En muchos países es casi imposible saber qué bienes y servicios se adquieren y a qué precios

BID: gobiernos de AL gastan 50 mil mdd al año por corrupción en compras

Cantidad de leyes obsoletas no responden a prácticas modernas y facilitan maniobras turbias

ANTONIO CASTELLANOS

La ineficiencia del sector público de América Latina en materia de adquisiciones provoca el pago de recargos que anualmente ascienden a 50 mil millones de dólares, recursos que podrían utilizarse para duplicar las inversiones en salud y educación. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que sobornos, comisiones, contratos ficticios y ''otras maniobras se tornan indispensables para cerrar tratos con los gobiernos''.

Se calcula que los gobiernos de la región gastan en adquisiciones unos 250 mil millones de dólares y en la mayoría de los países latinoamericanos es casi imposible tener una idea general de qué bienes y servicios se adquieren, a qué precios se pagan, cuáles entidades gubernamentales los compran y quiénes son los proveedores y contratistas.

El experto del BID Paul Costance destacó que sin considerar operaciones fraudulentas, sólo con hacer bien las cosas, los gobiernos podrían ahorrar 50 mil millones de dólares que se pierden por sus pésimos procesos de adquisición.

La investigación del banco estableció que la transparencia exigida por la sociedad ha destapado una lista interminable de escándalos. Se ha descubierto que se paga el triple del valor de los productos, los proveedores resultan ser familiares de los funcionarios corruptos, y algunos legisladores han sido descubiertos con contratos o se ha encontrado que el costo de las carreteras resulta 150 por ciento mayor que el cálculo original.

Jorge Claro de la Maza, ex jefe de la Oficina de Coordinación y Política de Adquisiciones del BID, indicó que los sistemas de compras estatales tienen ciertos problemas en común. Uno es la calidad de la legislación que regula las adquisiciones del sector público. En la mayoría de los casos se trata de leyes obsoletas que no están a tono con prácticas y conceptos modernos de hacer negocios.

Afirmó que las leyes excesivamente específicas prohijan los requisitos complejos, montañas de papeleo y cuellos de botella burocráticos. Además, la falta de reglamentos claros, de autoridades reguladoras centrales y de funcionarios especializados fomenta métodos de compra arbitrarios en cada entidad oficial.

Resultado de lo anterior, para hacer negocios en semejante entorno ''los interesados lubrican la maquinaria'' y entonces ''sobornos, comisiones, contratos ficticios y otras maniobras turbias se tornan casi indispensables para cerrar tratos con los gobiernos'', precisó Claro de la Maza. En este escenario y en estas condiciones, las auditorías externas, cuando se llevan a cabo, se encuentran con que el hecho está consumado.

Según el experto, si bien es importante efectuar auditorías más exhaustivas y controles, éstos no resolverán el problema de las adquisiciones estatales. Consideró que la única solución es elevar el perfil político, la auditoría y la capacidad técnica de quienes están a cargo de los procesos de compra del sector público