Sus activos suman $400 mil millones y controla 27% del mercado, advierten investigadores

No hay leyes que impidan a BBVA irse de México si lo decidiera

Si siguen los escándalos en España podría empantanarse la venta de acciones que tiene el IPAB

Cerrar operaciones aquí sería una pérdida mínima para la matriz, indica el diputado Magallanes

ANTONIO CASTELLANOS

Ante los escándalos por fraude al fisco cometidos por el gigante español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) es necesario estudiar y aprobar reformas legales que impidan la salida de capitales extranjeros. El costo de un rescate de BBVA-Bancomer es difícil de estimar, porque sus activos superan los 400 mil millones de pesos, precisaron investigadores privados, universitarios y legisladores.

Esta cifra representa poco más del doble del costo financiero de la deuda pública y más de la mitad de los pasivos totales del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Simplemente esa intermediaria controla 27 por ciento del mercado en México, posee 4.4 millones de cuentas y tiene una captación total de 370 mil millones de pesos.

En informes internos, el IPAB considera que es poco probable que pudiera declararse en quiebra dicho banco pues es uno de los más robustos del país; pero se acepta que si persisten y crecen los escándalos en España, la venta de las acciones de BBVA-Bancomer que el gobierno y el instituto detentan, podría empantanarse. Ello dificultaría la recuperación de recursos por la venta de activos y aumentaría los pasivos del IPAB.

Según informes oficiales, el IPAB posee 1.5 por ciento de títulos y el gobierno federal 10.5 por ciento, lo que hace un total de 12 por ciento. El valor de estas acciones es de mil millones de dólares que el IPAB no podría captar este año si el gigante español decide postergar la operación de compra de esas acciones.

Lo cierto es que ni la secretaría de Hacienda ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habían investigado el origen de los recursos con que BBVA compró Bancomer. No fue sino hasta que afloró el escándalo en España cuando las autoridades se preocuparon por saber de dónde provino el dinero. Después de una serie de consultas y reuniones con los ejecutivos del banco se llegó a la conclusión de que los recursos ''no tuvieron un origen oscuro''.

Frente a esa situación, el secretario de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, José A. Magallanes, planteó la necesidad de revisar el marco legal porque nada impide que la casa matriz española decidiera ''por problemas financieros, concluir sus operaciones en México, como lo anunció ya en Argentina''.

La secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, Irma Manrique, estuvo de acuerdo con el legislador. Dijo que podrían irse como lo hicieron en Argentina, porque no existe limitación para que los capitales salgan del país cuando lo deseen.

Hay que gravar los capitales foráneos para impedir que se vayan de manera sorpresiva y dañen la estabilidad económica del país, planteó. Ahora, dijo Manrique, no existen limitaciones y en el caso de BBVA-Bancomer no se ejerce ningún control. Pueden dejar ''colgado'' al IPAB con el consecuente daño para los contribuyentes que ya soportan el pago de sus pasivos cercano a 800 mil millones de pesos.

Magallanes afirmó: ''El problema es altamente preocupante debido a que el caso particular de BBVA-Bancomer representa sólo una pequeña fracción del gigante español BBVA''. Este consorcio tiene presencia en 38 países (13 latinoamericanos).

Esto quiere decir que para la casa matriz cerrar sus operaciones en México o que su subsidiaria aquí quebrara, representaría una pérdida mínima, y además por ley el gobierno mexicano y los contribuyentes tendrían que hacer frente a sus obligaciones.

Al respecto, Mario Di Costanzo, director de análisis de la consultora Comunal, dijo que es urgente que en la Convención de Banqueros que se efectuará esta semana en Cancún, el gobierno federal fije una posición encaminada a legislar para impedir nuevos rescates que incrementen el costo fiscal que ya pagan los contribuyentes.