La iniciativa de Aznar destruye la democracia, señala

El PNV acudirá al tribunal europeo si Madrid ilegaliza a Batasuna

La medida provocaría más victimismo y muertos: Arzalluz

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 11 de abril. El moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno regional) anunció hoy que de entrar en vigor el proyecto de ley de partidos políticos propuesto por el Ejecutivo español, el conservador José María Aznar, hecha ad hoc para ilegalizar a Batasuna, considerada brazo político de ETA, recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que la iniciativa "atenta contra las garantías fundamentales" y "destruye la democracia".

El máximo dirigente del PNV, Xabier Arzalluz, compareció ante la prensa para informar de la decisión adoptada por su formación, primera fuerza en el País Vasco, basada en un informe jurídico elaborado por expertos del partido. En dicho estudio se señala que la reforma propuesta por Madrid es "claramente anticonstitucional y de dudosa inspiración democrática".

El proyecto de ley, elaborado por el gobierno y por el Partido Popular (PP), pretende remplazar a la legislación vigente, aprobada en 1978 por todos los partidos políticos que participaron en el proceso de "transición democrática" después de la muerte del dictador Francisco Franco. El proyecto de ley mencionado se hizo con la intención de crear el marco legal que permita la disolución de la coalición de separatistas radicales, que representa a 10 por ciento del electorado vasco, si bien una vez hecho público el texto surgieron detractores y entusiastas del documento en el seno del Poder Judicial y de asociaciones de fiscales y jueces. Entre los partidos opositores, incluido el Socialista Obrero Español (PSOE), tambien surgieron críticas en las que enfatizaban que Aznar pretende aprobar una ley "sin contar con los partidos políticos", con lo que se rompería el consenso logrado en los años de la transición democrática.

Arzalluz dijo que después de estudiar el proyecto, el PNV considera que de aprobarse "tienen el deber" de acudir a los tribunales europeos, ya que esa ley "afectaría derechos fundamentales como el de asociación política, que es la base de un sistema democrático", y no descartó que la normativa también pudiera servir para ilegalizar al propio PNV o otras formaciones nacionalistas gallegas y catalanas. El líder nacionalista explicó que "la democracia tiene derecho a defenderse de quienes quieren acabar con ella, pero no se debe llegar hasta el punto de destruirla, que es el camino que lleva el anteproyecto de ley".

Arzalluz considera además que es "contraproducente", porque lejos de hacer daño a Batasuna "le va a favorecer, con lo que vamos a tener más callejeo, más victimismo y más muertos", y señaló que la iniciativa "va a ser un boomerang para el PP".

Emilio Olabarría, diputado del PNV y ex miembro del Consejo General del Poder Judicial, presentó el informe jurídico que concluyó que el proyecto de ley de Aznar es "claramente anticonstitucional y de dudosa inspiración democrática", que además "expropia" de su competencia a la jurisdicción penal y "vacía de contenido" al Código Penal, que establece por cuales delitos debe ser declarado ilegal un partido político, mismos que no ha cometido hasta ahora Batasuna. Olabarría añadió que es una "falacia" que se exija a los partidos políticos asumir los principios democráticos y los valores constitucionales, ya que esto iría en contra de los derechos de la libertad de expresión.

En resumen, dijo Olabarría, "el anteproyecto de ley se erige en otra vuelta de tuerca contra un sistema de libertades públicas y está destinado a crear un derecho punitivo dirigido no al bien general de los ciudadanos, sino a castigar al enemigo".

Desde las filas socialistas, Juan Fernando López Aguilar, responsable del área de Libertades Públicas, pidió a Aznar y al PP que "respeten las reglas del juego democrático" para la aprobación de la iniciativa, ya que "una ley de partidos no se puede aprobar contra éstos". La postura del PSOE ante la propuesta de Aznar aún no es definitiva, ya que las enmiendas que propuso fueron descartadas por el gobierno, que consideró que la actitud socialista es una "irresponsabilidad" e incumple los preceptos del pacto anti-ETA que firmaron en diciembre de 2000.

En tanto, el Consejo General del Poder Judicial aprobó sin consenso el informe jurídico de la citada iniciativa, que contó con los votos de los tres vocales propuestos por el PP, mientras que los otros dos vocales -sugeridos por el PSOE _-votaron en contra.