiera.

La situación financiera de Tribasa, que está en suspensión de pagos desde el pasado 26 de marzo, cuando le fue comunicada la sentencia de concurso mercantil promovida por seis bancos nacionales y extranjeros, ha alcanzado un nivel de precariedad sin precedente en la historia de la que fuera la segunda empresa constructora más importante del país. Sus acciones fueron suspendidas de los mercados de valores de México y Nueva York el 3 de mayo de 2001.

La descapitalización de la empresa parece incontenible. En 1997 el capital contable de Tribasa ascendía a 9 mil 452 millones de pesos, pero al cierre de 2001, según los resultados no auditados y sin consolidar (ya que no ha generado los flujos de efectivo suficientes para pagar la auditoría del despacho Price Waterhouse Coopers), este capital se había reducido a mil 532.6 millones de pesos.

En 1998, cuando contaba entre los integrantes de su consejo de administración a José Andrés de Oteyza y a Carlos Hank Rhon, Tribasa, ya con pérdidas, recurrió al financiamiento bancario como no lo había hecho nunca para salir de un mal año y consolidar y ampliar sus actividades en forma simultánea

Ese año los créditos bancarios a los que recurrió la empresa ascendieron a 14 mil 222 millones de pesos, monto 164 por ciento superior al registrado en 1997, y el cual pasó a representar 67 por ciento de su pasivo total, un nivel de difícil sostenimiento.

Desde 1997 Tribasa ha sumado continuos resultados negativos en los que la política de endeudamiento seguida contribuyó más a colocarla en situación crítica que a fortalecerla. De ese año a 2001 ha acumulado pérdidas continuas por 11 mil 373.6 millones de pesos, y en el mismo quinquenio pagó 10 mil 246.5 millones de pesos en intereses generados por su propio endeudamiento.

A pesar de la habilidad de sus administradores para sacar partido de la paridad cambiaria, el costo integral del financiamiento de Tribasa fue de 5 mil millones de pesos en el mismo periodo. En ese plazo los apoyos fiscales tampoco fueron suficientes, aunque le permitieron un margen de maniobra más amplio para mejorar su situación financiera.

Casi en escala geométrica los impuestos por pagar respecto al pasivo total fueron en ascenso. En 1997 representaron 2 por ciento; al año siguiente se elevaron a 4 por ciento; en 1999 llegaron a 9 por ciento; en 2000 se ubicaron en 18 por ciento y en 2001 representaron 23 por ciento del total de sus deudas.

Tribasa también empleó la facilidad fiscal de diferir el pago de impuestos hasta acumular por este concepto mil 710 millones de pesos entre 1997 y 2001. Pero estas facilidades gubernamentales tampoco fueron suficientes para evitar el deterioro de la empresa, que redujo 42 por ciento el monto de su activo total, el cual pasó de 23 mil 704.3 millones de pesos, en 1997, a 13 mil 691.6 millones, en 2001, como parte de un programa de venta de activos para reducir sus pasivos.

La relación de pasivo a activo total aumentó de 60 a 88.4 por ciento al momento de la sentencia de suspensión de pagos, paso previo a una eventual declaración de quiebra.