La comunidad científica reclama mayor participación

Las reformas a las leyes de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, y Orgánica del Conacyt contemplan la constitución de tres instancias de gobierno en las que no se refleja la comunidad científica.

Representan demasiadas instancias de decisión política, y al parecer éstas obedecen más a intereses de grupo que a un afán por estimular la ciencia y la tecnología en el país, coincidieron diversos representantes de la comunidad científica al opinar sobre dichas reformas que se preparan en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

Además, insistieron en la necesidad de otorgar seguridad jurídica al Sistema Nacional de Investigadores, y mayor autonomía de gestión para los centros públicos de investigación afiliados hasta ahora al sistema SEP-Conacyt, sobre todo en aspectos académicos y de investigación de acuerdo con el ámbito disciplinario y de necesidades del país.

Las opiniones y propuestas entregadas dentro de la consulta realizada por dicha comisión ante las reformas a la ley coinciden también en que se percibe una sobrevaloración del desarrollo tecnológico sobre la investigación básica; es necesario reconocer e impulsar la investigación básica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y es primordial no abandonar la ciencia básica, sino más bien asegurar un presupuesto básico para esa actividad.

Estas posturas, hechas públicas en la página web de la Comisión de Ciencia y Tecnología, insisten además en la necesidad de formular una política de Estado que trascienda periodos sexenales, y que contemple programas definidos por científicos y tecnólogos, no funcionarios.

En la consulta se recibieron más de 600 opiniones, propuestas, comentarios y sugerencias por parte de inidviduos, organizaciones e instituciones, como la Academia Mexicana de Ciencias -que representa a mil 492 científicos-, los centros SEP-Conacyt, El Colegio de México, el CIDE, la ANUIES, el Cinvestav, la UNAM, el Politécnico y la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros.

Para la comunidad científica del país, el Conacyt no debe ser juez y parte en la toma de criterios de evaluación; el director general de ese consejo debe ser un representante legítimo de la comunidad científica y tecnológica del país, y debe dosificar su responsabilidad referente a la definición de políticas y prioridades en materia de ciencia y tecnología.

Incluso es necesario qu se impulse la mayor participación del sector productivo en los proyectos de investigación a desarrollarse dentro de las universidades e instituciones de educación superior, y que se reoriente la investigación científica hacia la solución de problemas de corto plazo en la industria.

Entre los comentarios y sugerencias más frecuentes se encuentran la necesidad de eliminar la verticalidad y el burocratismo de la estructura del Conacyt; la participación directa de la comunidad científica en la toma de decisiones; la necesidad de impulsar la formación de recursos humanos; poner énfasis en la calidad y no en la cantidad, y asegurar el destino de los nuevos investigadores.

JOSE GALAN